El gobierno concretó un nuevo pago al FMI, por 2.800 millones de dólares. Lo hizo tras el primer desembolso del nuevo programa, cuando el Banco Central sigue sin poder revertir la tendencia a la pérdida de divisas a pesar del boom de los precios de las exportaciones agrarias. Presentado como la única alternativa a caer en default, este acuerdo nos lleva directamente a una nueva crisis de deuda.

Así lo reconoció el propio vocero del Fondo, Gerry Rice, quien afirmó que el programa conlleva “riesgos excepcionalmente altos”. La calificadora internacional Moody’s, por su parte, destacó que prevé “importantes riesgos de implementación y esperamos renegociaciones de los principales objetivos macroeconómicos. Como resultado, no esperamos que el programa mejore significativamente la solvencia general de Argentina” (El Cronista, 1/4). La cotización de los bonos soberanos y los niveles de riesgo país también revelan que nuestro país no ha mejorado un ápice su calificación financiera.

Lo que el mercado descuenta entonces es que el programa es incumplible y que Argentina no podrá hacer frente al repago de la deuda. Esto, para peor, aleja todavía más el objetivo central de toda la política económica del gobierno, que es el reingreso al mercado de crédito internacional para poder refinanciar una hipoteca equivalente al PBI. El default que se quería evitar, en nombre de lo cual capitularon a todas las exigencias del FMI, sigue por lo tanto pendiendo sobre el país, y el brutal ajuste que sufre la población trabajadora ni siquiera redundará en alguna mejora “macroeconómica”.

Mientras tanto, además de saldar los vencimientos de capital con el Fondo, seguimos honrando cada tres meses una sobretasa de interés usuraria del 4,25%, que al cabo de los 12 años de programa habrá implicado pagos por casi 20.000 millones de dólares. El Fondo, como prestamista, está a pesar de todo haciendo un gran negocio expoliando a la Argentina.

Los costos de todo esto son muy altos. Además de una senda inflacionaria, agudizada por tarifazos y naftazos, por la aceleración de la devaluación y la suba de tasas de interés, es también un camino recesivo. Por eso mientras el gobierno habla de que vamos hacia un crecimiento y lanza su Plan Argentina Productiva 2030, hay más de mil empresas que presentaron recursos judiciales porque se ven perjudicadas con las trabas a las importaciones. La premisa de cuidar los dólares para el pago de la deuda implica una losa a cualquier desarrollo económico, ya que la industria argentina es altamente dependiente de insumos y bienes de capital traídos del exterior.

El discurso oficial (que repite incluso la burocracia sindical de la CGT) intenta presentar los desajustes aludiendo al “shock externo” derivado de la guerra en Ucrania. Es una falsedad, porque en parte los altos precios de las commodities son un negoción para las ramas de exportación, y no solo del agro sino también las mismas petroleras que venden crudo afuera cuando el país está en vilo de cara a un invierno con un déficit energético que no puede pagar. Más bien habría que preguntarse qué pasaría si finalmente caen los precios internacionales de las materias primas si cesa el conflicto bélico, ya que los ingresos de divisas dependen exclusivamente de ellos porque la cosecha sigue cayendo en cantidades (la Fundación Mediterránea estima que será 7% menor al año pasado).

La ruptura con el Fondo es entonces una condición elemental para cualquier salida real de los default recurrentes a que nos conduce la política de los sucesivos gobiernos de rescatar la deuda externa a costa del hambre popular.

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