“No fueron 30.000 desaparecidos sino 8.783”, dijo el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el debate presidencial realizado el pasado domingo 1 de octubre. Milei miente, hay evidencia fáctica que permite que nos podamos acercar a la cifra que niega. Un informe de la inteligencia chilena, elaborado sobre la base de datos aportados por agentes del Batallón 601, indica que los militares argentinos mataron o desaparecieron a aproximadamente 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978.

Los documentos, que salieron a la luz casi treinta años después del golpe encabezado por Jorge Rafael Videla, fueron presentados por Enrique Arancibia Clavel, quien fuera un agente secreto de la inteligencia chilena (Dina) en Buenos Aires. Arancibia informaba al gobierno de Pinochet lo que ocurría en el escenario político argentino y coordinaba los secuestros que tuvieron lugar en el marco del imperialista Plan Cóndor.

“En julio de 1978, Arancibia Clavel envió un cable a sus superiores de la Dina, con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el Batallón 601 han ‘computado 22.000 entre muertos y desaparecidos’, desde 1975 y hasta ‘el día presente’, poco después del final de la Copa del Mundo” (La Nación, 24/3/2006).

Habida cuenta que en tan solo tres años (sin importar que el registro tenga en cuenta datos de 1975) se registró esta cantidad de asesinados-desaparecidos, negar la existencia de 30.000 solo puede equivaler a un acto de reivindicación de la dictadura. Existen otros documentos y datos que permiten desmentir a Milei. Por un lado, un informe de la embajada de Estados Unidos en la Argentina dio cuenta de que en 1978 hubo alrededor de 15.000 desaparecidos. Por el otro, solo en la Esma, uno de los 600 centros de detención que existieron bajo la dictadura, hubo 5.000 desaparecidos.

Con todo, el número exacto de asesinados y desaparecidos por la dictadura militar pudo haberse sabido hace mucho si tan solo los gobiernos democrático-capitalistas (radicales, peronistas, kirchneristas y macristas) hubiesen abierto los archivos secretos de la dictadura militar. Ninguno de ellos lo hizo porque eso hubiese destapado todo el entramado de responsabilidades políticas que estuvo detrás de la organización del régimen genocida, pero sobre todo para rescatar a la burguesía nacional –impulsora del golpe.

El “libertario” quiere ocultar que el régimen genocida fue un instrumento de la burguesía nacional y del imperialismo para aniquilar a la vanguardia de la clase obrera argentina y desarticular sus organizaciones políticas y sindicales; la dictadura suspendió el derecho a huelga y atacó los convenios colectivos de trabajo, sentando las condiciones para que se desarrolle una mayor explotación de los trabajadores.

Es bastante evidente que los empresarios promovieron el golpe de Estado. Lo demuestra la propia realidad política nacional actual: el expropietario de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, Marcos Levin, comenzó a ser juzgado este martes en Salta por su presunta responsabilidad en el secuestro, durante la última dictadura militar, de 17 trabajadores de la compañía.

El caso de Carlos Pedro Blaquier, quien fuera dueño de Ingenio Ledesma, también es una demostración de ello. Blaquier colaboró con la dictadura en el marco de “La noche del Apagón”, en la cual se secuestraron 400 trabajadores (38 desaparecieron) que luego fueron torturados en un predio de la empresa.

Los trabajadores y la juventud debemos luchar contra el negacionismo fachista con la organización y la movilización popular. Así se fue consiguiendo que varios genocidas fueran juzgados. El Encuentro Nacional Antirrepresivo, que se realizó el 30 de septiembre y en el que participaron más de 500 luchadores y activistas, fue un importante paso en ese sentido; se trató de un punto de apoyo para organizar la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra la criminalización de la protesta social.

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