Políticas
7/12/2025
Nuevo plan de ordenamiento urbano en La Plata, para continuar con la especulación inmobiliaria
Un blanqueo en favor de los especuladores inmobiliarios y la corruptela, sin ninguna medida inmediata para los más de 200 barrios populares.
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Un "Estado presente" para la especulación inmobiliaria.
El Concejo Deliberante de La Plata aprobó el nuevo plan de ordenamiento territorial impulsado por el intendente peronista Julio Alak y su secretario de Planeamiento, Sergio Resa.
El mismo ya se había iniciado con la implementación de una primera parte contemplada en la ordenanza n°12.638, que desde 2024 instaló las definiciones generales e impulsó un programa para el tratamiento de loteos ilegales junto a un régimen de fiscalización y sanciones, junto a un programa de obras entre las que estuvo la remodelación integral de las plazas céntricas, el asfaltado y la “puesta en valor” de edificios públicos.
Todo esto suscitó cuestionamientos. Por un lado sectores capitalistas salieron rápidamente a defender su rentable negocio basado en el loteo de tierra rural para la venta en forma de barrios cerrados o condominios. Por el otro, sectores de trabajadores ambulantes y feriantes que fueron expulsados y perseguidos mediante el cercamiento de las plazas y el extremado control de las fuerzas de seguridad sobre el espacio público.
El gobierno intenta instalar la idea de un Estado presente que utiliza “la planificación como instrumento de orden publico y cohesión social”, regulando los intereses entre los diferentes sectores y recuperando esta herramienta después de un largo pasado oscuro de desorden y anarquía urbana. Omitiendo que este planteo viene de los mismos personeros políticos que gobernaron durante décadas la ciudad y la provincia, veamos si realmente es así.
¿Ciudad compacta?
El plan integra y amplia lo ya implementado, dividiéndolo en dos partes. Un “núcleo normativo y estratégico” donde se desarrolla el modelo territorial deseado con las estrategias para llegar a él, y una segunda parte que contempla el Código de Ordenamiento Urbano, la herramienta central en cualquier plan que determina en lo concreto los límites a la ocupación del suelo y las alturas.
La estrategia central del plan y el código es la “consolidación de un modelo de ciudad compacta”, “que funcione dentro de límites territoriales claramente definidos y estratégicamente planificados”, en oposición a la expansión ambiental y económicamente insostenible que ha tenido La Plata como una mancha sobre el territorio, desplazando continuamente la frontera del cordón frutihortícola, y exigiendo la ampliación constante de las redes de infraestructura (calles, agua, cloacas, luz). Pero luego de meses de suspender los loteos de más de dos mil hectáreas de suelo rural para barrios privados y condominios, que habían sido aprobados bajo la gestión de Julio Garro (PRO + UCR) con total incumplimiento de leyes provinciales y municipales, el plan habilita su continuidad definiendo las zonas donde se encuentran como “área urbana complementaria”, y estableciendo un protocolo para legalizar todos los loteos que hayan tenido algún trámite municipal o aprobación técnica parcial entre el 2013 y el 2023, actuando como un blanqueo en favor de los especuladores inmobiliarios y la corruptela.
Por el contrario, no establece ninguna medida inmediata para los más de 200 barrios populares, que tienen alrededor de 200 mil personas sobreviviendo sin acceso a servicios básicos. La Plata se convirtió en la capital de los asentamientos, pero no parece urgente el desarrollo de las obras para su urbanización, que se financiarían recién con las futuras “contribuciones” a las valorizaciones inmobiliarias, una especie de pago por única vez capaz de ser aplicado a los capitalistas inmobiliarios luego de garantizar medidas administrativas que los beneficie para sacar mayor rentabilidad es su emprendimientos.
Esto será recaudado en un nuevo fondo municipal de desarrollo urbano y territorial, que financia también la adquisición de inmuebles reservados en un banco municipal. Todos puntos exigidos por la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat (14.449), que no se aplican, como sucedió cuando se reclamaba una porción de las tierras de la megatoma de Guernica para familias sin techo en el cuadro del confinamiento forzoso del Covid-19.
