Alberto Fernández buscó dejar en claro, tras volver de su gira por Europa, que el gobierno pretende sellar un acuerdo con el FMI “lo antes que pueda”. “El problema es cómo”, agregó el presidente en la entrevista que brindó a C5N. Si bien lo presenta como una pulseada por bajar tasas de interés y alargar plazos de repago, lo cierto es que todavía tiene que cumplir ciertas exigencias del organismo para allanar un nuevo programa. De hecho, una condición del Club de París para prorrogar el vencimiento de 2.400 millones de dólares es que las cuentas de la Argentina estén bajo la auditoría del Fondo.

Lo que el pool de acreedores europeos exigiría, a cambio de un “puente de tiempo” que evite declarar un default, es que arribe a nuestro país una misión de funcionarios del Fondo Monetario en el marco de las auditorías que dispone el artículo IV del organismo financiero para supervisar la política económica, o más específicamente para verificar que se cumplan los deberes para garantizar un repago. El problema de Alberto Fernández es que los números no cierran.

El ministro Martín Guzmán, que formó parte de la delegación presidencial en el viejo continente, balanceó en su cuenta de Twitter la importancia de avanzar en la renegociación porque “las deudas externas insostenibles dañan la producción, el empleo, la estabilidad cambiaria y la inflación, golpeando la vida de los hogares”. Es una presentación falaz, porque lo que impacta en realidad es el pago “sostenido” de las deudas y el saqueo de divisas y capitales que ello implica. El mejor testimonio es la hipoteca con el Club de París, que ya se pagó varias veces, y que tras el default del 2001 fue renegociada por Kicillof con un recargo usurario del 50% y tasas de interés de 9 puntos que triplicaban la media internacional. El quebranto es la consecuencia de honrar los compromisos fraudulentos.

Esto aclara la cuestión de los plazos que se negocian con el Fondo Monetario. La comitiva presidencial insistió en que se le otorguen más años para cumplir con el repago, pero el directorio se muestra reacio. Todos saben que Argentina no puede saldar 50.000 millones de dólares en 10 años, pero un programa con ese término obliga a cumplir con los requisitos del organismo en plazos más breves y forzará en el futuro a nuevas renegociaciones que perpetuarán la tutela sobre las cuentas nacionales.

Independientemente de la postergación del vencimiento con el Club de París hay un aspecto que hace ruido; es que el reconocimiento de semejante tasa de interés complica la súplica al FMI para que deje de cobrar al país la sobretasa del 3% -la cual se viene pagando religiosamente. Diluye además toda la perorata oficial sobre “cambiar las reglas” de mercado financiero internacional. Es lo que sucede además con el sostenimiento de la pax cambiaria a fuerza de bicicleta financiera.

Por un lado, el Banco Central dilapida las divisas del boom exportador mediante operaciones de venta y recompra de bonos para contener la brecha cambiaria. Pero otra arista crucial del esquema para contener la corrida al dólar es el financiamiento del Estado mediante deuda en pesos y no con emisión monetaria. Esto implica por supuesto que se coloque más deuda de la que va venciendo, lo cual supone todo un desafío porque recién ahora comienzan los más abultados. Este viernes vencen más de 300.000 millones de pesos, un quinto de ello en manos de grandes fondos de Wall Street como Pimco y Templeton; para tentarlos a renovar el Tesoro volvería a emitir bonos linkeados al dólar, es decir que actúa como garante de las ganancias de los especuladores.

Este hecho permite reafirmar que toda la política económica está a merced del capital financiero. Un rechazo o incluso una mayor desconfianza en el rumbo del gobierno es una amenaza de corrida al dólar, para la cual no hay recursos con que hacer frente. Más aún, Economía se vio obligado a subir la tasa cada vez más, en bonos indexados a la inflación y a plazos reducidos. El escenario es inquietante si consideramos que en el bimestre julio-agosto, para el cual se estima que cese el ingreso de divisas de la soja, vencen más de 800.000 millones de pesos -casi todo lo que se renovó hasta ahora en el año a un costo cada vez más caro. Tenemos que, al lado de la bomba de tiempo de las Leliq, se va armando otra bola de nieve, pero que al estar atada al tipo de cambio o a la inflación no se licúa en caso de devaluación.

Mientras crece esta hipoteca, lo cierto es que la inflación sigue fuera de control -algo que, como acabamos de ver, encarece toda la bicicleta. Al regreso de Europa el presidente afirmó por enésima vez que se abocará a estabilizar los precios, pero lo hizo con algunas confesiones lapidarias. “Los sindicatos están en busca de un acuerdo social y han sido muy moderados en sus pretensiones”, afirmó respecto de la firma de paritarias con topes puestos por el gobierno que quedaron ridiculizados con el 17% de IPC del primer cuatrimestre: “evidentemente la inflación se ha acelerado más”.

También catalogó de “migajas” lo acordado por sus funcionarios con las patronales de la carne, de cortes con descuentos por “8.000 toneladas cuando acá se consumen 200.000”, mientras en términos generales se opera una disparada de los precios. Esa migaja, vale recordar, fue pactada a cambio de desistir de fijar cupos a la exportación; confiesa entonces que ladra, pero no muerde. Algo similar vale para el deshilachado programa Precio Máximos, del cual se siguen bajando productos por la presión empresaria.

Así las cosas, Alberto Fernández debería sonrojarse cuando caracteriza las remarcaciones de precios en el marco de una “puja distributiva”. Y ello no solo por los topes ruinosos que impuso en las negociaciones salariales, mientras los precios se disparan. Además el gobierno subsidia a las empresas en crisis eximiéndolas del pago de las contribuciones patronales a la seguridad social, cuando condena a las jubilaciones de indigencia a seguir perdiendo contra la inflación. Este uno de los pilares del programa que reclama el FMI, ya que el organismo brega por reducir el gasto público “rígido” en salarios y jubilaciones, para dotar de mayor margen fiscal a los Estados para rescatar al capital.

Por eso es cínica la afirmación que hizo el presidente en la mencionada entrevista, asegurando que quiere “que todos ganen pero quiero que nadie pierda”. Veamos cómo actúa. YPF, empresa dirigida por el gobierno, celebra una mejora de su rendimiento a base de naftazos que desde agosto superan el índice de inflación, de un precio del gas en boca de pozo muy superior a la media internacional, y de una reducción del 20% de sus costos operativos a costa de imponer una mayor productividad a sus trabajadores. Es un botón de muestra de los beneficios de que goza la industria petrolera, pero sin embargo los pulpos no invierten y obliga a importar energía. La ausencia de inversión y la fuga de capitales son dos caras de un régimen de saqueo, que tiene en el pago de la deuda externa su columna vertebral.

La crisis no es entonces un problema de sostenibilidad de la deuda, sino de su rescate sistemático a costa de las riquezas país. Lo mismo puede decirse de los subsidios a los capitalistas, que se cargan a cuenta de los salarios y jubilaciones sin revertir la declinación productiva que redunda en desocupación y precarización laboral. El hecho de que esta crisis forme parte a su vez de una tendencia a la depresión capitalista a nivel mundial no exculpa al gobierno, sino que expone la inviabilidad del rumbo fondomonetarista: las concesiones al gran capital no compensan en desarrollo nacional alguno. Para que no pierdan los trabajadores hay que cortar de cuajo esta sangría.