Cuarenta y ocho horas después del atentado criminal en la Plaza de Mayo, el gobierno tuvo que retroceder en el intento de atribuirle el hecho a las organizaciones piqueteras. Sin embargo, hasta el momento de escribir estas líneas, el gobierno no ha producido un comunicado oficial que haga suyo, con todas las letras, el resultado de la pericia dada a conocer por el juez Oyarbide, que revela la existencia de un artefacto explosivo accionado a distancia (“algo deliberado, preparado y ejecutado por personas con conocimiento del tema” (Clarín, 23/12).

Desde el momento de la explosión, el gobierno alimentó la idea del autoatentado. La Policía Federal, a cargo de la pericia, lanzó la tesis de una bomba de estruendo; el ministro del Interior, la de un “accidente”, y el jefe de gabinete, Alberto Fernández, decía que había sido un “artículo de pirotecnia” mal utilizado. Al momento de la entrevista con las organizadores del acto, el lunes 22, el gobierno no había armado un discurso alternativo al planteo que había alimentado en todo el período previo.

¿”Este es el límite”?

Los dirigentes piqueteros, de la izquierda y de otras organizaciones que no habían participado en la concentración del sábado marcharon al frente de una movilización de 7.000 compañeros para reclamar al primer nivel el juicio y castigo a los responsables y el cese de la campaña oficial de provocación contra el movimiento piquetero; asimismo, convocar al subsecretario general de la Presidencia, Carlos Kunkel, por sus afirmaciones sobre infiltración de elementos de la Policía bonaerense en las organizaciones piqueteras y la entrega de todas las filmaciones hechas por el gobierno sobre la jornada del 20.

El planteo oficial, una vez que se logró la entrevista con el secretario general de la Presidencia, fue que el gobierno reconocía la existencia de un atentado criminal. Propuso la formación de una comisión investigadora en el ámbito del Ministerio de Justicia, auxiliar del juez, con la participación de dos miembros de las organizaciones.

Los límites de esta postura afloraron allí mismo.

El funcionario eludió reconocer la campaña insidiosa del gobierno para instalar la idea del autoatentado, así como negó rotundamente que el gobierno hubiese desenvuelto una campaña antipiquetera. Como se le consignó en la reunión, cuando el gobierno dice “nuestra orientación no es la represión a los piqueteros” está poniendo en debate el mejor método para aniquilarlos, en su caso, a través de la cooptación de los “buenos” y el aislamiento, y la provocación a los “duros”.

El gobierno no informó quiénes constituirían la anunciada comisión investigadora ni cuáles eran sus potestades reales (una iniciativa similar, prometida al Mtd Aníbal Verón sobre los asesinatos del Puente, jamás llegó a concretarse).

Victoria política

El gobierno tuvo que desandar los pasos en el camino de atribuirle la responsabilidad del hecho criminal a los propios piqueteros, un camino que tentó el propio Duhalde al producirse los crímenes de Puente Pueyrredón. “Curiosamente”, luego de dar a conocerse la pericia elaborada por la Policía Federal “el gobierno encargó ayer mismo una segunda pericia sobre los restos del artefacto explosivo. El ministro de Justicia, Gustavo Béliz – no quiso hablar del tema a pesar que la Federal depende de él – , se comunicó con un experto en explosivos del Ejército para que ponga manos a la obra” (Clarín, 23/12).

Finalmente, estamos en el país de la Bonaerense y de la Federal, y de las internas entre cada una de las fuerzas y en su interior, de los detenidos y liberados por el caso Belluscio, de los detenidos y liberados por los asesinatos de prostitutas en Mar del Plata, de los jueces que “cajonearon” los procesos de enriquecimiento ilícito de los “capos” de la “mejor policía del mundo”, de las “zonas liberadas” que habilitaron los escenarios de asaltos en Villa Urquiza, de los más de 50.000 efectivos de seguridad privada, mano de obra dispuesta y clandestina.