El gobierno acaba de publicar el decreto que oficializa el bono de $60.000, pagadero en dos cuotas mensuales consecutivas de $30.000, en medio de más de una docena de gobernadores que se niega a pagar el paliativo, decenas de intendencias en la misma línea y una negativa cerrada de las principales cámaras patronales. A su vez, el gobierno cubrirá el bono para las Pymes con dinero de la Anses anunciando futuros recortes en la movilidad jubilatoria.

El decreto define aspectos difusos de la medida oficial. Para el caso de las Pymes, a las cuales se le compensará entre el 100% y 50% del costo de los bonos, dependiendo la cantidad de trabajadores a cargo, el gobierno estableció un mecanismo para que estas computen el gasto a cuenta del pago de contribuciones patronales al Sipa (Anses).

Se estima que por esta vía el Estado cubrirá a unas 302.044 microempresas (100% de cobertura del bono) con un total de 1.263.638 trabajadores en relación de dependencia y 48.273 pequeñas empresas (50% de cobertura) con 1.186.921 trabajadores, calculando un gasto total de $137.000 millones.

Como la movilidad jubilatoria depende tanto de la evolución de los salarios (Ripte) como de la recaudación fiscal, la afectación de esta segunda debido a los beneficios y exenciones patronales que el Estado luego no compensa desde el tesoro significará una caída de la misma y más ajuste sobre los jubilados.

Por otra parte, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la Unión Industrial Argentina (UIA la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) adelantaron su rechazo a la medida, con una llamativa “reivindicación” de las paritarias, medio por el cual vienen ajustando los salarios obreros con complicidad de la burocracia sindical.

Es decir que quienes sí deberían financiar el bono por su entera parte no están dispuesto a pagarlo, lo que prevé artimañas de todo tipo inspirados en la propia regulación del decreto. Un caso de esto es la “absorción” del bono por acuerdos paritarios previos y/o futuros aumentos.

La precaria medida del gobierno nacional es resistida también por diversas jurisdicciones provinciales, incluyendo las que se encuentran bajo gestión peronista, en los términos del ajuste fiscal liderado por el gobierno nacional. Se trata de un desplante a la “iniciativa” de Sergio Massa, quitándole el cuerpo cuando éste más necesita un respaldo de cara a las elecciones generales de octubre.

En donde sí se aplique implicará, como sucede con Nación, una “redistribución” de partidas entre los propios trabajadores, vaciando cajas provinciales o comprometiendo futuras partidas para educación y/o salud: nunca afectando los intereses de los capitalistas.

El bono de temporada es más que insuficiente para compensar la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, más aún si viene con un ajuste implícito a los jubilados. Necesitamos una verdadera recomposición salarial partiendo de llevar el salario mínimo al valor de la canasta básica como piso, y afectando los intereses capitalistas.

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