Martín Guzmán anunció un principio de acuerdo con el Club de París, en medio de las negociaciones para evitar el default por el vencimiento de 2.400 millones de dólares que debía cancelarse en mayo. El compromiso consiste en pagos por adelantado de aproximadamente el 20% de ese monto, a cambio de postergar hasta el 31 de marzo de 2022 una reestructuración del resto de la deuda, a la espera de que se suscriba un nuevo programa con el FMI. La reducción fabulosa del déficit fiscal -gracias al ajuste sobre los salarios, jubilaciones y asistencia social en un país hundido en la pobreza– tiene como destino aceitar las tratativas con el capital financiero internacional.

De esta manera se zanjaría temporariamente un factor de crisis que asolaba al gobierno de Alberto Fernández. Resulta que en su gira europea, centrada en lograr una postergación de dicho vencimiento, se topó con que un requisito innegociable de los acreedores del pool parisino era que se presenten garantías de avances en la negociación con el Fondo Monetario. Especialmente se mencionaba el desembarco en el país de una misión de funcionarios del FMI para monitorear las cuentas nacionales en el marco del artículo IV de su estatuto; pero el organismo descartó esa posibilidad.

En parte, este acuerdo “de buena fe” busca apaciguar las quejas de los Estados asociados en el Club de París (especialmente Japón, pero también Alemania) ante el “trato desigual” que recibirían de parte del gobierno argentino en comparación con China, que cobrará este año unos 450 millones de dólares por intereses de deuda. La cuestión del “trato equitativo de los acreedores bilaterales” (en palabras del ministro de Economía) saca a la luz de manera explícita cómo la deuda externa es un mecanismo de sometimiento a manos del imperialismo, y además que la presidencia del Frente de Todos sume al país en el fuego cruzado entre las potencias que se enfrentan en la guerra comercial. Unos y otros arrancan concesiones, y el resultado es un reforzamiento del saqueo nacional.

Mientras anuncia que gatillará estos 430 millones de dólares, el gobierno nacional sigue evitando siquiera un programa como el IFE cuando casi la mitad de la población cae debajo de la línea de pobreza, impone a los jubilados una movilidad que los condena a perder con la inflación, mientras el haber mínimo se halla en niveles de indigencia. El ajuste a la salud en plena pandemia y la parálisis de la obra pública, de la mano de la depreciación de los salarios públicos, son expresiones de una hoja de ruta que prioriza cerradamente al capital financiero incluso en medio de una bonanza fiscal (principalmente por el boom de la soja).

Por lo demás, vale tener presente que con esto se reconoce un fraude descomunal. La deuda con el Club de París es arrastrada desde la dictadura, y fue renegociada de manera leonina por Axel Kicillof cuando era ministro de Cristina Kirchner, incrementando el monto de capital en un 50% y fijando tasas de interés exorbitantes del 9% anual. Esta usura volverá a ser reestructurada, prorrogando una vez más el peso de una estafa que se alimenta con cada incumplimiento. Agreguemos que semejante reconocimiento resta base al intento del gobierno por ser eximido de la sobretasa que le cobra el FMI.

El gobierno en la palma de la mano del Fondo Monetario y el capital financiero internacional. El “puente de tiempo” otorgado por el Club de París alivia en lo inmediato a Fernández y Guzmán, pero por supuesto que no es gratuito. El reciente alineamiento con la ofensiva del imperialismo yanqui en Nicaragua, y el ajuste del gasto público para ofrecer garantías de repago de la deuda, son manifestaciones palpables de que honrar a los usureros es incompatible con las necesidades sociales y nacionales.

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