La muerte de un policía de la Ciudad por un paciente psiquiátrico en el barrio de Palermo suscitó discusiones entre los ministros bonaerense y Nacional de Seguridad, Sabina Frederic y Sergio Berni, acerca del uso de las Taser (un arma de electrochoque). Pero debe decirse que en este sentido no existe grieta: ambos funcionarios del Frente de Todos acuerdan con su uso, apelando al reforzamiento de las fuerzas represivas ante la crisis social.

A fin de febrero, el gobierno nacional adquirió 100 pistolas Taser. “Las armas son menos letales, tienen una utilidad, nosotros motorizamos su uso” dijo la ministra Frederic. En el mismo sentido, Berni en su raid mediático expresó: “no podemos discutir ideológicamente en el 2020 si Taser sí o no. Le pedí a Frederic las pistolas para equipar a nuestra policía”.

No hay ningún debate filosófico entre los ministros nacional y bonaerense: el gobierno del Frente de Todos, aunque aparezca matices en su superficie, tiene acuerdo en reforzar el aparato represivo para “combatir el delito”.

El problema central para los gobiernos (tanto nacional como provinciales) es cómo fortalecer el aparato represivo ante la evidencia de que, con la profundización de la crisis social, las medidas “pacíficas” de contención no alcanzan para frenar los reclamos y la lucha por los mismos. El aumento de la pobreza que han terminado de confirmar los datos del Indec, el crecimiento de la desocupación a casi del 30% de la población económicamente activa y la crisis habitacional como resultado de esta situación (y del uso de las tierras para la especulación inmobiliaria), que se expresa dramáticamente en las tomas de tierras a nivel nacional requieren recursos que el gobierno destina a sostener a los capitalistas. Y esta es la esencia de la política oficial; la misma Cristina Kirchner twitteó que la toma de tierras “no es una cuestión populista”, con respecto a que en el Chile del “derechista” Piñera también hay ocupaciones de territorios por familias empobrecidas.  Los gobiernos en América Latina, sean “nacionales y populares” o “derechistas”, descargan las consecuencias de la crisis sobre la espalda de lxs trabajadores.

El gobierno nacional y los provinciales desde el comienzo del aislamiento apostaron al empoderamiento de las fuerzas represivas con el argumento del “control de la cuarentena”. El resultado son los 120 casos de gatillo fácil, el aumento del sueldo a los policías de todo el país con centro en el motín de la Bonaerense, el megaplán de Seguridad que destina millones a reforzar la policía de Buenos Aires firmado por Alberto y Kicillof.

Berni se pasea por los canales, con el cuento de las diferencias de las Taser, para postularse dispuesto a ir a fondo con la mano dura, atrás de él están sus padrinos políticos, Kicillof y Cristina, que lo dejan hacer como el “permitido” de un gobierno que se postula como “progre”, pero la realidad es que están apostando fuertemente al reforzamiento del aparato represivo, por eso lo sostienen a pesar de las evidencias de su complicidad con la Bonaerense en el asesinato de Facundo Castro y de la pudrición de la fuerza que comanda.

Hay que desmantelar un aparato podrido destinado a reprimir la lucha popular y sostener los delitos pesados.