En forma conjunta, los gobiernos de Argentina y México convocaron a sus embajadores en Nicaragua ante lo que califican como “las preocupantes acciones políticas-legales” realizadas por el gobierno de Daniel Ortega, en referencia a la detención de dirigentes opositores. Expresaron, además, en un comunicado, su “disposición plena” para colaborar “constructivamente en la promoción del diálogo”, con lo que se ofrecen como mediadores internacionales para acercar a gobierno y oposición del país centroamericano.

La convocatoria de los embajadores se produce algunos días después de que ambos países se abstuvieran en una votación en la OEA que condenó al país centroamericano por el mismo motivo. En ese momento, el presidente norteamericano Joe Biden calificó como “decepcionante” la postura argentina.

Es evidente, entonces, que el gobierno argentino “recalcula” para congraciarse con el imperialismo.

La pose de “garante de la democracia” de Estados Unidos, cuya historia se constituye a base de invasiones militares, masacres imperialistas y golpes de Estado, no es más que una pantomima para barrer de América Latina a los regímenes que no están en un cien por ciento alineados. Por esto es que digitaron, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia en 2019, con el papel destacado de la misma OEA. Ni qué decir que entre los países que condenaron a Nicaragua figuran connotados violadores de los derechos humanos, como los regímenes de Chile y Colombia, que han asesinado a decenas de manifestantes.

Por el lado del gobierno argentino, el intento por agradar a Biden es indisociable de las negociaciones con el FMI para el pago de la deuda externa (Sergio Massa acaba de visitar Estados Unidos por ese motivo). Por parte del mandatario del país contiguo a Estados Unidos, viene de sellar con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris nuevos compromisos en el combate a la migración centroamericana, que han transformado a México en un Estado tapón de los migrantes que intentan llegar a suelo norteamericano. A su vez, convalidó el T-MEC (tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá) iniciado por su predecesor Enrique Peña Nieto.

Los “nacionales y populares” muestran así su subordinación al imperialismo.

La violación de los derechos humanos y las detenciones políticas del régimen de Ortega deben ser enfrentadas, pero de ningún modo se puede hacer causa común con el gobierno de Biden y la OEA. Por el contrario, la cuestión pasa por la movilización independiente de los trabajadores contra el régimen de Ortega, retomando el camino de la rebelión de 2018, que irónicamente estalló ante una reforma jubilatoria que rebajaba los haberes y que el gobierno nicaragüense emprendió siguiendo los dictados del FMI.

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