Políticas
7/3/2025
Represión, persecución, ajuste y saqueo: la agenda de prioridades de Torres en Chubut
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Legislatura Chubut
En Chubut la situación está bastante caliente: estamos en la segunda semana consecutiva con paros de la docencia, rechazando el paupérrimo 2% otorgado por decreto; hay asambleas convocadas en el sector de la salud pública, auxiliares de la educación y judiciales; continúa la persecución a las comunidades indígenas; hay varios organismos nacionales en alerta por despidos; y los damnificados por los incendios reclaman respuestas al gobierno. Con este escenario, el oficialismo de Ignacio Torres aprobó en la legislatura un paquetazo de leyes enviadas por el Ejecutivo en extraordinarias, que incluye: una “enmienda” constitucional para sacar los “fueros”, la prórroga del comando unificado, cambios en la legislación sobre pueblos originarios, un fondo de recompensa para el esclarecimiento de delitos, designaciones en la justicia, entre otros.
Parece que lo urgente para el gobierno no es el fuego, ni los damnificados por los incendios, ni que los docentes estén en la indigencia, sino que la agenda para convocar a extraordinarias tiene otras prioridades. Lo cierto es que el oficialismo tiene quórum y mayoría automática y cuando necesita mayoría especial siempre hay bancas de la “oposición” que salen al rescate para garantizar que las leyes salgan o salgan a gusto y piacere del gobernador. La sesión extraordinaria del 27 de febrero se desarrolló con irregularidades, incumplimiento del reglamento, amplia presencia policial y prohibición de acceso a los palcos.
"Fueros si, fueros no"
Juntos por el cambio ya lanzó su slogan de campaña: “Fueros si, Fueros no”. La ley de enmienda de los artículos 247 y 248 de la constitución provincial fue aprobada y ahora se termina de definir en las urnas, en las elecciones legislativas de este año. Se necesitaba mayoría especial, por lo que hubiera sido el momento para que la “oposición” tradicional le ponga freno a la característica de escribanía que tiene la legislatura.
Sin embargo, el proyecto fue aprobado por toda la bancada del oficialismo y los votos del libertario arrepentido, Daniel Casal, y de Mariela Williams por el peronismo. Tendencia que se repitió a lo largo de la sesión. El bloque del PJ, que es primera minoría, a pesar de intervenir con algunos ángulos en contra, ha prestado conformidad para que varias de las iniciativas salgan, como es este caso y el de comando unificado.
Desde el discurso oficial se promete que la eliminación de las inmunidades garantizadas al gobernador, vicegobernador, legisladores, magistrados, ministros, sindicalistas, entre otras figuras, terminará con los privilegios de los que goza la “casta” política y con la corrupción y restablecerá el principio de igualdad ante la ley.
Esa falacia es fácilmente desmembrable. Primero, porque los mecanismos de desafuero existen y de hecho han sido aplicados en la historia de la provincia, están regidos por la misma constitución en sus artículos siguientes y por leyes reglamentarias. Segundo, porque mientras el aparato judicial responda a los intereses de los gobiernos de turno, de cuyo beneplácito dependen para ser designados en sus cargos, no hay división de poderes que valga. Tal es el caso de la designación de Andrés Giacomone, funcionario judicial del arcionismo, como ministro del Superior Tribunal de Justicia; y lo mismo vale para la designación de Lijo y García Mansilla por decreto de Milei para la Corte Suprema.
Además de que el armado de causas está a la orden del día y es un instrumento de criminalización como viene ocurriendo contra los pueblos originarios, ambientalistas y luchadores sociales, o sin ir más lejos, con la persecución al Polo Obrero.
En tercer lugar, porque se trata de una consigna demagógica y derechista, alineada a los planteos libertarios, que busca titulares rimbombantes, tal como denunciamos desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, para fundamentar el rotundo rechazo a este proyecto.
Santiago Vasconcelos lo catalogó como un cálculo electoral y una estafa política: no se trata de un intento de garantizar igualdad ante la ley ni de avanzar con el problema de la corrupción que se desarrolla en un contexto de discrecionalidad y encubrimiento, sino de una mera herramienta electoral disfrazada de consulta popular.
Paquetazo contra pueblos originarios
Durante el 2024 hubo varios intentos de aprobar una ley que pretendía cambiar la conformación de la Comisión de Tierras Indígenas, donde los representantes de las comunidades originarias serían propuestos por el Ejecutivo.
No tardaron en llegar los pronunciamientos de rechazo, cuyo fundamento principal era que violaba el artículo 169 de la convención de la OIT de consulta previa, libre e informada de pueblos originarios. Finalmente, este proyecto fue aprobado en esta sesión, pero recargado con otros dos. Uno que crea el registro de comunidades -siendo que ya existe uno- y otro que establece un protocolo de consulta previa pero que sería no vinculante y que fue elaborado sin hacer esa consulta previa, desoyendo todos los pedidos de las comunidades indígenas que han llegado para ser recibidos y escuchados. Incluso durante el desarrollo de la sesión legislativa se originó un momento de tensión con la fuerza policial, cuando sus representantes solicitaban ingresar.
Todo esto es gravísimo, porque se desenvuelve en un contexto de amplia persecución a los pueblos mapuche tehuelche que reivindican su preexistencia en el territorio; donde el mismo gobernador Torres sale públicamente a responsabilizarlos por los incendios y se recrudece el discurso racista y fascista de criminalización, que traza una división falsa entre "mapuche bueno" y "mapuche malo", "mapuche real" y "mapuche falso". Mientras tanto, continúan los allanamientos, las amenazas de desalojo a las lof, Victoria sigue presa sin pruebas y la agenda extractivista y de saqueo en manos de capitales extranjeros avanza (como la amenaza de la explotación de uranio), lo que configura el trasfondo político económico de la intención de desplazar a las comunidades y de cumplir con la consulta previa, pudiendo hacer caso omiso.
Comando unificado y fondo de recompensa
Para profundizar la agenda represiva y punitiva del gobierno provincial, se prorrogó el accionar conjunto de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, con la complicidad de parte del bloque del peronismo, que justifican los amplios despliegues policiales y la militarización de las calles. Basados en estadísticas nefastas y de dudosa procedencia autorizan la generación de un clima de terror.
La banca del Frente de Izquierda Unidad en la legislatura chubutense rechazó la prórroga del comando unificado con una ferviente intervención, donde se denunció la utilización política de los incendios, las violaciones a los derechos humanos cometidos en los allanamientos a las comunidades y el circo mediático del intento de desalojo de la Lof Pailako con Patricia Bullrich a la cabeza, reivindicando el carácter antirracista y antifascista de las movilizaciones del 1F y del 13F, donde se exigió a los gobiernos que apaguen el fuego ya.
También se aprobó el Fondo de Recompensa destinado al esclarecimiento de delitos, lo que habilita campañas como la llevada a cabo en el marco de los incendios, de ofrecer dinero del Estado para señalar culpables en vez de destinar los recursos para apagar el fuego, para resolver la situación de los trabajadores de las brigadas, en comprar equipamiento, etc.
Seguimos enfrentando el ajuste de Torres en las calles
Basta de perseguir y criminalizar a los pueblos originarios. Abajo el ajuste de Ignacio Torres y toda su agenda represiva y derechista. Fuera el comando unificado, fuera Bullrich y Fuera Milei. Sigamos exigiendo por la liberación de Victoria, porque apaguen el fuego y restablezcan las condiciones de vida de los damnificados. Todo el apoyo a la lucha docente, auxiliares, trabajadores de la salud y otros sectores que se encuentran en alerta y movilización por salarios acorde a la canasta familiar patagónica.
