El 21 de enero estalló un nuevo escándalo vinculado a la violencia contra la mujer en Santa Teresita. Una joven de 18 años denunció (y luego lo reafirmaron sus padres) que fue violada en el boliche Systema por una persona ligada al establecimiento. Esto acontece a una semana de la denuncia de tres venezolanas víctimas de trata que implicaba a Ismael “el Peque” García, "prófugo" durante dos años luego de la muerte de una mujer en una fiesta clandestina en La Plata y recientemente detenido.

Esta vez, la violación denunciada es en un boliche bailable adquirido por Marcelo Maná de Castro. Este sujeto, al igual que “Peque” García, tiene pertenencia a Cambiemos. Fue candidato a intendente. Y propició el ingreso de un concejal de Unidad Ciudadana en vez de apoyar a su correligionario “Cotoco” García (Infonews).

El favor fue devuelto por el intendente Juan Pablo De Jesús (Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana) otorgándole el permiso de excepción para el funcionamiento de la discoteca, adquirida sin investigación de ningún tipo por 400 mil dólares por este verdulero devenido en bolichero.

Nuevamente aparece el maridaje de Cambiemos y el FpV. Cobijan prófugos, arman redes de trata, poseen discotecas donde se somete a mujeres, se vende alcohol a menores y estupefacientes. "Esto es moneda corriente", dijo a los medios un vecino.

Hay montada en La Costa una red de protección mutua entre Vidal y sus funcionarios de Cambiemos y el FpV.

Y no sólo en trata de mujeres, prostitución, narcotráfico y violaciones.

También a través de las obras como el Centro Cultural de Santa Teresita que se derrumbó en abril de 2018 y en donde murieron 6 trabajadores. Esta obra se hacía con fondos provinciales (son los acuerdos para que el PJ vote presupuestos y leyes de ajuste en la provincia). La tragedia puso en evidencia un sistema de obras con personal en negro, sin control ni supervisión de la construcción.

Se necesita una investigación independiente por parte de las organizaciones de mujeres y desmantelamiento de las redes de trata, prostitución y narcotráfico.

Apertura de los libros del municipio. Control por parte de los trabajadores de los fondos y de las obras. Juicio, castigo y cárcel a todos los responsables políticos y materiales de estos negociados.