Políticas

13/1/2026

Para ocultar su responsabilidad, los gobiernos acusan al pueblo mapuche de ocasionar los incendios en Chubut

Milei y el gobernador Torres buscan tapar su política de ajuste sobre los presupuestos de prevención del fuego.

Puerto Patriada.

Tanto el gobierno de Milei como el de Ignacio Torres han atribuido al pueblo mapuche, sin ninguna prueba, el origen de los incendios que están causando estragos en Chubut. Es el discurso estigmatizador y persecutorio que vienen impulsando hace tiempo para justificar la represión contra la comunidad y habilitar el copamiento de tierras por parte de grupos capitalistas ligados a actividades como el desarrollo inmobiliario, el agro y la minería; asimismo, en este caso, pretenden ocultar el ajuste que Nación y Provincia aplican contra los presupuestos de prevención del fuego. En este marco, el fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Meyer, ordenó la realización de un allanamiento contra miembros del Lof Pulgar Huentuquidel.

La lamngen Rocío está siendo investigada y acusada por los incendios que tuvieron lugar en Puerto Patriada. Durante el operativo se han secuestrado celulares. Díaz Meyer había contrariado días atrás la hipótesis difundida por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad comandado por la bullrichista Alejandra Monteoliva, sobre la responsabilidad que tendrían las comunidades mapuche en los incendios que ya han arrasado con miles de hectáreas en la provincia y todavía no han sido apagados. La propia Patricia Bullrich manifestó en su cuenta de X que “si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos actos, la van a pagar como terroristas”. El fiscal también rechazó las versiones que indican que el fuego ha sido provocado por turistas de origen israelí.

Díaz Meyer indicó que el origen de los incendios podría encontrarse en el conflicto interno de una comunidad que habita entre las localidades de El Hoyo y Puerto Patriada, del que participa una mujer de Buenos Aires que se sumó a la misma hace dos años. A diferencia del gobierno, señaló que no se puede hablar de prácticas terroristas. Con todo, aporta lo suyo a la estigmatización contra la comunidad mapuche. El gobernador Torres, por su parte, hizo demagogia diciendo que “en Chubut vivimos con total armonía con el pueblo mapuche” y hablando sobre “la búsqueda de instalar un tinte político o racial” alrededor del problema. Pero es el jefe de la Policía de Chubut el que encabezó la conferencia de prensa junto a Díaz Meyer en la que se divulgó la nueva hipótesis. Además, él mismo impulsa una política antimapuche como lo demuestran el desalojo de la Lof Palaiko acontecido el año pasado, la criminalización y los allanamientos contra las comunidades, las reformas regresivas sobre las leyes provinciales relacionadas a las mismas o los presos políticos.

Las comunidades mapuche que viven en Chubut rechazaron las acusaciones del gobierno nacional y del provincial, así como las de los medios de comunicación que se hicieron eco de ellas. Denunciaron correctamente que buscan utilizarlas como chivos expiatorios para ocultar el desfinanciamiento imperante en los presupuestos de prevención, la precarización laboral a la que son sometidos los brigadistas y los despidos de trabajadores de Manejo del Fuego. Desde la Multisectorial en Defensa del Agua y el Territorio Chubut denunciaron el allanamiento arbitrario contra la lamngen Rocío y al gobierno de Torres por exponer a la comunidad mapuche.

El gobierno nacional viene ajustando el presupuesto que se destina al Sistema Nacional del Manejo del Fuego. “En 2024, ejecutó un 81% menos que en 2023 y en 2025 proyecta un 70,8% menos” (Mdzol, 12/1). Y el Presupuesto 2026 establece un recorte del 53,6% con respecto a las partidas de 2025. El año 2024 cerró con la mayor cantidad de incendios reportados en los últimos años (2.735 focos ígneos registrados en todo el país) según el Centro de Información Ambiental (Ciam). Los brigadistas cobran salarios que oscilan entre los 610.000 y los 860.000 pesos. La Administración de Parques Nacionales cuenta con 391 brigadistas, cuando, de acuerdo a los informes oficiales, la dotación mínima necesaria es de 700. A esto se suma la política de desfinanciamiento en el área desarrollada por Torres.

Los gobiernos impulsan la persecución contra las comunidades mapuche para ocultar su política de ajuste en beneficio de los capitalistas y los acreedores de la deuda externa, así como también para echarlas de sus tierras y promover su acaparamiento por parte de distintos grupos empresariales. En el pasado, esta política fue llevada al extremo y terminó con el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel bajo el gobierno de Mauricio Macri. También buscan enemistar a la clase obrera entre sí, cuando los miembros de las comunidades y los trabajadores que no pertenecen a ninguna son explotados y oprimidos por la misma clase social, la burguesía, responsable de los incendios y de la crisis general del país.

Abajo la persecución contra el pueblo mapuche.

Una causa de todos los trabajadores, ¡abajo la intervención de Trump en Venezuela!
Por un paro continental. -
prensaobrera.com