Políticas
11/3/2025
No es solo Bahía Blanca: media docena de provincias bajo agua
Inundaciones en Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, San Luis y San Juan.
Seguir
Inundación en Tucumán.
Las aguas que inundaron a Bahía Blanca y que dejaron como saldo 16 muertos confirmados y más de 1.300 evacuados, también hicieron estragos en otras provincias del país como Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, San Luis y San Juan. En todos los casos se reportan fuertes inundaciones, decenas de evacuados, destrucciones de viviendas y zonas sin luz ni agua.
Esta es la muestra de que lo de Bahía Blanca no es una excepcionalidad, sino la regla en un contexto de brutal ajuste en la obra pública, de falta de previsión frente a las alertas meteorológicas, de carencia total de urbanización de los barrios populares, de precarización laboral, de avance de los negocios inmobiliarios, y de la explotación sojera y minera y del corrimiento de la frontera agropecuaria que destruyen las barreras naturales.
En San Luis, el río Conlara alcanzó una crecida de casi 6 metros y desbordó, dejando a gran parte de Santa Rosa bajo el agua. Varias localidades, como Concarán, Irizarrao y La Finur, también sufrieron anegamientos. La Laguna quedó completamente aislada. Los arroyos rodearon la localidad y bloquearon los accesos. Unas 800 personas fueron afectadas en este sector.
En San Juan, el temporal causó estragos en estragos en Jáchal, principalmente en las localidades de Huaco, Villa Mercedes y Gran China, donde llovió tanto que hay zonas donde las calles quedaron borradas.
En Tucumán se verificaron desbordes de arroyos e inundaciones en San Miguel, Yerba Buena y otros puntos de la provincia. En la ruta nacional 40, a la altura de El Bañado, el tránsito quedó completamente interrumpido debido al desborde del río Santa María. Los canales de drenaje en áreas como Camino de Sirga y Camino del Perú alcanzaron su capacidad máxima, lo que contribuyó al anegamiento de calles y al desborde de agua en algunos sectores.
En Entre Ríos Villaguay y Villa Elisa quedaron bajo el agua. En Córdoba, las fuertes lluvias afectaron a las localidades de Santa Rosa de Calamuchita, Alpa Corral y Villa del Dique, en donde se registraron inundaciones, crecidas de ríos y vehículos arrastrados por la corriente. En la ciudad de Santa Fe, las intensas lluvias provocaron inundaciones en el barrio San Lorenzo en la madrugada del domingo 9 de marzo. Varias viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua.
Esta es la revelación de la total incapacidad de los gobiernos provinciales y nacionales para enfrentar la crisis climática (que el gobierno nacional desconoce) y las consecuencias de su propia política económica. Cada vez que llega la temporada de lluvias, el escenario se repite: barrios populares inundados, familias desplazadas, y la vida de miles de trabajadores y trabajadoras suspendida por la negligencia estatal.
La raíz de esta crisis no es solo la irrupción de fenómenos meteorológicos extremos, sino la falta de previsión y la activa complicidad de los gobiernos de turno con los intereses de los grandes terratenientes y corporaciones agropecuarias. En lugar de invertir en obras públicas y en la protección de la población, los gobiernos provinciales y nacionales se han dedicado a recortar el presupuesto destinado a infraestructura hidráulica y a permitir la expansión indiscriminada de la frontera agropecuaria. Este modelo de desarrollo, que prioriza los intereses de las grandes empresas del agronegocio, es el que ha llevado a la destrucción de los ecosistemas naturales que funcionaban como barreras contra las inundaciones, como los humedales, los bosques y las zonas ribereñas.
La expansión de la frontera agropecuaria ha convertido miles de hectáreas de tierras fértiles en campos de soja, maíz y trigo. Al hacerlo, ha eliminado de manera sistemática las barreras naturales que regulaban el flujo de agua, lo que agrava las inundaciones en las zonas rurales y urbanas cercanas. Pero los efectos de este modelo no se limitan al campo: las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe y Paraná sufren cada vez más los embates de la naturaleza debido a la falta de urbanización adecuada y la negligencia en la planificación de las ciudades.
Las ausencia de políticas de urbanización han favorecido la expansión descontrolada de barrios populares sin la mínima infraestructura básica para resistir fenómenos climáticos como los que vivimos. Las obras de desagües, puentes, pavimentación y barreras hidráulicas han quedado relegadas frente al avance de los negocios inmobiliarios. Y mientras tanto, miles de familias continúan viviendo en zonas inundables, sin acceso a una vivienda digna ni a los servicios básicos que les permitan resistir las lluvias.
A esto se le suma la precarización laboral y la falta de una verdadera política de desarrollo que brinde a los trabajadores y trabajadoras los recursos y condiciones necesarias para enfrentar los desastres naturales. En lugar de generar empleo genuino y condiciones de trabajo que permitan a los sectores populares vivir dignamente, los gobiernos siguen apostando por un modelo de trabajo precario, donde millones de trabajadores se encuentran sin protección social ni acceso a servicios básicos que los resguarden ante una catástrofe como esta.
Necesitamos un plan de obras públicas que contemple la construcción de diques, canales y sistemas de drenaje adecuados, pero también una reforma integral que ponga en primer plano la urbanización de los barrios populares y la protección de los ecosistemas naturales.
El desastre de las inundaciones no es un accidente de la naturaleza, sino una consecuencia directa de un programa económico y político que antepone los intereses del agronegocio y de los capitalistas a la vida del pueblo trabajador. Es luchar contra este flagelo y pelear por un gobierno de trabajadores, para colocar los recursos del Estado al servicio de las mayorías y la protección del medio ambiente.
