Políticas
3/2/2026
Patronales de Córdoba confirman que impulsan una reforma laboral esclavista
El 11 de febrero marchemos masivamente por la derrota de todo el paquete de leyes antiobreras.
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Abogado laboral
Agitación del Partido Obrero contra la reforma laboral.
Las patronales están militando una reforma laboral esclavista. Tiene que ver con una política del conjunto de los empresarios, que, apoyados en sus partidos políticos, quieren aumentar su tasa de ganancia liquidando conquistas históricas del movimiento obrero.
En ese sentido, la Fundación Mediterránea emitió un documento en el que alienta la reforma con modificaciones con las que apuntan a "reducir la litigiosidad, “modernizar” la ultraactividad de los convenios colectivos y "focalizar incentivos fiscales", según precisó La Voz. Además, una nota publicada en Perfil Córdoba (31/1) da cuenta de cómo diferentes sectores patronales de la provincia de Córdoba, luego de mantener una reunión con funcionarios nacionales, pisaron el acelerador no solo para avanzar contra los derechos laborales sino directamente liquidarlos.
En diez puntos clave plantean lo siguiente:
1) Avanzar contra las indemnizaciones o eliminarlas directamente en los casos de trabajadores que padezcan una patología o incapacidad permanente producto de un accidente no laboral, cuando la patronal “no disponga de otra área para reubicarlo”. Esto implica el despido directo de trabajadores incapacitados, sin posibilidad de percibir indemnización o recibiendo solo una parte de ella.
2) Que los bonos por desempeño (por ejemplo, presentismo) o los adicionales acordados por convenios colectivos que no formen parte del salario básico, sino que sean considerados “extras”, queden excluidos del cálculo del Salario Anual Complementario (SAC) y también de las indemnizaciones por despido.
3) La creación de juntas médicas laborales dependientes del gobierno, que funcionarían como centros de control médico para cuestionar las licencias de los trabajadores, incluso eliminando el derecho a solicitar licencia por enfermedades comunes como una gastroenteritis. Esto ocurre en un contexto donde, aun hoy, a muchos trabajadores en regla se les cuestionan las carpetas médicas y en numerosos casos no se les abonan. Cabe señalar que ya existe la posibilidad de solicitar juntas médicas a través del Ministerio de Salud.
4) Flexibilizar el Procedimiento Preventivo de Crisis, habilitando despidos masivos y suspensiones sin una negociación previa entre trabajadores, sindicatos y el Estado, generando mayor incertidumbre e inestabilidad para la parte trabajadora.
5) En el marco de negociaciones por suspensiones laborales, la patronal pretende que, si un sindicato acuerda suspensiones y representa a la mayoría de los trabajadores, otro sindicato del mismo ámbito laboral que haya logrado evitar suspensiones deba adoptar igualmente ese acuerdo. Esto deja relegados a los sindicatos con menor representación gremial, anulando su capacidad de negociación y representación efectiva.
6) La eliminación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que protege al trabajador frente a cambios arbitrarios en sus condiciones laborales y exige una negociación previa. Con su modificación, la patronal podría alterar unilateralmente las condiciones contractuales.
7) La eliminación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que la mera prestación de servicios demostrable genera la presunción de la existencia de una relación laboral. Sin este artículo, sería mucho más difícil probar el trabajo informal o “en negro”, ya que se elimina una presunción legal a favor del trabajador.
8) Modificar el baremo, que es la tabla que determina el porcentaje de incapacidad según el tipo de accidente o lesión, y que define el monto de la indemnización. La intención es establecer porcentajes fijos, reduciendo los montos indemnizatorios. Por ejemplo, una lesión de rodilla podría fijarse en un 4 % sin distinguir entre una torcedura leve o una fractura, cuando actualmente los rangos son: leve (0 a 5 %), moderada (6 a 10 %) y severa (11 a 20 %).
9) Buscan reducir la cantidad de delegados sindicales, estableciendo techos en lugar de pisos. Esto limita la representación gremial y debilita la defensa de las condiciones laborales, garantizando una mayor sumisión de los trabajadores. La modificación de la Ley 23.551 implicaría que la estabilidad y la tutela sindical alcancen a un número mucho menor de delegados por establecimiento.
10) Con la creación del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), se pretende eliminar directamente las indemnizaciones por despido. De este modo, cualquier reclamo o acción del trabajador podría derivar en un despido sin costo para la patronal, ya que el propio trabajador habría financiado su desvinculación.
Este avance sobre los derechos laborales constituye un ataque gravísimo a las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Las patronales buscan profundizar la precarización atacando la organización de los trabajadores, despidiendo sin costo, reduciendo salarios y empeorando aún más las condiciones existentes. Esta reforma laboral debe ser rechazada de plano por su carácter antiobrero y esclavista, ya que representa un retroceso histórico para la clase trabajadora.
El 11 de febrero, como trabajadores, debemos estar en las calles rechazando este avance contra nuestros derechos y denunciando el accionar cómplice de las centrales obreras que se niegan a convocar a un paro general.
La huelga general hasta derrotar a Milei y a los gobernadores aparece como la única salida frente a este ajuste y al deterioro de las condiciones laborales, no solo de los trabajadores activos, sino también de quienes intentan ingresar al mercado laboral. Este ataque va en dirección a la destrucción de los convenios colectivos de trabajo, las condiciones materiales de vida y una profundización aún mayor de la precarización laboral. Por eso es necesario impulsar asambleas, plenarios de delegados con mandato, en la perspectiva de construir la fuerza que derrote a todo el paquete de leyes antiobreras.
