La justicia de EE.UU falló contra el Estado argentino habilitando el litigio por parte del fondo Buford Capital, quien compró a los Eskenazi los derechos de demandar al país en los tribunales internacionales por supuestos perjuicios ocasionados con la expropiación de las acciones de Repsol en YPF en 2012. La penalidad podría llegar hasta U$S 20.000 millones.

Resulta que este bufet compró los derechos de litigio de estos acreedores que son viejos socios del kirchnerismo. Las malas lenguas hablan de una sociedad con Buford en la cual los Eskenazi cobrarían hasta un 30% de las indemnizaciones. El grupo empresario fue agente de la privatización durante el menemismo, mientras los Kirchner se encontraban gobernando Santa Cruz y eran cómplices de las privatizaciones. Además el grupo Ezkenazi es dueño del Banco Santa Cruz, ampliamente denunciado por el lavado de dinero de la corruptela.

En el 2008, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, fue beneficiado con la venta del 25% de las acciones de la empresa sin poner un peso, pudieron comprar sus activos gracias a los préstamos adquiridos con bancos internacionales, poniendo como garantía únicamente los dividendos que percibirían de la empresa. Un fraude que fue adornado con el entonces relato oficial K sobre la “argentinización” de YPF.

Luego, la expropiación a Repsol fue onerosa y un salvataje a estos vaciadores. Años después tenemos a la luz las consecuencias de esa operación que, como denunció el Partido Obrero, fue una reprivatización que mantuvo a la empresa como una sociedad anónima cotizando en la bolsa de Nueva York.

El Estado le permitió, a Repsol y a los Eskenazi, girar dividendos al extranjero por encima de lo permitido, viabilizando el vaciamiento de la empresa y el pago de la deuda que estos habían adquirido. Con la expropiación le pagó una indemnización usuraria a Repsol para asociarse e impulsar la explotación de Vaca Muerta con empresas multinacionales, empezando por la yanqui Chevrón, una de las más grandes del mundo, y con la cual firmaron un acuerdo secreto donde le ofrecían ventajas económicas que no tenía ninguna otra empresa de la economía argentina. Hoy están haciendo un negocio exportando, con bajas retenciones y regalías, mientras los consumidores son víctimas de naftazos y tarifazos.

YPF fue cargada con la factura que representaban las importaciones y la crisis energética no hizo más que acentuarse pasando incluso por períodos de desabastecimiento. Actualmente este esquema se mantiene pero además, mientras las petroleras presionan por trasladar los precios internacionales al mercado interno y la población percibe nuevos tarifazos en las naftas, son beneficiadas con exenciones impositivas y beneficios cambiarios.

En contrapartida, también se verifica que las privatizaciones, que hoy promueven Milei, y la derecha, fueron en el pasado únicamente una vía libre a los negociados capitalistas, que se beneficiaron con el desguace de las empresas y le transfieren el costo a la nación y los consumidores. Es el caso también, por ejemplo, de Edesur a la cual Milei salió a defender cuando miles de familias estaban sin luz en plena ola de calor.

Ahora, en medio de una acuciante crisis de reservas, el gobierno tiene sobre la nuca a los tribunales de Nueva York que rapiñan esta usura. Este fallo es solo uno de lo que probablemente sea una ola de fallos contra el Estado argentino por las estatizaciones, algo que ya tiene como ejemplo a Aerolíneas Argentinas. La situación además vuelve a poner de manifiesto la subordinación del régimen jurídico, político y económico argentino respecto de la legislación y la jurisprudencia internacional, que avala todas las maniobras fraudulentas del capital financiero. No es casual que la jueza a cargo sea Loretta Preska, la misma que le ordenó a la Argentina que le pague U$S 138,3 millones a bonistas que compraron la deuda defaulteada en 2001 y litigaron contra el país.

De este laberinto solo se puede salir quebrando los estrechos límites que imponen los intereses capitalistas y el saqueo del país. En lugar de privatizaciones y reprivatizaciones (con épica de estatización), para tomar las riendas hace falta una nacionalización integral bajo control obrero, sin indemnizar a los vaciadores y dirigida hacia una planificación productiva en función de los intereses sociales y nacionales de Argentina, en el marco de un plan económico para terminar con la colonización del capital financiero. Ello requiere la dirección de la clase obrera.

https://prensaobrera.com/politicas/devaluacion-mas-tarifazos-y-restringir-el-derecho-a-jubilarse-las-exigencias-del-fmi