Un mes después de que se difundieran los audios que comprometen al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, el presidente Javier Milei, desde Córdoba, declaró que se trata de “audios de peluquería, hechos con inteligencia artificial”. En paralelo, en otro medio, justificó su desplazamiento de la Andis porque “no denunció la corrupción”. Las versiones se pisan entre sí.

Las coartadas oficiales se derrumban porque los contenidos de esos audios fueron confirmados por testigos que declararon ante la justicia: el empresario Fernando Cerimedo y el productor Agustín Rodríguez ratificaron que Spagnuolo describía un circuito de coimas en la Andis con el protagonismo de Eduardo “Lule” Menem y un porcentaje del retorno destinado a la Casa Rosada. Es decir, Milei pretende cubrir un escándalo de corrupción mayúsculo con la muletilla de la “IA”, pero lo único que logra es exponer la complicidad y el encubrimiento de su propio gobierno.

Este cuadro de impunidad se combina con un nuevo atropello: la reglamentación trucha de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Tras haber sufrido la derrota en el Congreso, donde se le impuso la sanción de la ley por amplias mayorías, el Ejecutivo dictó una reglamentación que suspende su aplicación hasta que se definan “fuentes de financiamiento”. Es una maniobra ilegal que desconoce la voluntad del Parlamento y bloquea el acceso a pensiones, prestaciones y programas vitales para miles de personas con discapacidad.

En paralelo, el mismo día en que se postergaba la implementación de la ley, el gobierno anunciaba la eliminación de las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre, privando al Estado de una fuente de recaudación clave.

La impostura oficial expresa la orientación de un régimen que se apoya en el ajuste y la corrupción para beneficiar a los grandes empresarios. No es una cuestión de “falta de fondos”: mientras se liberan recursos para la timba financiera y se sostienen regímenes fiscales especiales para monopolios, se niega lo indispensable a quienes más lo necesitan.

El gobierno de Milei no solo está hundido en un lodazal de corruptelas, sino que avanza en un ataque sistemático contra las condiciones de vida de la población más vulnerable. Frente a este cuadro, la respuesta pasa por reforzar la movilización del colectivo de discapacidad, junto a los sectores en lucha y la población en su conjunto, contra un gobierno de delincuentes que gobierna para los capitalistas y en contra del pueblo.

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Vía decreto, eliminó las retenciones a los productos agrícola-ganaderos hasta el 31 de octubre. -

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