Tomados todos los programas y medidas que el gobierno ha anunciado en el marco de la pandemia, en los 16 meses que van de marzo 2020 a la actualidad se gastaron unos 1,5 billones de pesos en diversos programas. Esta cifra encubre una política de ajuste, ya que contempla subsidios patronales, programas que han sido eliminados y actualizaciones por debajo de la inflación.

Para los meses del 2020, la mayor parte del presupuesto ejecutado se divide entre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP): el primero con $262.281 millones y el segundo con $226.853 millones. A los programas para las patronales se suman $126.261 millones de créditos respaldados y financiados por el Estado, a tasas cero, del Fogar y Fondep –en 2021 se adicionaron otros $73.800 millones.

Un primer análisis del uso de estos recursos parte de considerar que el IFE fue una medida circunstancial y limitada, que dejó afuera a 4,6 millones de solicitantes y que solo implicó tres cobros de $10.000 cuando las restricciones a la circulación y la crisis económica más golpeaban a los trabajadores.

Respecto los fondos de respaldo a las patronales, el gobierno fue más generoso. El 70% de las patronales pudo acceder al ATP. El Estado otorgó estos subsidios a libro cerrado, sin auditar la capacidad económica de cada empresa e incluso sin corroborar su inactividad o perjuicio por las restricciones. Bajo la forma de “Pymes” se esconden varias subsidiarias o dependencias de empresas multinacionales, que integran esquemas más complejos de tercerización. Las patronales gozaron de nueve pagos del ATP, lo que en gran medida se ha reconvertido a los actuales Repro II ($80.412 millones). También se contabilizan otros beneficios como exenciones impositivas y a las cargas sociales.

Otro registro de esta política es que incluso considerando este paquete en su totalidad, los 1,5 billones de pesos están por debajo del crecimiento en stock de Leliq y pases en los primeros 15 meses de gobierno de Fernández, por unos 2 billones de pesos. Si medimos solo los recursos destinados a los trabajadores, estos son sobrepasados por los $980.118 millones que el gobierno pagó en intereses de estas letras.

Contabilidad creativa

Para que las cuentas puedan traficarse como “asistencia social” por pandemia, el gobierno hace un mix de programas que integrarían sus políticas del periodo, como lo hizo Alberto Fernández cuando anunció la inversión de $480.000 millones en pleno despunte de la segunda ola.

Por ejemplo, se intenta justificar la eliminación del IFE, que cobraron unas 9 millones de personas, por la ampliación del Potenciar Trabajo, el cual se incrementó en unos 300 mil beneficiarios: un aumento de apenas un 3,33% de lo que implicó el IFE.

El Potenciar Trabajo llega a unas 900 mil personas, pero sus ingresos se encuentran carcomidos por los efectos de la inflación. Al ajustarse según la evolución del salario mínimo de miseria –implican la mitad de este valor- gran parte de esta ampliación fue financiada con el ajuste sobre el poder adquisitivo precario de los y las beneficiarias.

Algo similar a lo que ocurre con la Tarjeta Alimentar, de existencia previa a la pandemia y que el gobierno utiliza como su “política estrella”. La extensión del universo de beneficiarios hasta los 14 años es opacada por el congelamiento de los montos asignados, que se mantienen en $6.000 para un solo hijo/a, $9.000 hasta dos hijos/as y, recientemente, $12.000 para tres hijos/as o más. Esto ante una canasta alimentaria cuya suba interanual en junio fue del 53,4%.

El gobierno también difunde la ampliación y suba de la Beca Progresar, que cuenta de diversos montos, pero que su mayoría ronda los $3.600: lejos de los $10.000 del IFE y los actuales $12.000 del Potenciar Trabajo, el cual a su vez es incompatible con la beca.

Es llamativo que también se incluya al bono al personal de salud -$19.537 millones en 2020 y $9.967 millones en 2021- como una política asistencia, en tanto que se trata de una precaria compensación por la caída del salario, que no alcanza a cubrir lo quitado por la inflación.

Un régimen ajustador

Presentadas como un “paquete”, las medidas del gobierno aparentan un alivio a la crisis social y una inversión en medio de la crisis; sin embargo, al desmenuzar los montos y las asignaciones se revela el carácter ajustador, patronal y extremadamente limitado de la política oficial.

Los recursos orientados a los trabajadores desocupados y precarizados han sido desmantelados progresivamente o disminuidos por la inflación, mientras subsisten indiferenciadamente los subsidios y beneficios a las patronales. El gobierno, incluso, sigue señalando que gracias a estos recursos se evitó que la pobreza supere el 50% para el segundo semestre del 2020. Pero esa realidad no se descarta en un futuro próximo, debido al recorte y la desaparición de la mayoría de los programas dirigidos a los trabajadores.

Gran parte de estos recursos no fueron financiados con un impuesto a las grandes fortunas sino con emisión monetaria, que luego se trasladó al bolsillo de los trabajadores en forma de inflación, mientras las patronales ajustaron los precios para salir indemnes. Se trata de un proceso de confiscación contra los trabajadores, que amplía la brecha de desigualdad social y todos los días lanza a miles de personas y familias a la pobreza.

La situación actual requiere un giro de 180 grados, reorientando las políticas económicas del acuerdo del gobierno con los bonistas privados de la deuda externa y el FMI hacia una salida a los intereses y necesidades de la clase obrera: se trata de dos programas y alternativas antagónicas. Solo el Frente de Izquierda y el Partido Obrero defienden la implementación de un seguro universal al desocupado por arriba de la canasta básica de $65.000, salarios arriba de la canasta familiar de $100.000, impuesto a las grandes fortunas, plan de obras públicas y viviendas para generar empleo y una salida integral, de la clase obrera, a la crisis actual.

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