En su intento de iniciarle juicio político a la Corte Suprema, Alberto Fernández perdió a ocho gobernadores que habían apoyado su reclamo contra el fallo respecto a la coparticipación de CABA. Entre los “desertores” se encuentran no solo los cuatro independientes (Sáenz de Salta, Herrera Ahuad de Misiones, Gutiérrez de Neuquén y la gobernadora Arabela Carreras de Río Negro) sino también gobernadores peronistas como Uñac de San Juan, Rodríguez Saá de San Luis, Bordet de Entre Ríos y Arcioni de Chubut. En el caso de Schiaretti de Córdoba y Perotti de Santa Fe estos no habían acompañado ninguno de los reclamos. Con Bordet hubo una crisis particular porque salió a desmentir su firma de apoyo que había sido anunciada minutos antes por el gobierno.

Lo de Arcioni es más esclarecedor. Arcioni está de licencia y fuera del país por lo tanto tendría que haber firmado su vice a cargo del ejecutivo provincial, cosa que no hizo. Arcioni es un aliado de Sergio Massa o sea que su no firma cobra mayor valor. El gobierno había juntado en el primer reclamo las firmas de 18 gobernadores y anunció la decisión de desobedecer el fallo de la Corte que le ordenaba pagarle a CABA casi el doble de lo que venía transfiriéndole. Sin embargo a las pocas horas retrocedió en esa postura y anunció su disposición a pagar en bonos, cosa que el gobierno de Larreta rechaza. De todas las medidas de “guerra” contra la Corte que anunció Fernández luego de la primera reunión con los gobernadores solo quedó en pie la del juicio político.

La marcha atrás según todos los indicios vino como resultado del revuelo que se armó entre los agrupamientos capitalistas, a los que no les gusta que se vulnere la “seguridad jurídica”. La alarma sonó también en el exterior. Desde la Casa Blanca mandaron un mensaje directo al presidente avisándole que si persistía en desconocer el fallo Estados Unidos le quitaba su apoyo en el FMI. En los círculos financieros, algunos advirtieron que los perjuicios económicos, por la caída de las acciones del país, iban a ser mayores que el costo de acatar la orden de la Corte. Seguramente los gobernadores “desertores” habrán evaluado que no era conveniente meterse en aventuras destinadas al fracaso que además irritan a los capitalistas. Massa, a todo esto, no abrió la boca pero es evidente que se encargó de revertir las “bravuconadas” iniciales, Arcioni lo corrobora.

A esta altura es claro que la pretensión de Alberto de liderar al “peronismo unido” en la lucha contra el Partido Judicial está condenada al fracaso. No hay ninguna unidad sino pase de facturas y para más el juicio político a la Corte no tiene chances de ser aprobado por la cámara acusadora, la de diputados, y a esta altura hay que ver si lo aprueba la comisión previa. ¿Insistirá AF metiendo el punto en la convocatoria a extraordinarias, condición indispensable para empezar a tratarla antes del 1° de marzo? Veremos. El pedido de juicio es una buena cortina de humo mientras el ajuste no solo se sigue aplicando sino que el FMI exige ir más a fondo, en un año electoral.

Estamos ante un gobierno que se va deshilachando al calor de la crisis, cada vez con más fugas y cambios de funcionarios. Lo único que lo sostiene, por ahora, es el apoyo de todas las fracciones del Frente de Todos a Sergio Massa y el cumplimiento del ajuste dictado por el Fondo.

A Larreta “las balas le pican cerca”

Con la resolución de la Corte Suprema a su favor, Larreta pensó que había avanzado varios casilleros en su carrera hacia la presidencia. A pesar de la filtración de los chats que involucran a su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, conspirando para ocultar una reunión en la mansión de Joe Lewis, en Lago Escondido, con espías, jueces, empresarios, hombres de Clarín, etc., el dictamen de la Corte obligando al gobierno nacional a pagar gran parte del reclamo por la coparticipación le daba un triunfo sobre sus competidores dentro del PRO: Patricia Bullrich y Macri. La incorporación de algunos bullrichistas (como el diputado Wolf) a su entorno así lo indicaba. Pero, las cosas se complicaron.