Mientras tanto el plan no da ninguna herramienta concreta para controlar los altos precios para alquilar y comprar, en un mercado dominado por monopolios (Dacal, Building, Yacoub). Al contrario, el código le da continuidad a la misma matriz de construcción de edificios en el casco fundacional que se desarrolló durante las últimas décadas a medida de ellos, y que fue responsable de la inundación fatal del año 2013 con la pérdida del suelo absorbente y la saturación de la red de infraestructura. El código apenas baja de 12 a 10 niveles en el centro y avenidas, mientras aumenta las densidades en Tolosa, Los Hornos y Abasto. El promocionado CUF, un índice que obliga a realizar un porcentaje de departamentos de dos y tres ambientes (y no todos monoambientes), se terminó limitando a lotes de más de 200 metros cuadrados.
Impulsar una construcción masiva del casco y sus alrededores inmediatos solo va a desarrollar un salto especulativo mayor en los precios, siendo esta la principal causa, junto a la destrucción salarial, por la cual grandes sectores de trabajadores habitan en las periferias “expandiendo” la ciudad, aunque desarrollen su trabajo y utilicen los servicios de salud y educación en el casco fundacional. Es falso que esto impulse una mayor densificación del casco, en tal caso va a impulsar un proceso de gentrificación donde sectores de ingresos más altos desplacen a los de menos, agravando esta dinámica centrífuga.
Más riesgo hídrico, menos patrimonio
Esta ciudad “compacta” se contradice por supuesto con los postulados sobre gestión del riesgo hídrico y protección del patrimonio que el mismo plan dice defender. En el primer caso porque se limita a hablar de protección y naturalización de arroyos sobre el bañado del Maldonado y Arroyo el Pescado (ya protegidos por leyes provinciales), pero omite medidas específicas para las áreas sobre los arroyos entubados que hay debajo de la ciudad y desaguan en el Río de la Plata. Esta infraestructura que conduce las aguas por debajo fue la que colapsó con el crecimiento del caudal en la inundación de 2013, y su recorrido coincide con las áreas de mayor peligrosidad. El impulso a la construcción en altura implica una mayor cimentación con mayor pérdida de suelo absorbente, al que se suma al asfaltado sobre las calles empedradas filtradoras y sobre plazas, combinado con el talado y mutilación de árboles para el modelo de “ciudad limpia”
En el caso del patrimonio las medidas para protegerlo son irrisorias. Solo plantean “poner en valor” contados edificios públicos y ampliar el catálogo de obras individuales (el cual no se respeta) cuando áreas enteras de la ciudad con su tejido representa un paisaje patrimonial único que está siendo destruido en el altar de la “densificación”, llevando a una morfología anónima y la pérdida de identidad.
Por una ciudad para los trabajadores
Está claro que los reclamos del capital inmobiliario fueron priorizados en este plan. Por ello contó con el apoyo de todo el arco político derechista de PRO, la UCR y la LLA, mientras se suman todos los días voces disidentes de académicos y expertos de diferentes áreas.
En cambio, los reclamos populares seguirán esperando mientras se agravarán las condiciones de vida para la mayoría trabajadora. La muestra más clara del carácter de clase de esta política urbana es el despliegue persecutorio y represivo contra los trabajadores feriantes que aún continúan reclamando un lugar en la ciudad para poder ganarse el pan.
El Partido Obrero lucha por una planificación urbana y territorial al servicio de los trabajadores, que debe comenzar con un inmediato aumento de los salarios y jubilaciones acorde al costo de la canasta familiar. Para terminar con la especulación inmobiliaria y con el déficit habitacional, es necesario un plan de viviendas y urbanización inmediatos financiados con un impuesto extraordinario al gran capital inmobiliario y con gravámenes progresivos a las más de 50 mil viviendas ociosas que hay en la ciudad. Además el transporte y la gestión de residuos tienen que ser municipalizados bajo control de sus trabajadores y usuarios.
Todo esto debe desarrollarse bajo la condición sine qua non de la reducción del riesgo de inundación y la preservación del patrimonio histórico-cultural de la ciudad, y estar bajo el control de las múltiples asambleas y organizaciones de vecinos para garantizar el control popular y el poder de veto ante medidas inadecuadas.
