El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto con el que busca regular las restricciones dispuestas en el marco de la pandemia por Covid-19 y “blindar” las disposiciones establecidas en los DNU de Alberto Fernández. Espera aprobarlo antes del 21 de mayo, fecha en la que finalizan las últimas normativas, y estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Es decir que, en lo concreto, no establece nuevas restricciones ni medidas de ayuda social para mejorar la situación epidemiológica, pero todo indica que daría al gobierno nacional la potestad de suspender las clases presenciales en aquellos lugares de alerta epidemiológica, así como reiniciarlas cuando lo disponga.

Lógicamente, el proyecto viene a colación de la disputa desatada entre el gobierno nacional y el de la CABA por la presencialidad, en el cual la Corte Suprema se eximió recientemente en favor del GCBA. El mencionado fallo sirvió para ratificar la orientación patronal de “normalizar” las actividades económicas y la producción, profundizando el ataque que hoy obliga a la clase obrera a exponerse en sus lugares de trabajo y transporte público, al igual que sus hijos en las escuelas.

En este sentido, las acciones tomadas por el Estado y el gobierno nacional sin duda han contribuido a agravar el contexto, partiendo de la base de que su prioridad siempre ha sido la de mantener la producción. La falta de medidas que restrinjan las actividades económicas no esenciales y el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los ámbitos laborales, junto con la vuelta a clases presenciales sin condiciones, han detonado la situación epidemiológica. Se ha generado un crecimiento exponencial de los casos y muertes. En vísperas del invierno y sin un paquete de medidas de intervención inmediata que garantice que la población pueda cumplir nuevas restricciones, los pronósticos relevan una profundización de la pandemia, lo cual puede afectar rápidamente las actividades económicas. Es decir, indefectiblemente, algo tiene que parar; con este proyecto, el gobierno garantiza (y protege) que eso no sea la producción, aunque eso signifique renunciar a la presencialidad de las clases.

Por supuesto, la medida es limitada. No se suspenderá en todo el país, sino en aquellos ámbitos con Alarma Sanitaria. En el resto, las autoridades locales tienen potestad para tomar las medidas que les parezcan adecuadas, y las dispuestas por el gobierno nacional son un “colchón” de mínima que tienen que adoptar, aunque el control y la fiscalización de las mismas quedan a cargo de las provincias. Incluso es difícil saber cuál será la adhesión a las medidas por parte de las jurisdicciones en Alerta Sanitaria, ya que en el AMBA no sólo Rodríguez Larreta se enfrentó a la modalidad virtual, sino también Axel Kicillof avanzó en la última semana con la apertura de las escuelas bonaerenses para algunas actividades a través del Comunicado 108/21 de la Subsecretaría de Educación, sumándose a la ofensiva contra la salud de la comunidad educativa.

Es una medida que llega después de que la situación epidemiológica haya explotado y, sobre todo, que llega tarde para los más de 30 docentes fallecidos y los miles de contagios en la comunidad educativa desde que se retomó la presencialidad de las clases. De nada sirve que el gobierno disponga la suspensión ahora para que, apenas disminuyan los casos, se proceda a una apertura indiscriminada.

Vale la pena mencionar, además, que el proyecto se mantiene dentro de los parámetros establecidos por la Corte, confirmando finalmente que comparten una misma orientación. Es por eso que da atribuciones al Poder Ejecutivo sin un compromiso de nuevas medidas y sin hacer mención alguna de las de ayuda social, eliminando la posibilidad de disponer de medidas inmediatas de alcance nacional como el IFE. Algo similar había ocurrido en 2020 cuando se limitó el IFE a aquellas zonas donde aun estaba dispuesto el aislamiento social, para luego eliminarlo en todo el país.

Es una continuación de la política sanitaria del gobierno. Ante la leve disminución de casos de las últimas semanas, se deben reforzar las medidas restrictivas y proceder a la suspensión de las actividades económicas no esenciales, garantizando la protección de los salarios y de los puestos laborales. A su vez, el agravamiento de la situación social y económica significa un aumento en la circulación de las familias obreras, quienes deben salir y exponerse al virus para subsistir, por lo que el seguro al parado de $40 mil es lo mínimo necesario para que las restricciones puedan ser cumplidas. Junto con la suspensión de las actividades no esenciales debe venir la suspensión de las clases en todo el país y la entrega de recursos para garantizar conectividad tanto a estudiantes como a docentes. Centralización del sistema de salud y vacunación masiva ya, intervención del laboratorio de Sigman y confiscación de las dosis de AstraZeneca allí producidas, para ponerlas a disposición de la clase obrera.

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