Desde este lunes empezó a regir la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que extenderá por un año el régimen de blanqueo para la construcción. La norma fue elevada por Sergio Massa y aprobada por el parlamento, y compone un tendal de beneficios impositivos para que, aquellos que posean bienes y divisas no declaradas, puedan blanquearlas invirtiendo en construcción. Además, incluye una parte del programa “puente empleo”, el cual estipula que aquellos que cobren planes sociales deberán trabajar en el rubro mientras que el empleador tendrá bonificados los aportes y contribuciones. Mientras el gobierno recorta el presupuesto de las esferas públicas más importantes, le ofrece beneficios impositivos a los capitalistas que fugan divisas y mano de obra hiperbarata a las patronales, a costa de los que menos tienen.

Luego de la finalización de la primera etapa de la prórroga en diciembre del año pasado, la cual otorgaba 120 días corridos para la declaración voluntaria de divisas ante la AFIP, se estableció que este plazo se triplicará a 360 días de corrido para acceder al beneficio. De sancionarse, los capitalistas tendrán tiempo desde la vigencia de la reforma hasta 90 días corridos para declarar las divisas a las que se cobrará un impuesto especial de tan solo el 5% sobre la tenencia que se declare, y en pesos, lo que se licuará con la devaluación.

Además, continuará vigente la eximición del impuesto a los Bienes Personales sobre el monto declarado, ya establecida en la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda y quienes adhieran quedarán liberados de declarar ante la Afip la fecha de compra y el origen de las tenencias.

Se trata de un plan que ha fracasado bajo el macrismo y el actual gobierno, y que forma parte de un paquete de promesas también fracasadas del nuevo ministro de economía, en las que aseveró que entrarían divisas al país por distintos frentes. Pero es evidente que sigue empantanada toda la improvisada “hoja de ruta” para captarlas. Sin ir más lejos, estos incentivos fiscales y legales no alcanzan a compensar la incertidumbre del tipo de cambio, es decir la perspectiva de una devaluación del peso, como para que los capitalistas opten por ingresar al blanqueo, por lo que la medida presenta muchos interrogantes.

Las prebendas que el gobierno viene otorgando a otros sectores tampoco han rendido sus frutos, puesto que las compañías, locales y extranjeras presionan por mayores garantías, como la eliminación lisa y llana del cepo cambiario o una devaluación que abarate más los costos. A esto hay que sumarle el recorte drástico de la obra pública y en financiamiento productivo, para destinar los recursos al pago de la deuda externa, que contradice cualquier promoción de inversiones. Por lo demás, mientras todo el arco político se rasga las vestiduras hablando de la corrupción, el blanqueo de capitales es una medida por la que se opera muchas veces el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, las redes de trata, el crimen organizado y la corrupción.

Asimismo, el bloque oficialista agregó un artículo que alude a la supuesta conversión de los planes sociales en trabajo, lo que no llama la atención puesto que Cristina Kirchner fue una de las primeras en reclamar este tipo de medidas y atacar a quienes los perciben. “Puente al empleo” estipula que los receptores de asistencia social trabajen en las obras públicas o privadas que se construyen en el marco del blanqueo, para no perder dicha asistencia, mientras que el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, por lo que el Estado subsidiaría el resto del salario privado.

Una transferencia enorme de subsidio a las patronales y una extorsión a la población más vulnerable, que accede a un plan social miserable de 22 mil pesos, para ser mano de obra precarizada y barata de las constructoras a cambio de no retirarles el ingreso que con suerte les permite comer. Pero también en este caso, las patronales se encuentran más centradas en un ataque a fondo a lo ya existente, como la reforma laboral, tributaria, jubilatoria y la eliminación de planes, por lo que proyectos como este no generan interés y solo busca neutralizar la agenda de reclamos impuesta por la Unidad Piquetera.

Queda claro que la iniciativa surge a raíz de la desesperación que tiene el gobierno por empezar a cubrir las arcas en rojo del Central, lo cual se ve acicateada por la huelga de inversiones por parte de los capitalistas, pero que probablemente no cumpla con su objetivo ni revierta la crisis. La ley, a su vez, también forma parte de varios proyectos que se encuentran en el Senado, que también conforman mayores beneficios impositivos para las patronales de distintos sectores, como es el caso de la promoción agroindustrial, la ley automotriz y autopartista, y la ampliación del régimen de fomento de la biotecnología incorporando la nanotecnología.

Massa le lanza guiños a los pulpos que concentran las ramas más importantes de la economía nacional, en el marco de las medidas improvisadas por el gobierno para cumplir con el pago de la deuda externa. La contracara es el recorte presupuestario de las esferas públicas más importantes para la población, como es el caso de la vivienda, la educación, la salud y la falta de entrega de alimentos a los comedores populares, que implica una profundización del ajuste en función de arrimarse a la meta fiscal anual del FMI, a contramano de las crecientes necesidades sociales. Un sendero de austeridad fiscal que no hará más que deteriorar las condiciones de vida de la población trabajadora.

Por eso es fundamental reforzar la campaña por un paro nacional y un plan de lucha, para tirar abajo el pacto con el FMI, repudiar la deuda usuraria y dirigir el ahorro nacional a resolver las necesidades populares.

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