En un acto en la provincia de Mendoza, Sergio Massa anunció, frente al gobernador Rodolfo Suárez y a grandes productores, una serie de medidas tendientes a mitigar los efectos negativos que tuvo la helada tardía proveniente del Pacífico sobre los cultivos de las provincias cordilleranas. Sin embargo, se trata de incentivos dirigidos a las patronales que no representan ningún beneficio para los trabajadores.

Por un lado, habrá un fondo de $1.500 millones destinado a la recuperación productiva. A su vez, se impulsarán créditos con un periodo de 18 meses de gracia y a una tasa fija del 49 % anual y a tasa 0 para los pequeños productores. Por otra parte, Massa instó a los gobernadores de las provincias afectadas a reducir el costo de la energía de entre 40 y 50% en los próximos 18 meses para el sector agropecuario. Subsidios que embolsarán los empresarios del campo, pero que no modificarán en nada las migajas que cobran los trabajadores rurales. Sin ir más lejos, una movilización de contratistas de la viña irrumpió en el acto exigiendo un aumento del 120% de la remuneración por hectárea trabajada, dado que sus ingresos promedian los $70 mil, por debajo de la línea de pobreza.

No hubo precisiones acerca de qué provincias ni qué cultivos serán alcanzados por la asistencia estatal, aunque en el acto solo se hizo referencia a la producción frutícola y vitivinícola, y, previamente, el ministro de Economía se había reunido con los gobernadores de Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Catamarca para discutir un Plan Integral para Economías Regionales. Se desconoce, por lo tanto, si la producción de tomate y de verduras de hoja, fuertemente castigadas por las heladas, recibirán algún tipo de ayuda económica. Tampoco sabemos si el programa abarca a explotaciones de otras zonas geográficas que vienen sufriendo las consecuencias de la sequía, la cual afecta en forma severa a 7 millones de hectáreas del país. Lo cierto es que el gobierno no busca con este paquete de estímulos cuidar la “mesa de los argentinos”, sino proteger fuentes de ingreso de divisas vía exportación como la industria vitivinícola, cuyas ventas al exterior en el 2021 superaron los U$S 1.000 millones, la cifra más alta desde 2013.

Sí podemos afirmar que las medidas anunciadas no ayudarán a paliar el impacto que tiene la crisis climática en la siembra sobre la vida de la población trabajadora. El plan incluye el pago de un Repro, cuyo tope equivale al 50% del salario mínimo vigente (apenas $28.950) y no lo cobrarán aquellos empleados que perciban un sueldo que supere la suma de tres salarios mínimos. Sin embargo, nada impide que las patronales del campo descarguen la crisis sobre sus trabajadores, ya que no se prohíben los despidos y las suspensiones en función de preservar los puestos de trabajo.

A su turno, el titular de Hacienda les prometió a las Economías Regionales, que adhieran al programa Precios Justos, la posibilidad de exportar a un tipo de cambio preferencial entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre. Dicha prerrogativa, lejos de atenuar las implicancias inflacionarias de la caída en la oferta que generan estos fenómenos climáticos, promete acentuarlas puesto que conceder un dólar más caro obliga al Banco Central a aumentar su nivel de emisión. Por otro lado, sabemos que este nuevo control estatal sobre los precios fracasará tal como lo hicieron sus versiones anteriores, dado que las empresas siempre encuentran la forma de eludir las regulaciones, y, además, se trata de un congelamiento transitorio.

Si bien no se terminó de definir cuál será la cotización del mentado “dólar Economías Regionales”, podemos afirmar que no contribuirá en revertir la crisis de reservas. Muestra de ello es que una vez concluido el “dólar soja”, el capital agrario volvió a acopiar granos y el Banco Central continuó perdiendo divisas de manera impenitente. Desde ese momento a esta parte, la autoridad monetaria debió desprenderse de U$S 940 millones, lo cual evidencia que ningún estímulo cambiario puede surtir efecto a la hora de acumular reservas cuando predomina la fuga de capitales bajo todas sus formas.

Ante a las secuelas producto de las inclemencias del clima debemos organizarnos por un sueldo inicial de $190 mil y aumentos salariales indexados a la inflación, que protejan el bolsillo popular frente a la suba de alimentos, y en defensa de los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores rurales. Ningún despido, suspensión ni rebaja salarial, que la crisis la paguen los capitalistas del agro que amasan fortunas.