La aparición de nuevos chats hackeados del teléfono de D’Alessandro apuntó directo a Larreta. A través de ellos es claro que el ministro de Seguridad era a su vez recaudador de fondos “para la Corona” y que además actuaba de intermediario entre el propio jefe de Gobierno y empresarios del sistema de grúas y playas de estacionamiento para habilitar negocios amparados por el gobierno (D’Alessandro extendía su influencia incluso a Mar del Plata, sobre el intendente Montenegro).

La decisión de D’Alessandro de pedir una licencia “para defenderse” ha abierto otra crisis. Carrió, que apoya abiertamente a Larreta en la disputa dentro del PRO, salió a cuestionarlo por no defender a rajatabla a su colaborador directo. Bullrich salió a atacarlo por no colocar como eje la denuncia del operativo de hackeo, acusándolo de ceder ante una maniobra que atribuye al oficialismo y sobre todo al kirchnerismo, con eso vuelve sobre el planteo de que Larreta no tiene autoridad para gobernar el país. Algunos sospechan que la operación sobre el celular de D´Alessandro viene de adentro de PRO, o sea fuego amigo, lo cierto es que el propio larretismo ya avisó que aparecerán nuevos chats y que estos apuntarían a otra de las manos derechas del “Pelado”: Diego Santilli que fue jefe de D’Alessandro cuando siendo vicejefe del gobierno de la Ciudad manejaba el área de seguridad.

Jueces, espías, carpetazos: ningún interés popular en juego

Que las dos fuerzas políticas más importantes, las que manejan los resortes del Estado, estén envueltas en denuncias cruzadas no solo entre ellas sino también dentro de ellas es un síntoma de una crisis más profunda. Por un lado echa luz sobre la descomposición de régimen político la cual se ha ido acentuando a lo largo de las últimas décadas casi sin solución de continuidad. La justicia ocupa cada vez un papel más relevante en el rumbo de la situación política, cuando ella misma es parte de una lucha entre las distintas facciones capitalistas.

El acuerdo con el FMI y la necesidad de proceder a un ajuste draconiano implica por un lado enfrentar la resistencia de los trabajadores, que a través de luchas y conflictos demuestran la voluntad de dar pelea para impedir un mayor deterioro de sus condiciones de vida. Cuando solo habían pasado un par de días de iniciado el año, en pleno verano, la Unidad Piquetera se declaró en estado de alerta por el incumplimiento de los compromisos de la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz. Los trabajadores de Molino Cañuelas están en conflicto por su salario, los portuarios de Rosario le arrancaron la continuidad del plan de lucha a la burocracia, los trabajadores del hospital Eva Perón de Merlo, en el conurbano, están de paro por tiempo indeterminado. Los conflictos revelan que la situación no permite tomarse vacaciones con los reclamos.

Por otro lado, la marcha del plan Massa está llena de incertidumbres que se expresan en un freno en la actividad industrial por la falta de dólares para importar insumos, la caída del consumo, las presiones para devaluar que se manifiestan a través de los dólares financieros y las dificultades para afrontar la deuda en pesos. Todo esto agudiza la puja de intereses dentro de la clase capitalista y por lo tanto agudiza la crisis política. La dependencia del capital financiero y el emblocamiento con el imperialismo yanqui es un factor de desestabilización.

Para los trabajadores lo más importante es tener en claro que atrás de estas peleas que ocupan los titulares de los medios no hay ningún interés popular en juego. Para revertir la situación que padecen decenas de millones de habitantes de este país es necesario concentrarse en la organización de la lucha por los reclamos de los trabajadores, la exigencia de romper con el FMI, poner fin al saqueo capitalista del país, y para ellos es necesario actuar con independencia política de los partidos que nos vienen gobernando, romper con ellos y organizarnos bajo nuestras propias banderas.