Políticas

25/11/2022

No había plan para combatir la evasión, solo blanqueos para premiar a los evasores

Sobre los anuncios de Massa en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Sergio Massa en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) / Foto: Gustavo Gavotti

En su afán de revertir la crisis de reservas, Sergio Massa le prometió a la elite del empresariado argentino, reunida en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el lanzamiento de un nuevo blanqueo de capitales para repatriar aquellas tenencias en dólares que se encuentren radicadas en el exterior sin declarar, a cambio de beneficios impositivos. Un nuevo premio a los capitalistas que defraudan al fisco y fugan divisas, sin garantías de éxito.

El ministro de Economía comenzó su alocución hablando de las virtudes del nuevo régimen de intercambio de información automática entre las agencias tributarias de Argentina y Estados Unidos, denominado Acuerdo Intergubernamental FATCA Modelo 1a; cuya firma sería inminente, comenzaría a regir a partir de enero 2023 y recién en septiembre del año próximo empezaría a llegar la información de residentes argentinos que sean beneficiarios de sociedades con el país norteamericano o posean cuentas allí. Una vez obtenidos los datos, a las personas se les cobrarían multas e impuestos (como Ganancias y Bienes Personales) sobre esos bienes con cinco años de retroactividad.

Cabe destacar que entre el debut y la concreción del entrecruzamiento de datos hay un lapso de tiempo muy amplio que les permite a los titulares de esas cuentas mover sus carteras a gusto y placer -hacia paraísos fiscales por ejemplo- y así eludir los futuros controles. Ya desde cómo está planteado, el anuncio oficial carece de todo tipo de seriedad y pareciera ser más humo que otra cosa.

El gobierno espera con esta medida recaudar hasta U$S 5.000 millones al año, lo cual suena improbable teniendo en cuenta el fracaso rotundo que ha significado tanto el acuerdo de intercambio de información tributaria bajo requerimiento que existe hoy en día con EE.UU., como los de carácter automático que mantiene Argentina con otros 107 países. Por un lado, la Afip hace la vista gorda al momento de procesar los datos, y, a su vez, los bancos extranjeros son renuentes a revelar información de sus clientes; el retrato de un régimen que protege a los evasores.

De todas maneras, lo resonante del discurso de Massa fue que, luego de pregonar por la transparencia fiscal, señalando que “el acuerdo nos va a poner en la oportunidad de que en la Argentina tengamos por primera vez la posibilidad de que aquel que pagó impuestos toda la vida sienta que el Estado lo premia y aquel que eludió sea castigado”, inmediatamente pasó a anunciar un nuevo blanqueo, que, al igual que sus predecesores, contará con numerosas exenciones impositivas, e instó a los empresarios presentes en el auditorio a ingresar en él para que “se formalicen, blanqueen y traigan sus dólares a la Argentina”.

Para que la iniciativa prospere en el Congreso, el titular de Hacienda pretende montarse en el proyecto de ley de exteriorización de activos externos que ya tiene media sanción en el Senado, presentado en su momento por el senador cristinista Oscar Parrilli. Dicha propuesta legislativa, además de plantear un tributo del 20% sobre los bienes no declarados (algo que podría estar sujeto a modificación en caso de tratarse en Diputados), contiene en uno de sus articulados la posibilidad de un blanqueo con exenciones fiscales para aquellos sujetos que ingresen de manera voluntaria.

Lo anterior evidencia que el proyecto kirchnerista, presentado bajo el lema rimbombante “que la deuda la paguen los que la fugaron”, esconde un jubileo para los fugadores. No debe extrañarnos; bajo el gobierno de Cristina Kirchner se sucedieron dos blanqueos de capitales, y, ahora, con ella en la vicepresidencia y con el voto favorable de sus legisladores afines, se aprobó un presupuesto para el 2023 que extiende el blanqueo para la construcción, el cual exime a sus participantes del pago de Ganancias, Bienes Personales, Impuesto al Cheque, a las Salidas no Documentadas, a la Transferencia de Inmuebles e IVA y cobra alícuotas irrisorias.

El nuevo blanqueo, entonces, finalizaría el 30 de septiembre, fecha estipulada para el inicio del intercambio de información fiscal con el país yanqui. Como vemos, Massa ensayó una suerte de amenaza frente a los empresarios, insinuando que los que los que declaren su patrimonio por motus propio gozarán de beneficios, y, los que no, se los irá a buscar y recaerá sobre ellos todo el peso de la ley. No habrán faltado las risas entre el público, ya que los capitalistas si deciden entrar a un blanqueo lo hacen porque les resulta rentable el negocio no por la coerción estatal. Son perfectamente conscientes de la impunidad que les proporciona el sistema para seguir evadiendo a sus anchas. Sin ir más lejos, el único blanqueo “exitoso” fue el de 2017 bajo el gobierno de Macri, en el cual, levantado el cepo cambiario, los capitales aprovecharon las altas tasas de interés en pesos, compraron dólares baratos y se retiraron, lo que se conoce como bicicleta financiera. De más está decir que al país no le quedó nada, los U$S 116.800 millones ingresados se fueron por el sumidero de la fuga de capitales.

En la actualidad, con un horizonte próximo de devaluación, difícilmente el plato recalentado del blanqueo vaya a prosperar. Forma parte de las improvisaciones de un gobierno desesperado por acumular reservas, en un cuadro de salida de divisas que lo pone contra las cuerdas y hace temblar el propio acuerdo con el FMI. El oficialismo no tiene ningún reparo en reciclar una política que habilita el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la trata de personas, entre otras operaciones ilícitas; un cachetazo a la población trabajadora que sufre todos los días las consecuencias de estos flagelos, y que, además, debe cargar con el grueso de la presión tributaria del país, mediante el pago del IVA, entre otros gravámenes regresivos, mientras la clase capitalista accede a rebajas impositivas.

Desde la vuelta de la democracia a esta parte han habido seis blanqueos de capitales; un recurso de crisis que utilizan todos los políticos capitalistas, lo cual ilustra su grado de descomposición y el agotamiento de un régimen. Hay que echarlos a todos y dar curso a una salida de los trabajadores.