Mientras en Wall Street celebraban la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York se desplomaron lideradas por una caída del 11,8% de YPF. La cotización bursátil de la compañía más grande del país, que se ubica en un cuarto de su valuación de año y medio atrás, es expresión de una crisis muy profunda que se agudiza por las contradicciones de la política económica del gobierno de Alberto Fernández. La trucha “renacionalización” de YPF terminó en un laberinto sin salida.

El episodio de la renuncia del presidente de la petrolera, Guillermo Nielsen, en medio del intento por reestructurar una gigantesca deuda de 6.600 millones de dólares, volvió a poner sobre la mesa una situación que también se puede apreciar en los balances en rojo de la empresa, con pérdidas multimillonarias y una inversión casi nula. Abren además un interrogante sobre los anuncios realizados de inversión para los próximos años, fundamentalmente porque depende de dos variables igualmente de complejas: los subsidios y el precio de los combustibles.

En las últimas rondas, el mercado castigó a YPF por su propuesta de canje, no por ser esta una oferta agresiva sino por la desconfianza en que efectivamente desarrolle las condiciones de repago para cumplir con sus compromisos financieros. Para revertir la parálisis de la inversión, la petrolera debería sostener en el tiempo los naftazos mensuales (que acumularon en siete meses aproximadamente un 35%), lo cual recrudecería la aceleración inflacionaria y recalentaría la presión sobre las tarifas de gas y electricidad. Choca, entonces, con un aspecto muy sensible, que busca ser contenido por el impacto general sobre la población de cara a un turno electoral.

Los subsidios estatales no pueden compensar esta situación, porque la caja es chica y entran en contradicción con el ajuste fiscal que Martín Guzmán prometió al FMI con la intención allanar el camino hacia un acuerdo. En ese sentido se fijó que no podrían aumentarse los subsidios por encima del 1,7% del PBI, y expresó la voluntad de achicar el déficit fiscal por debajo del presupuestado 4,5% del PBI. La política del gobierno rememora al perro que se muerde la cola.

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Es una crisis de todo el esquema energético, como demuestra el precio de remate que pagaron Vila, Manzano y Filiberti por la compra del 51,8% de las acciones de Edenor; si en 2018 la mayor distribuidora energética del país cotizaba unos 2.500 millones de dólares, hoy roza los 150 millones. Para el caso de YPF, basta recordar que en 2012 Cristina Kirchner y su entonces ministro Kicillof pagaron 5.000 millones de dólares en bonos con tasas usurarias a Repsol para hacerse con la mayoría en el paquete accionario; hoy la cotización total de la petrolera en la bolsa neoyorquina es de poco más de 1.500 millones.

En estas condiciones, la compañía de mayoría accionaria estatal evidencia otro aspecto que inquieta al gobierno de Alberto Fernández: que el Plan Gas no alcanza para evitar la pérdida de divisas por importación de gas en invierno. La reactivación de la actividad se ejecutó empleando la capacidad ya instalada, la mano de obra suspendida, y aumentando la explotación de los trabajadores. A su vez, la posibilidad de un default de YPF cancela toda perspectiva de acceso al crédito internacional por el resto de las empresas. Esto es también otra expresión de un cuadro general, ya que finalmente luego del canje de la deuda externa los bonos argentinos cotizan a niveles de default y el gobierno debió emitir deuda a una tasa descomunal del 16%.

La cuestión de las divisas es por supuesto fundamental en toda esta trama. Finalmente, la renegociación de sus monumentales pasivos en dólares se deriva en gran parte de la sequía de reservas del Banco Central; es, en definitiva, un testimonio del quebranto nacional. De aquí se deriva otro dolor de cabeza para el gobierno, en torno a los chispazos entre los pulpos petroleros y los de los agronegocios alrededor de la cuestión de los biocombustibles, un negocio que una columnista de Clarín (21/1) estima en 1.000 millones de dólares.

Tras un intenso lobby cruzado, pareciera que se encamina la prórroga del régimen de incentivos impositivos a la producción de bioetanol y biodiesel, sosteniendo los mismos porcentajes de corte (12% en naftas y 10% en gasoil), pero la cuestión no se resolverá con ello ya que queda abierta la pulseada por los precios de los mismos que son fijados por el Estado. El gobierno de Alberto Fernández, a pesar de los subsidios millonarios a las petroleras y la baja de retenciones a la exportación, está de rodillas ante las cerealeras que son la única vía para el ingreso de divisas… en la medida que estén dispuestas a liquidar la cosecha.

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Así las cosas, quedó enterrada definitivamente la promesa electoral de encarar un repunte productivo del país apalancado por Vaca Muerta. La realidad del mercado mundial de los hidrocarburos es además muy distinta a los días en el Alberto Fernández era electo presidente. La débil recomposición de los precios internacionales, que recién alcanza los niveles ya en baja de enero de 2020 -pero con unos 8 millones de barriles diarios de petróleo menos-, depende de los recortes en la producción de la OPEP y Arabia Saudita, y a su vez está condicionada por las abultadas reservas de crudo en Estados Unidos y la nueva ola de restricciones conforme siguen los estragos del coronavirus. Si las petroleras yanquis están en terapia intensiva, qué les queda a los emprendimientos no convencionales de Argentina donde los costos de extracción son mayores y el acceso a financiamiento es más caro.

Como se ve, se plasman en la crisis de YPF todas las contradicciones de la política económica, la cual está subordinada a la viga maestra de un acuerdo con el FMI. Por eso este gobierno es incapaz de ofrecer una salida. Tras la renuncia de Nielsen, y ante el ruido que generó la designación en su lugar de un hombre del riñón del kirchnerismo, Guzmán desmintió tajantemente cualquier perspectiva de estatización de la compañía. Pero la política de asociación con los pulpos del sector, que comandara durante la presidencia de CFK Miguel Galuccio, terminó en la encerrona actual. Vale agregar que el enorme pasivo que hoy intenta reestructurar se debe en buena medida a que el Estado argentino, excluido del mercado de crédito internacional, utilizaba a YPF para tomar deuda en dólares.

Lo único claro en el rumbo oficial es la decisión de descargar la factura sobre los trabajadores. Mediante el “retiro voluntario” de un quinto del personal y la flexibilización del convenio colectivo petrolero, pretenden reducir en un 30% los costos operativos de la empresa. Con esta ofensiva hizo punta en uno de los puntos no escritos del Plan Gas: una reforma laboral en el sector. La experiencia con la adenda flexibilizadora firmada por las burocracias sindicales con el gobierno de Macri muestra que la mayor productividad por superexplotación no alcanza para revertir la huelga de inversiones y el declive de la producción (pero sí dejó como saldo ocho muertes obreras).

De este laberinto solo se puede salir quebrando los estrechos límites que imponen los intereses capitalistas en el sector y derrotando la política fondomonetarista del gobierno. Solo mediante una nacionalización integral, sin indemnizaciones a los vaciadores y que se extienda a toda la industria hidrocarburífera, y nacionalizando a su vez la banca y el comercio exterior, es que podría abrirse paso una salida. Ello requiere la dirección de la clase obrera. Además de ilustrar la quiebra nacional, YPF clarifica también la incapacidad de este devaluado nacionalismo burgués en ofrecer un rumbo de desarrollo a las fuerzas productivas del país, por su postración ante el capital imperialista.

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