Ha trascendido la noticia de que el pasado miércoles tanto funcionarios del gobierno nacional como jueces y fiscales federales se hicieron presentes en el Hotel Four Seasons para participar de un evento organizado por Lucas Najemkis, secretario del exjefe de la Side, Jaime Stiuso. Es decir, mientras el Frente de Todos desenvuelve una campaña condenando la red de espionaje macrista y su papel en las causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner, su personal político mantiene lazos con un espía como Stiuso, quien comenzó sus funciones en los servicios de inteligencia durante la dictadura, agente de la Cía y el Mossad, vinculado al atentado de la Amia, al proxenetismo, al espionaje ilegal sobre organizaciones populares, entre otros elementos.

El juez de Casación Mariano Borinsky, el camarista federal Mariano Lorens, el juez federal Ariel Lijo, el fiscal Ignacio Mahiques (ligado a Macri), Julián Leunda (asesor de Alberto Fernández), el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Adrián Kochen (asesor presidencial), Guillermo Mitchell (ligado a Sergio Massa) y empresarios amigos del gobierno como el banquero Jorge Brito y Raúl Olmos, el dueño del grupo Crónica, fueron algunos de los invitados.

El evento se llevó a cabo en un momento donde un sector del kirchnerismo busca obtener quórum en Diputados, y aprobar así, la reforma del Ministerio Público Fiscal que modificaría el mecanismo de elección del Procurador General y acortaría a 5 años su mandato. Como hemos señalado, se trata de un intento por parte del oficialismo de ejercer un mayor control sobre el Poder Judicial a fin de garantizar la impunidad de la camarilla gobernante en las causas de corrupción en su contra. A su vez, obedece a la intención gubernamental de acrecentar su injerencia en el rol de arbitraje que lleva adelante la Justicia -sobre en todo en momentos de crisis- en relación a los choques que surgen al interior de la clase capitalista y a los ataques contra los trabajadores. La oposición de Juntos por el Cambio, por su parte, carga con causas propias como la del Correo y los Panamá Papers; por lo tanto, su rechazo a la reforma kirchnerista no responde a la defensa de la transparencia en los procesos sino que también se inscribe en la disputa por el manejo del aparato judicial.

Ahora bien, el gobierno presenta estas modificaciones en nombre de la “democratización de la Justicia” y sostiene que muchas de las causas por las que está procesada Cristina Kirchner fueron armadas por las operaciones ilegales de inteligencia impulsadas por el titular de la AFI durante la presidencia de Macri, Gustavo Arribas; procedimientos que, a su vez, también están siendo investigados a raíz de la denuncia realizada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Lo cierto es que es de público conocimiento que la red de espionaje ilegal del macrismo -destinada a perseguir a la oposición, a organizaciones de izquierda y a periodistas- operaba en tándem con una banda paraestatal de inteligencia comandada por Stiuso. Este hecho fue denunciado por el propio legislador kirchnerista Gustavo Vera. Sin embargo, los funcionarios oficialistas aceptan el convite del exSide y asisten a su fiesta. Como se ve, la denuncia kirchnerista en torno a las escuchas y las extorsiones de la AFI macrista no está motivada por la defensa de un principio democrático. El Frente de Todos solamente se opone al accionar delictivo de los servicios de inteligencia cuando son sus propios intereses los que están en juego.

Sucede que los distintos gobiernos constitucionales preservaron el aparato de espionaje proveniente de la dictadura militar. Todos han gobernado con este andamiaje, fuertemente entrelazado con el Poder Judicial y garante de negociados como la trata y el narcotráfico. Los servicios de inteligencia han respondido históricamente a los intereses del capital internacional y han bregado por una mayor subordinación del país al imperialismo. Finalmente, las prácticas de espionaje como las escuchas, los carpetazos, el armado de causas y el uso de infiltrados en las organizaciones se rigen bajo ese objetivo y el de escarmentar las luchas populares. Sin ir más lejos, la gestión de Néstor Kirchner y parte de la de Cristina ha tenido a Jaime Stiuso al frente de la Side, período en el cual se gestó el Proyecto X, destinado a espiar a dirigentes políticos y de derechos humanos como Elia Espen. Luego fue desplazado en el 2014 para crear la AFI, con el genocida Milani a la cabeza.

Como ponemos observar, la composición del evento realizado el Four Seasons es una muestra más de que la grieta entre el gobierno y Juntos por el Cambio carece de hondura. El el plano judicial, ambos sectores políticos están procesados por defender distintos negociados de la burguesía a costa de las arcas del Estado, y, en ese sentido, se dirimen el control de los tribunales para lograr la impunidad. Por otra parte, tanto el oficialismo como la oposición patronal han gobernado con los servicios de inteligencia dirigidos por el imperialismo yanqui contra los intereses populares. Además, se ve nítidamente cómo la Justicia es un nicho de los aparatos de espionaje y sus prácticas espurias, alejada de las necesidades de las mayorías, cuyo accionar está guiado por los lobbys capitalistas predominantes.

Por lo tanto, es necesario el inmediato desmantelamiento de la AFI, la apertura de los libros de los servicios de inteligencia y una reforma judicial que contemple el principio de elección popular y revocabilidad de los cargos. Estos planteos forman parte de un programa integral de salida a la crisis por parte de los trabajadores, opuesto a la orientación de ajuste del régimen político y el FMI.