En la noche del miércoles 6 de marzo, Ofelia Fernández despertó una fuerte polémica por sus dichos en un instagram live con Santi Maratea, ‘influencer’ de la red social. En el mismo, la legisladora porteña de Patria Grande – Frente de Todos hizo alusión a que a les jóvenes de las barriadas populares, a los 18 años, se les presentan básicamente “tres opciones”: robar, vender droga o juntar cartones. Lo cual explicaría, según ella, las elevadas tasas delictivas en Argentina.

En principio, no se puede negar en absoluto la falta de trabajo para la juventud, menos aún para la de los barrios más pobres. Pero lo que Ofelia Fernández omite es que, en primer lugar, el gobierno que ella misma integra es responsable de esta situación. El PJ, la fuerza dominante del frente que integra, ejerce responsabilidades de gobierno ininterrumpidamente desde 1983, sea desde la presidencia, desde buena parte de los gobiernos locales o desde un co-gobierno de acuerdos parlamentarios. Omite también que detrás de las redes de narcotráfico, los robos, y el entramado delictivo, opera la mano del estado. Lo cual implica, tal cual han probado casos como el de Luciano Arruga, que muchas veces son las mismas fuerzas represivas las que instan y obligan a la juventud a ejercer la delincuencia.

El Estado es responsable

Según los datos del INDEC, la pobreza en Argentina alcanzaba a fines de 2019 al 35,5% de la población. Esta cifra, sin embargo, se ve inexorablemente aumentada ante los impactos de la crisis mundial que el desarrollo de la pandemia de Coronavirus profundizó. Hoy por hoy, la situación se ve absolutamente recrudecida en las barriadas populares. El inicio del aislamiento social obligatorio y el agravamiento de la crisis económica resaltaron aún más todas estas urgencias. La jornada de lucha del Polo Obrero y las organizaciones piqueteras ha colocado sobre la mesa una serie de reivindicaciones y denuncias al gobierno.

Y es que el gobierno nacional, desde el comienzo de su gestión redujo el abastecimiento de alimentos y mercadería a miles de comedores y merenderos populares, que se traducen para muchas personas en situación de pobreza en el plato de comida diario. Hasta el propio Juan Grabois, que integra junto a Ofelia el frente Patria Grande, criticó este hecho: “antes reinaba el ‘roban pero hacen’, ahora no roban pero no hacen”, señaló al respecto. Sin embargo, solo dice la mitad de la verdad. También roban. Venimos de un reciente escándalo por sobreprecios en los alimentos que Desarrollo Social para los comedores populares, que dio lugar al despido de funcionarios en marzo, luego de lo cual no se ha reanudado la entrega.

A la par, son millones las personas que se inscribieron para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), anunciado por el gobierno como un ‘paliativo’ para trabajadores informales y desocupades. Sin embargo, más de 4 millones de personas fueron rechazadas para cobrarlo, bajo el pretexto de no cumplir con requisitos que en muchísimos casos evidenciaron fallas del propio sistema digital de la ANSES. En muchos otros, continúa siendo regateado para su pago dos meses después de su anuncio, retrasando su fecha de cobro para junio. El gobierno pretende que millones de personas bajo la línea de pobreza suplan sus necesidades con un único bono de $10.000 para tres meses. Mientras tanto, lo propio ocurre con la beca Progresar para les estudiantes. Hasta el día de hoy, son millones las personas que se han inscripto y no reciben respuesta sobre sus solicitudes. Esto conlleva a su vez el agravante de que el monto de la misma se ha congelado en unos irrisorios $2.250, por lo que hemos presentado un proyecto para su ampliación a $10.000 y su adjudicación irrestricta.

Para contener esta situación desesperante, en vez de dar respuestas a las necesidades concretas que tiene la población, las gobernaciones decidieron reforzar la represión y las detenciones arbitrarias en los barrios. Día a día circulan en las redes sociales videos de miembros de las fuerzas represivas amedrentando a jóvenes y trabajadorxs que se ven obligadxs a exponerse a salir para poder alimentar a su familia. Quieren obligar a cumplir una ‘’cuarentena barrial o comunitaria’’ a base de represión, mientras a las patronales se les hace todo tipo de concesiones cuando de sus ganancias se trata. En CABA y Provincia de Buenos Aires, las dos zonas más afectadas, la situación habitacional se hace insostenible. Así lo puso de relieve la primer muerte por Covid-19 en la Villa 31, una anciana de 84 años que se contagió por tener que compartir periódicamente un baño con 11 personas. Hoy dicho lugar se encuentra sin agua, lo que ha disparado enormemente la cantidad de contagios. Las villas y asentamientos son un foco de propagación, mientras Alberto Fernández elogia el trabajo del gobierno de la Ciudad en ellos. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires es la que más villas y asentamientos precarios posee en el país, con más de 1.600, mientras el 40% de la población vive bajo la línea de pobreza.

En sus declaraciones Ofelia habla de forma demagógica acerca de los problemas de los pibes en las villas, pero cae ante una fuerte estigmatización. ‘’O agarrás un chumbo, robás y te ganás una buena guita por día (…) o te ponen una bolsa de falopa, te dicen ‘’vos te ocupás de venderla’’. Pero, ¿quién es el que entrelaza estas mafias? Ofelia no denuncia las profundas responsabilidades del Estado que organiza desde las entrañas de su aparato el entramado delictivo. En procesos de crisis como el que estamos atravesando, las organizaciones delictivas cobran a su vez una mayor importancia, cuyos activos blanqueados en el sistema financiero son utilizados luego, por ejemplo, para aplicar inyecciones de liquidez en el circuito de la economía formal. Tamaña legalización de mercados negros no puede hacerse posible sino a través de un entrelazado necesario con el Estado.

En nuestro país, abundan los casos que desnudan estos entramados. El dinero de las ‘cajas negras’ de las fuerzas represivas recorre una verdadera red de circulación económica dentro de sus propias divisiones y departamentos, tras la cual las comisarías que recaudan las coimas y tajadas conservan sólo a raíz del 5 o el 10%, según detalla un informe presentado ante el ministerio de seguridad en 2010. En él se desarrolla con lujo de detalles los manejos habituales de este entramado delictivo que sumerge a los distintos estratos del estado. Sin embargo, la gestión por aquel entonces de Nilda Garré no parece haber tomado cartas en el asunto ante esta denuncia. Peor aún, los casos que demuestran esta coparticipación entre el crimen organizado y el estado se han replicado, llegando incluso a enfrentamientos entre las distintas fuerzas policiales en defensa de cajas paralelas.

Por una salida para la juventud desocupada y precarizada

El comienzo de la cuarentena sólo ha amplificado las contradicciones que brotan entre las demandas más inmediatas de la juventud de las barriadas populares y el régimen político. Más que nunca se hace necesaria la organización independiente de la juventud desocupada, que estudia, o que trabaja, para luchar por una salida partiendo de sus propias reivindicaciones. Por un plan efectivo de viviendas y de urbanización, bajo control de les vecines y trabajadores. Por la adjudicación inmediata e irrestricta del IFE y su aumento a $30.000, así como de la beca Progresar y su aumento a $10.000. Por el fin de la precarización laboral y los contratos basura, trabajo genuino acorde a la canasta básica familiar.