La decisión del gobierno de Milei de descontarle a Chubut 13.500 millones de pesos de su coparticipación desató una crisis de alcance nacional, que enfrentó a la casi totalidad de los gobernadores con el Presidente y con todo su gobierno.

Chubut no es una excepción. A través de Caputo, el gobierno tomó medidas que vacían las arcas públicas provinciales: eliminación de los fondos para educación, para el transporte, una caída del 95% de los envíos por ATN. A lo de Chubut se suma el recorte a la provincia de Buenos Aires de los fondos del Fortalecimiento Fiscal (más de 800.000 millones de pesos). Casi todas las provincias tienen deudas con la coparticipación como garantía y quieren renegociarlas, pero necesitan la autorización de la Nación, lo que negó a Chubut. En el medio de esta crisis, la provincia de La Rioja planteó una “convocatoria de acreedores” y entró de hecho en default, después de pagar salarios en bonos. Todo ello explica que los gobernadores -a excepción de Jaldo, de Tucumán- salieran a solidarizarse con el chubutense, incluso después que este amenazó con cerrar el grifo del petróleo y el gas -una medida que no dependía de su decisión sino de los trabajadores petroleros y que ningún dirigente de la burocracia sindical estaba dispuesto a impulsar.

El enfrentamiento entre el liberfacho y “Nachito” provocó la caída de la Bolsa porteña y de la cotización de los bonos en el exterior, así como el aumento del índice del “riesgo país”. La medida tomada por el gobierno nacional pone en duda la capacidad de las provincias de sostener nuevos endeudamientos y acompañar las inversiones capitalistas, si la Nación las traba.

Obviamente, no es el único problema que atraviesa la economía nacional. El gobierno alardea con haber obtenido un superávit gemelo, en el terreno fiscal y en la balanza comercial. Pero no se debe a una estabilización de la economía ni mucho menos a un despegue de la actividad económica. Todo lo contrario, Argentina está abiertamente en recesión, la caída de la actividad económica en diciembre fue del 4,5% respecto de diciembre de 2022 y del 3,1 en relación a noviembre de 2023. Al cierre por un mes de las cuatro plantas de la siderúrgica Acindar se suman las suspensiones en la industria automotriz y autopartista, y a la caída de 50.000 puestos de trabajo directos (y 100.000 indirectos) en la construcción, que en diciembre tuvo una baja interanual del 12,2%. Son algunos de los datos.

El gobierno mantuvo un superávit comercial porque pisó fuerte las importaciones -lo que agudiza la recesión. Y en el terreno fiscal “pisó” las erogaciones; es decir, dejó de pagar una parte sustancial a las provincias, pero sobre todo con la licuación de jubilaciones y salarios de estatales, en los fondos para salud, educación y asistencia social (¡comida para los comedores!). Este mecanismo es insostenible.

El gobierno busca que los “números” alienten al FMI a hacer un desembolso de entre 10 y 15.000 millones de dólares. En su visita al país, sin embargo, la subdirectora del FMI, Gita Gopinath, matizó su apoyo con varias advertencias: planteó que la dolarización no iba a ser apoyada por el Fondo, que era necesario un “mejor” impuesto sobre los ingresos. La funcionaria también sostuvo la necesidad de acelerar la devaluación, un reclamo de los exportadores, ya que en términos reales el dólar está al mismo valor que con Massa. El gobierno se niega a hacerlo porque sería un empuje fenomenal a la inflación; el combate contra la inflación fue convertido en la piedra basal del gobierno y el argumento para justificar todos los ataques a los trabajadores. El “fantasma” de la devaluación está a la vuelta de la esquina. La caída de los precios de los commodities significaría una pérdida de 5.000 millones de dólares que se sumarán a la resistencia de liquidar exportaciones si no hay un aumento del precio del dólar.

Crisis política

Gopinath centró su preocupación en si el gobierno tiene las condiciones políticas para ir a fondo con su plan, por lo que recomendó que busque los “consensos” necesarios. La pelea con los gobernadores, con el Parlamento, incluso con alta dosis de chabacanería e insultos, indica lo contrario. La idea de un gobierno de coalición, que aparecía como una necesidad ante la endeblez parlamentaria, fue descartada de entrada luego de la caída del proyecto de la ley ómnibus, pero pareció abrirse la posibilidad de un acuerdo con el PRO. Sin resolver los reclamos de los gobernadores parecía difícil, el conflicto con Chubut terminó de dinamitar, por lo menos en el corto plazo, esta coalición parcial. Más aún provocó una nueva crisis en el PRO, Macri trató de mediar, pero Bullrich fue a fondo contra los gobernadores. Cayó un alto funcionario de Bullrich en el marco de la división del bloque de diputados del PRO, unos que respaldaron a Torres y otros que cerraron con el ataque de Bullrich al gobernador.

La pretensión de establecer con Milei un régimen político de excepción que doblegue a las masas y discipline al conjunto de los sectores capitalistas vía un bonapartismo de derecha está en discusión, mientras en las calles a Bullrich le cuesta cada vez más aplicar el protocolo. Los intereses que representa (el capital financiero, los buitres, etc.) entran en colisión con otros intereses capitalistas, en esto reside la aceleración de la crisis política, y hasta ahora su mayor capital es el 56% de votos del balotaje, que se puede diluir al calor de la crisis económica, el deterioro social y las luchas populares. Milei explota a fondo el derrumbe político de las fuerzas políticas tradicionales, sobre todo del peronismo, para poder imponerse, consciente que eso fue lo que le permitió alzarse con la presidencia sin una fuerza política organizada y siendo una minoría absoluta en el Parlamento, las provincias y municipios; pero ello no le asegura la estabilidad a su gobierno.

