Este jueves el Ministerio de Economía realizará una nueva licitación de deuda con el objetivo de colocar $730.000 millones. El volumen de la cifra responde a que en abril no se logró refinanciar la totalidad de los vencimientos en pesos y viene creciendo la asistencia del Banco Central al Tesoro, poniendo en riesgo las metas monetarias impuestas por el FMI. Para lograr mayor éxito en esta oportunidad, la oferta de bonos está colmada de prebendas hacia los acreedores. De este modo, se agrava la montaña de endeudamiento del Tesoro, cuya garantía de pago es un ajuste aún mas profundo sobre el gasto público.

Por un lado, esta subasta tiene una mayor composición de bonos indexados a la inflación, los cuales hacen que el endeudamiento del Tesoro crezca a ritmo “bola de nieve” en un contexto de alza inflacionaria. En ese sentido, el stock de deuda atada al CER ascendió a $7,7 billones el mes pasado, y en marzo y abril aumentó a razón de $16 mil millones por día. Sin embargo, las dificultades para refinanciar la deuda en pesos en abril han demostrado que el gobierno no puede restringir la oferta de dichos instrumentos si quiere evitar el fracaso de esta nueva licitación, ya que los mismos se han convertido en una inversión financiera muy requerida debido a la escalada en los precios.

Por otra parte, se destaca particularmente la presencia de títulos con vencimientos a corto plazo y la aparición de un bono dual, el cual está diseñado para que los bancos lo puedan comprar con dinero de los encajes, como ocurre con las letras del Banco Central, cuyo pasivo asciende a $5,5 billones. Lo anterior significa un beneficio para la banca pero encierra un enorme peligro para los ahorristas que tendrán menos efectivo y más bonos de deuda como respaldo de sus depósitos. Por consiguiente, está latente la posibilidad de una corrida bancaria ante una eventual crisis en la cadena de pagos.

A su vez, este tipo de prerrogativas incentivan a que los bancos destinen una porción cada vez mayor de su cartera en la compra de estos bonos, restringiendo el crédito industrial con sus consecuentes efectos recesivos. Sobre llovido mojado teniendo en cuenta que desde diciembre 2019 “por cada peso destinado a préstamos privados los bancos argentinos colocaron $3,1 en deuda del Banco Central y otros $2,6 en Títulos Públicos del Tesoro Nacional” (Infobae, 15/5).

El punto es que luego de que el gobierno sobrecumpliera en marzo la meta trimestral de asistencia monetaria fijada por el FMI, hacia fines de abril y primeras semanas de mayo se aceleró la emisión monetaria para suplir el déficit fiscal. Según estimaciones, los adelantos transitorios del BCRA al Tesoro alcanzaron los $378.000 millones desde enero a esta parte, quedando a $50.000 millones del tope establecido para el segundo trimestre y representando más de la mitad de lo acordado con el FMI para todo el año. Este aumento de la emisión es el resultado de no haber conseguido refinanciar el 100% de la deuda en pesos en la última licitación, lo cual refuerza la presión por un mayor ajuste fiscal como lo demuestran los nuevos tarifazos en pos de achicar las partidas destinadas a subsidios energéticos, que, dicho sea de paso, vienen en aumento.

Por lo tanto, a los fines de cumplir con las restricciones fondomonetaristas a la emisión monetaria apelando lo más posible al endeudamiento para financiar el rojo fiscal, el gobierno se lanza a esta megalicitación, repleta de concesiones al capital financiero, agravando la usura sobre la economía nacional y acicateando la recesión. Aquí se confirma una vez más que el programa del Fondo solo ofrece penurias para el pueblo trabajador, con lo que se vuelve primordial enfrentarlo en las calles con un paro nacional y plan de lucha.

 

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