El titular de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunció que establecerán “controles para que los beneficiarios puedan acceder a los planes de manera directa, sin gestión de intermediarios” (Ámbito, 20/10). Sin embargo, se limitó a habilitar un “Canal Abierto de Denuncias” para que los titulares de dichos programas puedan dar aviso de “situaciones que vulneren sus derechos”, un verdadero “blef”. De más está decir que la implementación de una línea telefónica para realizar denuncias de ninguna manera servirá para desbaratar el andamiaje punteril que el propio poder político fogonea, es dejar al zorro al cuidado de las gallinas. Se trata de un acto de autoencubrimiento por parte del gobierno, y, ante todo, una burla hacia aquellos trabajadores precarizados que sufren en carne propia la coerción de los punteros políticos que dominan los barrios pobres del territorio nacional, bajo el amparo estatal.

Sucede que el Estado, a través de sus gobiernos, es el principal interesado en perpetuar un esquema de cupos a la hora de otorgar planes sociales y que el reparto de los mismos siga recayendo en las organizaciones intermediarias. De esta manera, los punteros de los partidos patronales que gobiernan los municipios se valen de la entrega discrecional de la asistencia económica para intentar mantener a raya al movimiento de desocupados. Finalmente, que las mayorías sumidas en la pobreza no levanten cabeza frente al ajuste de quienes gobiernan está en el centro de las preocupaciones oficiales.

Zabaleta, que viene de gobernar el partido Hurlingham, conoce mejor que nadie la prácticas punteriles promovidas desde las mismas intendencias y cómo los municipios conchaban mano de obra barata entre las personas que reciben un programa social, en lugar de contratar personal bajo convenio. Los nuevos “abanderados” de la transparencia son los primeros en precarizar trabajadores y garantizar todo tipo de atropellos contra la población más vulnerable, que apenas cuenta con $14.000 de un Potenciar Trabajo para subsistir. Como vemos, el Estado jamás podrá velar por los derechos de los explotados, dado que es artífice de todas la penurias que recaen sobre el pueblo trabajador.

Aquí la hipocresía gubernamental se combina con una decidida política de ajuste. A fin de cuentas, la negativa a viabilizar el acceso directo a los planes sociales está vinculada a la escasez imperante. Esto se ve claramente cuando reparamos en que hay 18 millones de pobres en Argentina y solamente alrededor de un millón de personas cobran un Potenciar Trabajo. Sin ir más lejos, de un año a otro se redujo un 45%, en términos reales, la ejecución presupuestaria destinada a los programas sociales, en función de cumplir con las exigencias del FMI. A su vez, la partida devengada en lo que va del año para el Potenciar Trabajo es cuatro veces inferior a lo que viene gastado el gobierno en el pago de vencimientos de deuda.

Por lo tanto, no hay asistencia social para todos aquellos que la necesitan, y, en su lugar, Desarrollo Social entrega un puñado de cupos. Es decir, el propio gobierno crea las condiciones para que exista, en los casos que mencionamos, una distribución arbitraria de los programas.

No obstante, es preciso aclarar que los anuncios se inscriben en una campaña por parte de los partidos del régimen de injuria contra las organizaciones de desocupados independientes del Estado. Sucede que los dueños del poder ven con preocupación el avance de un movimiento piquetero combativo, que gana las calles por trabajo genuino y desafía en cada barrio la malla de contención que suponen las organizaciones afines al gobierno y los punteros de los intendentes. Y, por lo tanto, buscan por todos los medios deslegitimar su lucha y mancillar su imagen, atribuyéndole métodos que son propios de la clase gobernante y sus agentes.

Desprestigiando a quienes pelean por sus reivindicaciones el gobierno pretende ocultar su propia responsabilidad en la situación de hambre y miseria que empuja a cientos de familias trabajadoras a la lucha. Pero como la hondura de la crisis social no se puede tapar con calumnias, las filas de la Unidad Piquetera crece, y lo hace sobre la base del método asambleario, el control obrero y la independencia política de los gobiernos de turno. Es por eso que solo los integrantes de este frente de lucha se pronuncian a favor de la universalización de los programas sociales para terminar con el manejo punteril. El oficialismo, en cambio, solo atina a abrir un inocuo “canal de denuncia”.

Es la Unidad Piquetera que traza la perspectiva del frente único entre trabajadores ocupados y desocupados y establece un programa de salida a la crisis, el cual contempla la obra pública, la construcción de vivienda popular, la creación de empleo genuino, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, la prohibición de despidos y suspensiones y los ingresos equivalentes a la canasta familiar. En definitiva, un planteo que defiende el derecho a vivir una vida deseable, derecho pisoteado por todos los gobiernos, y que arrancaremos por medio de la lucha.

 

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