Mientras fingen que están investigando las causas que provocaron la explosión de la refinería de Plaza Huincul perteneciente a la empresa New American Oíl (el hecho ocurrió el pasado 22 y mató 3 de los 4 obreros que estaban en el turno noche), los distintos organismos estatales y las empresas involucradas están desarrollando un operativo de “contención” de los familiares de las víctimas y de la información mediática, que como otras masacres terminará en responsabilizar a la “fatalidad” o a los peldaños inferiores de quienes tenían la obligación de controlar la seguridad laboral.

Y como parte de ese operativo de “contención”, acaban de incorporar al ya existente Comité Mixto de Prevención, Seguridad e Higiene, al gobierno provincial y a la ART propia que tiene la Mutual del sindicato petrolero. Ambas incorporaciones serían para “hacer cumplir la observancia normativa” sobre seguridad laboral, como si eso no fuera parte de los objetivos del Comité Mixto que ya existe.

Es decir, se pretende fingir que se adoptan medidas cuando ese Comité Mixto (que hasta ahora integraban las patronales y el sindicato) no solo hace la vista gorda ante las violaciones a elementales normas de seguridad laboral, sino que sus integrantes son los firmantes de la adenda al Convenio Colectivo de Trabajo que flexibilizó las condiciones laborales y abrió paso a una seguidilla de muertes obreras, mutilaciones y múltiples accidentes en los yacimientos.

Que el acuerdo alcanzado va en este sentido lo prueba en toda su dimensión el artículo 3º de ese acuerdo, el que “ratifica la plena vigencia y operatividad de las normas de eventualidad y excepcionalidad de las modalidades de contratación previstas en los CCT 644/12 y 637/11”. Es decir, las patronales aseguran que no se modifican las condiciones de flexibilización laboral y de las condiciones de seguridad laboral entregadas por la adenda firmada en 2017.

En ese mismo artículo 3º, se sostiene la continuidad de la modalidad laboral “on call” (llamado al personal solo cuando hay tareas, o sea a demanda), nada menos que en los servicios especiales (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, etc), que incluye a una gran parte del contingente de obreros petroleros, ya que son quienes trabajan para las empresas que realizan la mayor parte de la tarea en los pozos (fractura, coiled tubing, mantenimiento, cementación de pozos, etc.), según reza el Título III del CCT 644/12.

El operativo “contención”

La palabra que suena reiteradamente en boca de la burocracia sindical, del gobierno, el ministerio público fiscal y de la propia empresa es “contención”. No hablan de su obligación primordial de ir a fondo contra los responsables de la masacre.

La empresa sostiene que la planta “operaba con todas las habilitaciones vigentes” y que lo hacía al 90% de su capacidad y que está preocupada por la “contención” de las familias de las víctimas. No obstante, la misma empresa reconoce que había sido advertida hace un tiempo sobre una laguna con residuos de hidrocarburos dentro del predio de la planta. Lo cual indica que no existía un afán de prioridad para cumplir las normativas de habilitación.

El fiscal actuante por su lado ha dicho que “hubo una serie de eventos previos en un período corto de tiempo que hicieron que se desatara la explosión en uno de los tanques con hidrocarburos. Los operarios fallecidos habrían intentado llegar hasta las instalaciones de seguridad para activar el sistema de emergencia hídrica, pero la explosión los habría sorprendido a mitad de camino”. Es decir, algo falló en el sistema de seguridad de la planta.

Pero para el fiscal, que trabaja sobre varias hipótesis, tiene dudas sobre si de alguna de ellas “surge alguna responsabilidad de carácter penal”. Si hubo “eventos previos” que evidenciaran una falla, la responsabilidad penal de la empresa propietaria no debería generar dudas. Aún no hay imputados.

El gobierno, a través de una persona de Salud, se reunió con las familias de las víctimas para explicar que se estaban armando “los equipos de contención en el hospital para atenderlos a ustedes” e informarles que los deberán velar sin identificar quién está en cada cajón. Los familiares le reclamaron una y otra vez que quieren que les entreguen los cuerpos y que “la empresa es la responsable” y que no quieren “más dilaciones”.

El Estado neuquino ya tiene experiencia, como ocurrió en el derrumbe de un supermercado, en estos operativos “de contención”, que buscan dilatar los tiempos, desgastar a las familias aprovechando su momento de dolor, para finalmente cooptarlas a una salida que termina en la impunidad de los verdaderos responsables.

Nuestro planteo, como lo ha dicho en un comunicado la Agrupación Obreros del Petróleo, es que se investigue a fondo y que se instrumenten Comisiones de Seguridad e Higiene en cada yacimiento y planta con potestad de parar la producción en casos de inseguridad laboral.

El Comité Mixto, con la incorporación del gobierno provincial y la ART del propio sindicato, solo anticipa que los obreros del petróleo trabajarán en las mismas condiciones de inseguridad que lo hacen actualmente.

https://prensaobrera.com/sindicales/plaza-huincul-radio-abierta-por-justicia-para-las-victimas-y-por-el-fin-del-regimen-laboral-asesino

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