Las crisis con las provincias han colocado en el centro al Poder Judicial y en particular a la Corte Suprema, a pesar que los cortesanos dilatan su intervención. Sucedió con el DNU y ahora con el recorte a las provincias; el mismo Milei termina apelando mediante el per saltum en una intervención directa de la Corte para dar vuelta el fallo de la Justicia federal que rechaza la quita de los fondos a Chubut. Mientras el enemigo de la Corte, Kicillof, termina apelando a ella para no tomar ninguna otra medida que evite el ajuste para los 17 millones de bonaerenses.

Gobernadores al ajuste

Los gobernadores que han salido a rechazar los recortes de Milei se han cuidado en dejar claro que lo que buscan es un acuerdo en torno al reparto de los fondos y la defensa de intereses capitalistas particulares. El propio Torres actuó como lobbista de las pesqueras, Jaldo de las citrícolas y las azucareras, los del NOA de las mineras, los de Patagonia de las petroleras y mineras. Declaran que quieren el éxito del gobierno (salvo cuando afecta los intereses faccionales que representan) y, sobre todo, defienden el ajuste contra las masas. Torres declaró orgullosamente que él era más ajustador que el gobierno nacional.

El ataque brutal que están recibiendo los trabajadores es viabilizado en gran parte por los gobernadores. En su mayoría incumplen acuerdos salariales con sus empleados (docentes, médicos, enfermeras, empleados públicos) con el argumento del ajuste nacional, y los municipios los hacen como resultado del doble ajuste (nación y provincia). Lo mismo sucede con las obras públicas, la asistencia social, los servicios de salud y educación. El apriete viene por el ataque a los ingresos y también por el aumento de las cargas con el aumento de tarifas, transporte (Tucumán lo acaba de llevar a casi 700 pesos), impuestos y tasas, etc. Las víctimas de los recortes de Milei, de las quitas a la coparticipación y otras son los trabajadores; los gobernadores buscan asociarlos a sus reclamos para neutralizarlos.

Torres se agarró de un fallo, que no le devuelve los fondos y que ha sido apelado, para “desescalar” el conflicto, lo mismo otros gobernadores, pero Milei ha decidido ir a fondo e imponerse con la seguridad de que estos no apelarán a una intervención activa de los trabajadores para ganar la pelea. Todo indica que el discurso el 1° en el Congreso irá en ese sentido.

Hacia una gran asamblea nacional de trabajadores                                         

El gobierno de Milei es una pesadilla para la inmensa mayoría de la población y fundamentalmente los trabajadores. Las evidencias son más que elocuentes: caída del salario real, licuación de las jubilaciones, de los salarios de los trabajadores ligados al Estado y de los planes sociales, despidos en el sector público, aumentos de tarifas, servicios, etc. Las universidades tienen congelados sus presupuestos y peligra su funcionamiento. Los comedores populares carecen de alimentos. Los medicamentos se encarecen hasta hacerse prohibitivos. El parate económico está provocando despidos en el sector privado: se prevé una pérdida de 400.000 puestos de trabajo formal en el próximo período, pero no hay sector de la industria que no tenga suspensiones, cese de contratos o despidos directos.

Esta es la base de la deliberación en el seno de los trabajadores, de los paros y luchas que se están produciendo, como las de los docentes con fuerte incidencia en algunas provincias, del paro de La Fraternidad, del paro aeronáutico, de la sanidad, de la federación portuaria, etc. Pero la burocracia las aísla, cuando no firma directamente a la baja, como en la mayoría de las paritarias. Por otro lado, están abandonando a su suerte a siete millones de jubilados, cuyos haberes están siendo literalmente destruidos. La perspectiva la marca el movimiento piquetero, que bajo la iniciativa del Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero unió en un plan de lucha a todos los afectados y a la mayoría de las organizaciones. Eso requerirá continuidad y una política de reclamo de plan de lucha a las centrales.

El peronismo interviene a través de la burocracia sindical tratando de contener los reclamos en medidas aisladas cuando la situación exige un paro activo ya. Quebrar la política de Milei requiere de un plan de lucha en el camino de la huelga general. La dilación de la burocracia deja a la clase obrera sometida a las presiones de la recesión, que las patronales usarán para avanzar sobre salarios y condiciones de vida.

No son los gobernadores ajustadores los que nos harán zafar de Milei, solo la intervención activa, organizada e independiente de los trabajadores tras un programa propio es la que puede abrir esa perspectiva.

Ganemos las calles con nuestros reclamos y organicemos la intervención de los trabajadores. Con esa perspectiva, a mediados de abril, se realizará una asamblea nacional de trabajadores ocupados, desocupados, de asambleas barriales y de la lucha de la cultura.

Y ofrezcamos un programa de salida. Por el inmediato aumento del salario, las jubilaciones y los planes sociales, por un mínimo de 600.000 pesos y un básico igual a la canasta familiar actualizados por inflación; comida para los comedores populares; prohibición de los despidos, ocupación de toda empresa que cierre; seguro al desocupado; indexación de los presupuestos de salud, educación y cultura; no al pago de la deuda usuraria; nacionalización bajo control obrero de las empresas de energía; nacionalización de la banca y el comercio exterior; plena vigencia de las libertades democráticas; no a la criminalización de la protesta social; desprocesamiento a todos los luchadores imputados.

https://prensaobrera.com/politicas/milei-le-roba-los-fondos-a-la-provincia-de-buenos-aires-kicillof-sigue-priorizando-los-pagos-de-deuda

https://prensaobrera.com/politicas/el-ahorro-fiscal-de-la-licuadora-se-uso-para-pagar-intereses-de-deuda