En el marco de las audiencias públicas que definirán los aumentos del gas en 2023, la Secretaría de Energía presentó un informe proponiendo subas del 48% promedio para los usuarios de altos ingresos, del 43% en las boletas de usuarios con ingresos medios y del 17% para los usuarios de ingresos bajos. Afloran nuevos ataques al bolsillo popular como resultado del plan fondomonetarista en curso.

Así las cosas, quienes formen parte del grupo poblacional con ingresos superiores a $489.083 (entre otros requisitos) -o no hayan completado el formulario solicitando subsidios en los servicios- pasarían a pagar facturas de gas de $7.268 promedio. Por su parte, al segmento con ingresos inferiores a $489.083, pero sin tarifa social, recibiría boletas con un monto promedio de $5.312. Por último, los beneficiarios de la tarifa social pagarían con el nuevo aumento alrededor de $3.064 el servicio. Además, en caso de superar el tope de consumo, se aplicará la tarifa plena sobre el excedente.

Sobre llovido mojado ya que estos incrementos golpearán sobre sueldos corroídos por el desmadre inflacionario y el reguero de acuerdos salariales a la baja. Si a la fecha buena parte de la población trabajadora tiene serias dificultades para llegar a fin de mes, los aumentos de tarifas previstos para el año que viene agravarán la situación.

Lo cierto es que el tarifazo permanente es una pieza fundamental de la política del gobierno en pos de alcanzar las metas fiscales del FMI. Se busca reducir los subsidios energéticos, pero perjudicando únicamente a los usuarios y resguardando a los capitalistas que intervienen en todos los eslabones de la cadena. Los trabajadores nos veremos forzados a absorber aumentos en los servicios aplicados a libro cerrado, es decir, desconociendo cuáles son los costos reales de cada uno de los componentes de la boleta (producción, distribución, transporte).

Para empezar, se convalida un precio dolarizado del gas en boca de pozo completamente disociado de los costos de producción. Y, a su turno, el Estado paga precios siderales a la hora de importar gas, debido a su encarecimiento internacional, fruto de la huelga de inversiones de las petroleras que operan en suelo local, responsable del déficit energético -sumado al retraso en la construcción del gasoducto.

Mientras se diseña un esquema de tarifazos -y de naftazos– contra el pueblo, las empresas hidrocarburíferas que explotan las cuencas criollas vienen amasando fortunas. A modo de ejemplo, YPF reportó ganancias de U$S 1.500 millones en el tercer trimestre 2022 y Vista obtuvo resultados operativos de U$S 233 millones en el mismo período.  Las petroleras privadas están haciendo un gran negociado con sus ventas al exterior, valiéndose de los precios internacionales en alza y las bajas retenciones. A su vez, tanto las privadas como la “estatal” YPF  mejoraron su productividad a costa de los trabajadores.

Tomemos por caso lo que ocurre en la  YPF, que en el tercer trimestre 2023 mejoró la productividad por pozo -aumentó la velocidad de perforación en un 29% y las etapas de fracturas lo hicieron en un 13%- no como resultado de un incremento significativo de la inversión sino a partir de la intensificación en el uso de los equipos y de las dotaciones de personal, tal como habilitó la adenda flexibilizadora. Una tendencia que se replica en el conjunto de las petroleras.

Frente al horizonte de tarifazos, que, como señalamos, afectan de manera exclusiva a las mayorías trabajadoras mientras los capitalistas se llenan los bolsillos, debemos organizarnos y luchar en defensa del poder adquisitivo del salario, por la apertura de los libros de toda la cadena energética, en función de evaluar los costos reales y escudriñar cuál fue el destino de los subsidios estatales, y la nacionalización bajo control obrero de la industria hidrocarburífera para ponerla al servicio del desarrollo del país y de las necesidades sociales.

 

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