21/04/2021

Ni cantidad ni calidad: los precios “testigo” que negocia el gobierno con las patronales de la alimentación

Una forma encubierta para avanzar en el desmantelamiento de los limitados Precios Máximos.

El gobierno nacional está avanzando en la discusión con las patronales de la alimentación respecto a una “nueva” canasta de productos a precios “congelados” por 180 días. Se trata de tan solo unos 100 productos, a propuesta de las empresas, las cuales a cambio reclaman el desmantelamiento completo de Precios Máximos.

Las negociaciones las encabeza la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien viene teniendo reuniones con las principales patronales del rubro, entre ellas Arcor, Molinos, Mondelez, Mastellone, Las Marías, Bimbo y Papelera del Plata, Aceitera General Deheza, Unilever, Procter & Gamble, Molino Cañuelas, Danone y Alicorp.

La propuesta del gobierno consiste en el armado de una nueva canasta, mucho más reducida que los actuales Precios Máximos, con productos propuestos por las propias patronales de la alimentación, cuyos valores queden congelados, desde su lanzamiento, por el término de seis meses y que alcance a supermercados, mercados, almacenes y toda la cadena de venta.

Menos productos, menos calidad

Se trata de un intento desesperado y poco disimulado de negociar una salida de Precios Máximos, tentando a las patronales con un acuerdo mucho más reducido, que impactará de lleno sobre los bolsillos de los trabajadores. Se trata de grupos capitalistas que han logrado, por diversos medios, evadirse de las restricciones a los precios fijadas por el gobierno nacional.

El corolario de estas negociaciones es el fracaso del programa de Precios Máximos, el cual solo llega a un 30% de la cadena de comercialización (grandes supermercados) y que además es vulnerado por los capitalistas con el lanzamiento de productos “mellizos” –levemente diferentes a los enlistados- y con una subproducción de los bienes enlistados.

Esto viene quedando de manifiesto con una inflación que ya escala al 13% trimestral y que el último mes registró un récord de 4,8%, con los alimentos entre los bienes más demandados.

Desde el gobierno le han solicitado a las patronales que “ofrezcan” dos o tres productos, a un precio que ellos estimen, el cual debería llegar a las góndolas de todo el país con un precio de referencia en el etiquetado.

Respecto a las características de la canasta no existen definiciones precisas, ya que la misma no estaría orientada a satisfacer necesidades concretas, como una alimentación saludable. Más bien se trata de un “compromiso” de producción masiva de determinados productos. Tampoco se requiere que se trate de productos de primera marca, ni que exista una variedad de oferta: tranquilamente podría tratarse de más polenta, como lo hace el gobierno respecto al (des)abastecimiento de comedores populares.

Estamos ante una canasta “testimonial”, que representaría alrededor del 5% de los productos enlistados en Precios Máximos y que sería el pretexto para empezar el desmantelamiento de este programa, el cual se encuentra vigente hasta mediados de mayo.

Registros, controles e informes… para nada

El gobierno intenta mostrarse activo con una serie de medidas que han demostrado su inutilidad ante el problema de la inflación, generada en gran medida por la política económica de un gobierno embarcado en el acuerdo con el FMI.

Del control de precios en los supermercados no se ha obtenido ningún resultado palpable, más que alguna que otra multa a alguna empresa en particular. Ahora han lanzado un Observatorio de Precios, solo a los fines de seguir la evolución alcista de la inflación.

Tampoco se registra que los informes mensuales de las productoras de alimentos hayan impactado en un aumento del uso de la capacidad productiva instalada de estas empresas, la cual para el mes de febrero se mantuvo en un 62%.

Otro es el caso de los “registros” para las exportaciones, como el caso de la carne y el maíz y el trigo, los cuales parecen más un “llamado de atención” solapado a las mismas patronales de las que depende el gobierno para ingresar los dólares necesarios para pagar la usuraria y fraudulenta deuda externa.

El gobierno carece de una política para controlar los precios, mientras los salarios caen abruptamente, debido a paritarias alineadas a la pauta oficial del 30%. Esto requeriría de un control efectivo de toda la cadena de valor, por medio de la apertura de libros de las empresas y su control por parte de los trabajadores. Así como el desindexamiento de los alimentos con la cotización internacional de los commodities, por medio de la nacionalización del comercio exterior. Estas medidas y la puesta en función del 100% de la capacidad productiva instalada en la industria alimenticia, con la generación de nuevos puestos de trabajo, son necesarias para parar el ataque a los ingresos de los trabajadores.

También te puede interesar:

Importantes conflictos muestran el descontentos de las bases y los cuestionamientos a la burocracia sindical.
La política económica del gobierno conduce a un ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores.
La pérdida de poder adquisitivo en números según un estudio realizado en Córdoba.
Los haberes cada vez más lejos de la canasta básica de subsistencia y más cerca de la miseria.
Entre el sostenimiento usurario y las posibilidades de una corrida cambiaria.