El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que el gobierno relanzará un programa de “empalme” para convertir los programas sociales en empleo en el sector privado, por medio de la transferencia del subsidio a las patronales. Se trata de un plan recontrarrefrito, que ha fracasado bajo el macrismo y el actual gobierno, y que busca neutralizar la agenda de reclamos impuesta por la Unidad Piquetera.

Desde el gobierno anuncian que podrían empalmar 200.000 programas y que el subsidio pasaría a cubrir parte de los salarios privados. Pero las patronales no están dispuestas a regularizar sus negocios clandestinos, con empleo informal y condiciones laborales por afuera de toda normativa, para hacerse cargo de las obligaciones que implica registrar nuevos trabajadores. Más todavía si aún no han logrado hacer pasar una reforma antiobrera a fondo.

Huelga de inversiones públicas y privadas

El primer antecedente del fracaso de esta política bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue el programa “Pintando escuelas”, que implicaba la refacción de escuelas públicas con mano de obra proveniente de los programas sociales.

El programa no duró ni un mes y no pasó de algunas refacciones episódicas de temporada, debido a que el gobierno debía garantizar un plus económico a los trabajadores precarizados -sin que equivaliera al salario de la actividad- y los materiales e insumos necesarios para la obras. La proyección de este programa a otras ramas, como alimentos, industria textil, cuidado de personas y reciclado, no pasó del tintero.

Más adelante, el gobierno volvió a la carga, como lo hiciera el macrismo con el fallido Programa de Inserción Laboral “Empalme”, con el programa “Un Puente al Empleo” de escasa y/o nula trascendencia.

La ausencia de oferta laboral es, primero, consecuencia de la huelga de inversiones, tanto públicas como privadas. El gobierno hizo un recorte drástico de la obra pública (destina los recursos al pago de la deuda externa). Y las patronales se encuentran más centradas en un ataque a fondo a lo ya existente (reforma laboral, reforma tributaria, reforma jubilatoria, eliminación de planes), por lo que proyectos como este no generan interés.

Veamos los salarios

La política del gobierno no está orientada a defender el empleo sobre la base de una recuperación salarial y una mayor oferta que vuelque a los desocupados al mercado de trabajo, sino bajo el propósito patronal para que establezca un nuevo piso salarial definitivo por medio de la liquidación de los planes.

Para tener una idea de las escalas salariales de los principales rubros a los que apunta la iniciativa, tenemos que el salario básico inicial de un trabajador de la construcción asciende a los 68.288 pesos por mes; el básico de las categorías iniciales de Comercio promedia los 88.000, algo similar a lo que ocurre en el gremio textil. Para el caso del gremio UTHGRA, en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, el básico oscila entre 71.000 y 75.000 pesos, con sumas no remunerativas que lo empujan hasta los 85.000.

Se trata de sumas, todas, por debajo de la canasta básica de pobreza, de 105.000 pesos. De allí que la auditoría de los programas sociales tenga el propósito manifiesto de recortar planes.

En tanto, los trabajadores “optan” por luchar por el programa social y complementar con changas -lo que les permite una mayor flexibilidad horaria-, antes que entregarse 48 horas semanales (en el mejor de los casos) por un salario de pobreza y condiciones denigrantes.

La lucha de la Unidad Piquetera, con la cual ganamos las calles, apunta a una verdadera salida: crear trabajo genuino (presentamos ya hace tiempo, un plan para crear 1.000.000 de puestos por convenio, con todos los derechos laborales); un salario mínimo vital y móvil superior a la canasta de pobreza (hoy en arriba de los 105.000 pesos); y apoyamos la lucha de los trabajadores ocupados por un salario igual a la canasta familiar.

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