La pandemia ha profundizado la crisis prexistente hasta niveles dramáticos. Millones de argentinos perdieron sus trabajos y la mayoría de la población sufrió un derrumbe de sus condiciones de vida. Algunos sectores económicos, en cambio, vieron la oportunidad para restructurar sus negocios e incrementar sus beneficios. Es el caso de las patronales bancarias. La declaración de esencialidad de los bancos, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, no implicó una mejora del servicio si no al revés: condujo a la reducción de planteles, la sobrecarga de tareas y la degradación de la atención, en especial a jubilados y pensionados. Los gobiernos, nacional y provinciales, son cómplices de esta situación.

A la cabeza de los despidos, los cierres y la imposición de normas de trabajo cada vez más precarias se encuentran el BBVA y el Santander. A esa lista se suma ahora el Banco Supervielle que acaba de anunciar la conversión de 20 sucursales al sistema de “autogestión”. Es decir que serán los propios usuarios los que realizarán las múltiples operaciones para cobrar sus haberes o prestaciones y todo tipo de trámites, mediante terminales digitales.

A las complicaciones operativas que inevitablemente se generarán se suma la imposibilidad de ordenar el flujo de personas, con el riesgo de aglomeraciones (en el pico de la segunda ola de contagios) y la mayor facilidad para cometer estafas digitales (que, como se sabe, se multiplicaron durante la pandemia).

La otra consecuencia es que los trabajadores bancarios que dejen de prestar funciones en estas 20 sucursales serán trasladados sin destino fijo, para quedar “a disposición” del banco para cubrir los huecos que hiciera falta y en dónde se los necesite. Esta precarización brutal de sus condiciones de trabajo conlleva un salto en el riesgo de contagios, ya que no hay forma de preservar protocolos, burbujas y división de equipos.

Finalmente, la autogestión conduce a la eliminación de ese personal “sobrante” y, eventualmente, al cierre definitivo de esas 20 sucursales. Esto cuando más necesario se hace ampliar la red de atención y cubrir los puestos de trabajo del personal de riesgo o de otros trabajadores afectados por la pandemia.

En síntesis, estamos ante un ataque en regla contra trabajadores y usuarios, que debe ser rechazado sin vacilaciones. Los cambios tecnológicos deben servir para mejorar la atención de los clientes y facilitar las tareas a los trabajadores, no para engordar los bolsillos de las multinacionales.

Es imperiosa una respuesta gremial, que arranque con la realización de asambleas en las sucursales afectadas y luego una asamblea general que resuelva: 1) denunciar públicamente y, en especial ante los usuarios del banco, que la autogestión encubre el cierre de las sucursales a corto plazo; 2) denunciar que eso implica futuros despidos -directos o encubiertos bajo la forma de retiros- y una sobrecarga de tareas para los que “sobrevivan” al achique; 3) exigir que se mantengan los esquemas de trabajo de acuerdo a los protocolos sanitarios y rechazar cambios que pongan en riesgo la salud de trabajadores y usuarios; 4) realizar las gestiones ante el Ministerio de Trabajo para rechazar formalmente el plan de la empresa, advirtiendo que de otro modo se tomarán medidas de fuerza.

¡Defendamos las sucursales y los puestos de trabajo! La demora en responder allana los planes de la patronal.

 

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