La toma de tierras por parte de 2.500 familias en Presidente Perón es la expresión emblemática de una lucha de escala nacional.

Otras tomas se extienden, desde Salta y el Chaco hasta la Patagonia, pasando por todo el conurbano bonaerense.

La razón es sencilla. Los efectos de la recesión y la pandemia combinados son una catástrofe social. La desocupación real es de casi el 30%, volviendo a los valores de 2002. Hay 20 millones de pobres, casi la mitad de la población nacional. Sin política de vivienda, salir a armar un rancho humilde en un lote descampado es la única opción para no vivir en la calle para centenares de miles.

Los que guitarrean sobre “el Estado presente” organizan desalojos policiales para defender los precios del mercado inmobiliario. El ministro Sergio Berni se ha jactado de desalojar 300 mil trabajadores en la provincia de Buenos Aires.

En el caso puntual de Guernica, la campaña del gabinete de Axel Kicillof para preparar el desalojo quiere preservar los negocios de la empresa Bellaco SA. Esta empresa, verdaderos ocupas de guante blanco, reclama los terrenos sin presentar papeles en regla y proyecta la construcción de un barrio cerrado de lujo en las inmediaciones de la toma.

La lucha de Guernica ha despertado la solidaridad de todos los movimientos de lucha genuinos en el país. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos combativos, centros de estudiantes y, desde ya, el movimiento de desocupados independiente del Estado.

Asistimos a una lucha que demuestra la política que todos los trabajadores podemos esperar del gobierno. Los acuerdos con los acreedores de la deuda refuerzan el ajuste en plena crisis social.

Esta enorme lucha por la tierra y la vivienda seguirá con otras necesidades urgentes. Trabajo. Salario. Acceso a la salud. Evitar la exposición al contagio por falta de protocolos.

Guernica somos todos.

¡No al desalojo! Convoquemos un congreso nacional por la tierra y la vivienda.

Por una salida de fondo para todos los trabajadores sin vivienda propia.

No al pago de la deuda. Impuesto progresivo sobre las grandes fortunas, como reclama el proyecto del FIT.

Plan inmediato de construcción de viviendas a cargo del Estado. Banco de tierras fiscales y ociosas para loteo popular.