Néstor Luján y Jorge Massaro, militantes del Polo Obrero heridos por la bomba colocada en Plaza de Mayo el 20 de diciembre, y Silvia Gorrini, abogada del Partido Obrero, patrocinaron la querella criminal presentada en Tribunales el pasado 23 de diciembre. En la presentación pública del reclamo estuvieron presentes Néstor Pitrola, por el Polo, y Christian Rath, por el PO.

El alegato constituye una denuncia rigurosa, día por día y declaración por declaración, de la campaña política antipiquetera alimentada desde la Casa Rosada. El escrito denuncia también que desde el momento de la explosión, el gobierno alimentó la idea del autoatentado: – un "accidente", según un primer informe de la Policía Federal, a cargo de la pericia; un "accidente", según el ministro del Interior, y un uso desafortunado de "artículos de pirotecnia", según el jefe de Gabinete. Los fiscales de la causa (Comparatore y Evers) se han apresurado a trazar un horizonte de impunidad antes que empiece la investigación: "No es fácil llegar a la autoría" (Clarín, 26/12).

En la entrevista con el juez Oyarbide, éste informó sobre todos los pasos dados en función de la investigación del hecho y leyó un informe revelador del titular de la seccional que tenía a su cargo el control del acto. Allí se informa sobre el número de efectivos dispuestos en la jornada del 20 y su ubicación, sin excepciones, detrás del vallado que daba a espaldas del escenario en que se desenvolvió el acto de la Asamblea Nacional de Trabajadores y otras organizaciones. La explicación del titular de la seccional es absolutamente cristalina: "Nuestra función era sólo resguardar la Casa Rosada".

El juez decidió citar a todos los representantes de las fuerzas que participaron del operativo de seguridad del 20, porque "vislumbra una sospecha, confirmada por fuentes de su juzgado, sobre la posibilidad de que efectivos de las fuerzas de seguridad no hayan vigilado de manera eficaz el área asignada"; es decir que existió una "zona liberada" para permitir la provocación (La Nación, 24/12).

El juez, en la misma entrevista, señaló que la decisión del ministro de Justicia de encargar una segunda pericia sobre la bomba al Ejército (Clarín, 23/12) fue hecha al margen y sin conocimiento del juzgado a cargo de la causa.

La maniobra de la Comisión

En la entrevista con representantes del gobierno en la Casa Rosada, el gobierno, luego de una crisis a raíz de su versión sobre el "autoatentado", propuso la formación de una comisión investigadora en el ámbito del Ministerio de Justicia, auxiliar del juez, con la participación de dos miembros de las organizaciones. La decisión fue rechazada en pleno por el Bloque Piquetero Nacional y otras organizaciones cuarenta y ocho horas después, a través de una declaración en la que se reclama la "investigación y cárcel" a los responsables del atentado y, muy importante, "el cese de la campaña del gobierno contra el movimiento piquetero y las organizaciones obreras y populares en lucha". La propuesta del gobierno no era más que una maniobra, una mascarada sin poder de decisión alguna para comprometer a las organizaciones convocantes de la masiva movilización del 20 y atenuar las denuncias sobre el papel de la Casa Rosada en el clima creado para la provocación. No existe comisión que pueda proponerse una investigación en regla si no dispone de todos los poderes para indagar hasta en los últimos rincones del Estado, una cuestión que quiebra el principio conspirativo de funcionamiento de la "democracia".

En las próximas horas, el BPN y los convocantes a la ANT definirán los pasos de movilización que están planteados por el "juicio y castigo" a los responsables del atentado criminal del 20 de diciembre.