El faltazo de Alberto Fernández y Matías Kulfas al acto organizado por la UIA en conmemoración del Día de la Industria, celebrado en la fábrica de Cerámica Alberdi en José C. Paz, no podía dejar de hacer ruido, pero de ambos lados buscaron bajarle el impacto.

En aras de evitar algún escenario de confrontación con los representantes de las entidades patronales de la industria, el presidente y el ministro de Desarrollo Productivo optaron por desandar el compromiso de asistencia y protagonizaron una gira en Chaco. Ello, en medio de los roces con el sector cárnico por los cupos en las exportaciones -a lo que los frigoríficos responden con despidos-, y cuando la asunción de Daniel Funes de Rioja al frente de la UIA había traído suspicacias por tratarse de un hombre de las alimenticias, que tuvieron sus chipazos con el gobierno en torno a las siderales subas de precios.

Tal vez pesó también en la decisión oficial la intención de no aparecer comprometidos explícitamente, a escasos días de las Paso, con las reformas abiertamente antiobreras que reclama la entidad fabril. La pose del gobierno nacional es un poco más sutil, como demostró una semana atrás al organizar un “Congreso del Trabajo y la Producción” en que sentó a cámaras empresarias más allegadas y a toda la plana mayor de la burocracia de la CGT a escenificar un compromiso para impulsar la productividad, claro, a costa de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, como admitió Antonio Caló de la UOM.

Es notorio sin embargo la cercanía entre las declaraciones de Caló afirmando que los convenios están anticuados y el discurso de Funes de Rioja en el acto en cuestión, donde clamó por un “aggiornamiento de las relaciones laborales a las necesidades productivas”. No hay que ser muy perspicaz: en el palco lo escuchaba el propio burócrata metalúrgico, al lado de Gerardo Martínez de la Uocra. Como fuera, el desplante oficial al enviar a funcionarios de menor rango no desató recriminaciones.

En su discurso, el titular de la UIA de hecho valoró que se encuentran con buenos niveles de producción, por encima de los últimos años “duros” del mandato de Macri caracterizados por “recesión y altas tasas de interés”. Paolo Rocca de Techint -el principal artífice de la llegada de Funes de Rioja a la presidencia de la entidad- matizó las ausencias de Fernández y Kulfas resaltando que estamos en período electoral. Martín Cabrales, otrora crítico acérrimo del gobierno, declaró a los medios que “en política industrial no pueden existir grietas”. Página 12, por su parte, tituló su cobertura del acto con un “adiós a las armas”. Hasta José Ignacio De Mendiguren, quien en junio denunciaba que había sido vetado como miembro de las autoridades de la Unión Industrial por su papel de funcionario, se hizo presente.

Este acercamiento no es tan llamativo. En algunos casos, como el de Techint, es obvio: entre los subsidios millonarios del Plan Gas y los altos despachos de acero el grupo está cosechando ganancias sin precedentes. Por otro lado, más allá de las tensiones por las exportaciones de carne, lo cierto es que los cruces con las alimenticias se apaciguaron a partir de que el gobierno desmanteló Precios Máximos para reemplazarlo por el inaplicable programa Súper Cerca (que de por sí libera al 97% de los productos), a pesar de que el primer semestre cerró con subas promedio en el rubro superiores al 30% según cifras oficiales. Incluso, el anfitrión y presidente de la Unión Industrial bonaerense, Martín Rapanllini, llegó a destacar que durante la cuarentena contaron con los subsidios del ATP (que salieron de la caja de la Anses) y la reducción salarial pactada con la CGT.

Ahora bien, ¿a dónde conduce esta confluencia? Si bien es dudosa la concreción de la prometida reactivación económica sostenida, lo que está fuera de duda es que se basaría en una degradación de las condiciones de trabajo en la industria y en salarios de pobreza.

Por lo demás, no es verdad la afirmación del secretario de Industria, Ariel Schale, acerca de que Argentina no llegó a ser un país industrial porque los empresarios “no se la jugaron”. Claro que se la jugaron, pero por sus mezquinos intereses y no por un desarrollo nacional, lo cual se expresa en la incesante fuga de capitales y el hecho de que sean ellos mismos tenedores de gran parte de la deuda externa que tiene al país al borde del quebranto. Las condiciones que formulan ahora las cámaras patronales para cesar su huelga de inversiones, centradas en las reformas laboral, previsional y tributaria, son una confesión del parasitismo de esta burguesía nacional, que en última instancia no aspira a ser más que socia menor de las multinacionales que concentran las grandes ramas estratégicas de exportación. Es esa sociedad la que, no tanto por su fracaso como por su éxito (en saquear las riquezas del país) han hundido en la pobreza y la desocupación a la Argentina.

A ese pliego de exigencias antiobreras, le oponemos el reclamo de la apertura de los libros de las empresas al control obrero, medida que permitiría esclarecer que el problema no radica en el deprimido costo laboral (cuando el promedio salarial está muy lejos de la canasta básica, o sea que la fuerza de trabajo se paga muy por debajo de su valor) sino en el “costo empresario”. La industrialización del país requiere de terminar con el régimen de saqueo de todos los que gobernaron las últimas décadas, cortando la subordinación al capital financiero internacional y el FMI, y nacionalizando la banca y el comercio exterior para poner los recursos en función de un plan de inversión y desarrollo discutido y dirigido por los trabajadores. Entre tanto, el movimiento obrero debe deliberar en torno a la política de ataques que se viene de la mano de las patronales, el gobierno, la burocracia sindical y el nuevo programa fondomonetarista.

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