Políticas

16/12/2022

Ni las migajas: la UIA no quiere pagar el bono miserable

Las presiones patronales contra el salario no se detienen.

Funes de Rioja, titular de la UIA.

La Unión Industrial Argentina (UIA) publicó un comunicado en donde se oponen al pago del bono miserable del gobierno de hasta $24.000 para quienes cobren salarios netos (incluido el propio bono) de $185.000. Se trata de una oposición “estratégica” contra los salarios, en medio de una ofensiva patronal que busca depreciar los ingresos obreros convalidando socialmente el ajuste.

Entre los argumentos de la UIA se destaca que las paritarias serían el mecanismo adecuado y suficiente para actualizar los salarios, terreno en donde las patronales imponen su orientación con un gobierno que los auxilia ante las dificultades y una burocracia sindical dócil y cómplice del ajuste.

Los salarios del sector privado llevan acumulados una pérdida del 1,3% respecto a la inflación, en lo que va del año, además de lo perdido en los años pasados. Situación que es aún peor en el sector informal.

El argumento más llamativo es que los salarios del sector privado industrial se situarían en “un 40% por encima del promedio nacional”. Si tomamos el promedio salarial del Ripte de octubre el mismo se ubica en $174.436,90, lo que revela que en verdad se pagan salarios mucho más bajos (tercerizadas, cadenas de abastecimiento, firmas asociadas, etc.).

La queja de las patronales industriales también podría estar buscando la obtención de nuevos beneficios por parte del Estado, como el que le permite a las Pymes deducir de Ganancias la mitad de lo que se pague en bonos, por medio de una simple declaración jurada, lo que habilitaría nuevas artimañas y defraudaciones al Estado.

La UIA rechaza la intervención miserable del gobierno –una intervención al rescate del ajuste- como una intromisión que altera el “equilibrio” del mercado laboral y que genera más “incertidumbre”; sin embargo, reclaman la intervención del Estado para detener los conflictos obreros, por medio de la conciliación obligatoria, el incumplimiento de reinstalaciones, la represión y los desalojos de conflictos gremiales y el forzamiento de paritarias, como se ha visto en el conflicto del Sutna.

El planteo de los capitalistas locales es hacer pasar el ajuste en marcha como algo normal, fruto de las regulaciones del mercado y así convalidar una pérdida general en los salarios para maximizar sus ganancias. Este planteo quedó al descubierto cuando el titular de la UIA, Funes de Rioja, se opuso al aumento de $500 en el salario mínimo para disminuir el impacto del piso salarial.

Bajo esta orientación se encumbra también el ataque a los beneficiarios de los programas sociales y a los trabajadores desocupados y precarizados, en el intento por deprimir más la base salarial, liquidando los programas sociales y empujando a miles de trabajadores a incorporarse al mercado laboral bajo condiciones de extrema precarización, en la informalidad y con “salarios” de indigencia.

Las patronales abusan del discurso de una supuesta comunión de intereses y esfuerzo entre capital y trabajo, pero cuando se trata de pagar un bono de indigencia ponen el grito en el cielo. Cuando emplean el lema de “ceder para crecer” no se refieren a sus bolsillos sino a los de los trabajadores. Esto refuerza la necesidad de que la clase obrera recorra su camino independiente, y revalida la idea de poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas.

Más que un bono de miseria lo que corresponde es el pago del doble aguinaldo, sin restricciones, para los trabajadores en actividad, seguido de una recomposición general de los salarios para defender el poder adquisitivo de los trabajadores.