El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires está desde hace años en la mira de los sucesivos gobiernos (peronistas o macristas), en su intento de armonizarlo con el régimen de la Anses. Para ello, vienen realizando un proceso de vaciamiento.

La cuestión del saqueo del IPS hasta llegar al déficit financiero actual es de larga data. En 2004, el gobernador Solá comenzó a recibir fondos de la Anses, que no fueron depositados a la caja previsional porque esta tenía superávit. En 2008, el saldo positivo era de 250 millones de dólares. Entonces Scioli incorporó el IPS al Presupuesto anual del Estado provincial y gracias a eso se quedó con el superávit enchufándole a cambio de letras del Tesoro.

En simultáneo incorporó el régimen del monotributo de trabajadores estatales, por lo que miles de empleados que cobraban en la provincia aportaban en cambio a la Anses y no al IPS. Esto fue continuado y ampliado por el gobierno de Vidal, que extendió este régimen de precarización laboral a los municipios, lo cual le restó al IPS cincuenta mil aportistas. A la par, durante esa gobernación del PRO se produjo la jubilación compulsiva de 80.000 trabajadores, agravando la proporción entre activos y pasivos.

En 2021, ya con Kicillof como gobernador, se firmó un convenio con la Anses, que se comprometía a financiar el “déficit” del IPS a cambio de que se le provea la información completa de su estado financiero y del historial de aportes laborales del instituto. Es un paso en la llamada armonización, ya que fue enmarcado en el pacto fiscal del 2017 que acordaron Macri y los gobernadores, que plantea “colocar a todas las provincias en pie de igualdad previsional”, lo cual significa poner las condiciones jubilatorias (haberes, edad de retiro, movilidad, etc.) al nivel de la Anses. Una igualación hacia abajo.

Santín, entonces presidente del IPS, declaró un déficit que en 2021 ascendió a 36.000 millones de pesos. Luego renunció, en circunstancias en las que se retrasaban los trámites jubilatorios, quitando el derecho al retiro a los trabajadores que habían cumplido con la edad y los años de aportes.

Entonces la camporista Marina Moretti asumió la presidencia del organismo previsional, sin tocar una coma de estas medidas. Afirmó que la provincia había incorporado alrededor de 15.000 monotributistas a la planta permanente del Estado provincial, pero para encubrir que quedaban cerca de 40.000 empleados municipales fuera de la planta. Tampoco dijo nada sobre que “el gobierno (nacional) prorrogó hasta fin de año la eximición que gozan las instituciones privadas de enseñanza del pago de las contribuciones patronales a través del decreto 69/2023” (Ámbito Financiero del 10/2) -algo que se repitió “desde 2001 en sucesivas oportunidades”. Esto implica que la caja previsional deje de percibir el 14% sobre los salarios de la docencia y el 11% en los trabajadores auxiliares de escuelas privadas, que representan el 33% de los establecimientos.

Eso solo se refiere a las cargas patronales, pero a ello se suman los aportes de los auxiliares y docentes, de los cuales esas escuelas privadas siendo sus agentes de retención y a menudo incumplen el pago, acumulando deudas que luego son condonadas o resueltas con cómodos planes de pagos financiados. Lo mismo sucede con los aportes de los trabajadores de planta permanente de los municipios, ya que los intendentes igualmente retienen ese dinero. Sumado a la precarización laboral, constituye una abultada suma que es decisiva en el estado financiero del IPS. Moretti se queja de la falta de sustentabilidad del sistema previsional pero reafirma el camino de vaciamiento de sus antecesores.

De esta manera, mantiene el terreno abonado para armonizar. Sigue el proceso de vaciamiento por más que se haya disipado el debate público sobre la armonización. Esto sucede con la colaboración de todas las burocracias sindicales de trabajadores del Estado, incluidos docentes y municipales, que cuentan con sillones en el directorio del entre previsional. Además se han integrado al gobierno bonaerense de Kicillof que deprecia los salarios, algo que también incide en la recaudación del IPS.

La cuestión es muy sensible porque afecta a casi un millón de trabajadores que aportan a la caja provincial y a trescientos mil trabajadores pasivos (jubilados y pensionados). El silencio del gobierno, que dejó de hacer declaraciones al respecto, es por su apetito electoral: fueron conflictos de importantes proporciones, con huelgas y movilizaciones, las que enfrentaron a una masiva fuerza laboral con los gobiernos de Scioli y Vidal cada vez que quisieron avanzar más allá sobre los derechos jubilatorios. Debemos mantenernos alertas.

Para salvar el IPS es necesario, incorporar definitivamente a los trabajadores monotributistas o tercerizados a la planta permanente de los municipios y de la provincia, reponer los aportes de las patronales educativas, e imponer que tanto las intendencias como las escuelas privadas aporten lo descontado a sus trabajadores. Junto con esas medidas de emergencia, urge un incremento general de los salarios estatales y la investigación de todos los desflacos contra la caja perpetrados en estos años.

El IPS debe estar dirigido por un directorio de trabajadores activos y jubilados electos por sus compañeros, con mandatos revocables. Que se abran los libros contables del IPS para investigar su estado financiero. Es necesario defender de manera irrenunciable al instituto previsional contra toda armonización que rebajaría los haberes, liquidaría la movilidad atada al salario y aumentaría la edad de retiro.