Van contados cinco días desde el comienzo de los cortes de luz, extendidos por el Amba, que alcanzaron picos de entre 50.000 y 60.000 usuarios sin suministro eléctrico y que desataron el enojo de los vecinos, con cortes y algunos cacerolazos. Llegado este punto, la concesionarias privadas alegan “pérdidas” por las tarifas “controladas” y el gobierno “sanciona” al tiempo que libera tarifas y aumenta los millonarios subsidios.

Se trata del recurrente juego entre las distribuidoras eléctricas (Edesur y Edenor) y el gobierno, donde ambas se pasan la responsabilidad por la evidente desinversión en infraestructura y los cortes en el suministro eléctrico. Al tiempo de escribir este artículo, los cortes alcanzan a unos 10.000 usuarios, oscilando entre altas y bajas.

Para desentenderse de su responsabilidad, el gobierno ha multado a Edesur –la que acumula más cortes- por $105 millones por las interrupciones y $133 millones por atención deficiente, además de reclamar el no cobro de la energía no suministrada: chirolas que no compensan el daño emergente. Lo que se omite mencionar es que las distribuidoras absorben este “gasto excepcional” con los subsidios millonarios del Estado.

Tarifazos y subsidios: las dos caras del negocio energético

Las concesionarias privadas alegan que vienen realizando inversiones y que incluso llevan “perdidos”, hasta septiembre del 2021, $15.000 millones. Claro que esto responde a la contabilidad creativa de este sector parasitario, que se vale de los cortes de luz para reclamar mayor liberación de tarifas y recursos.

Esto ocurre a pesar de que el gobierno ya dio el visto bueno para un aumento de entre el 17 y 20% en las tarifas energéticas y cuando avanza con segmentación tarifaria y el quite de “beneficios” en la facturación por vía del reempadronamiento compulsivo.

La titular del Ente Regulador de Energía (Enre), Soledad Manín, ha salido a despegarse de Edesur y Edenor, señalando que durante el macrismo las distribuidoras recibieron un 3.200% de aumento en las facturas, sin que eso se traduzca en mayor inversión.

Los tarifazos del macrismo (ingreso directo a las distribuidoras) fueron en detrimento de los subsidios (ingreso indirecto). Asumido Alberto Fernández se invirtió la ecuación, preservando siempre los intereses de estos capitalistas parasitarios: los subsidios pasaron de US$ 4.400 millones en 2019, superando los US$ 10.000 millones para el 2021, según estimaciones del Instituto Mosconi.

Se estima que en los últimos diez años los subsidios energéticos acumularon US$ 132.000 millones, tres veces lo adeudado al FMI, para que llegado el 2022 la infraestructura energética siga colapsando con un golpe de calor.

A la presión de las distribuidoras eléctricas, a las cuales el gobierno amenaza de tanto en tanto sin producir ningún resultado concreto, por mayores tarifazos que eliminen la “tutela” del Estado de sus ganancias, se suma la presión por el aumento de los combustibles, sector desde donde reclaman una “actualización” del 30%. De consumarse todas estas aspiraciones patronales estaríamos ante un nuevo salto en los indicadores de pobreza e indigencia.

El negocio espurio de las distribuidoras energéticas debe terminarse comenzando por la apertura de los libros de toda la cadena energética (productoras, transportadoras y distribuidoras), para determinar el costo real de producción y garantizar las inversiones necesarias con la nacionalización del sector para ponerlo bajo control obrero y de los usuarios. Kirchneristas y macristas son ambos responsables de una política de saqueo y desinversión energética.

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