Políticas
9/5/2024
¿Por qué decimos que está en riesgo el derecho a protestar en la Ciudad de Buenos Aires?
Dos años de prisión por movilizar. Si marchaste ocho veces, podés ir a un juicio por dieciséis años tras las rejas. Vamos a la audiencia pública del 10/5 con Gabriel Solano en la Legislatura.
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El dirigente del Partido Obrero.
La intención de generar arquitecturas jurídicas con el objetivo de amedrentar a los luchadores populares y de acrecentar las penas contra las personas que se movilizan es un anhelo de la burguesía y una parte importante de su personal político. Javier Milei a nivel nacional, y Jorge Macri en la Ciudad, buscan transformar esos deseos en realidad. El jefe de Gobierno porteño ya mandó su “Ley de Reiterancia”, algo que también tiene en carpeta el Ejecutivo nacional.
Es por eso que, desde el Partido Obrero-FITU en la Ciudad, hemos lanzado una gran campaña para dejar en claro dos cosas: el derecho a protestar está en peligro y no vamos a dejar que nos lo quiten.
El sábado pasado, en la Feria del Libro, realizamos una charla con esta temática. Gabriel Solano, en el stand de la Legislatura, la abrió expresando qué es la “Reiterancia”. El legislador planteó que esta figura jurídica implica una modificación del Código de Procesal Penal de la Ciudad, que permitiría la detención de quienes tienen un proceso judicial abierto aunque no haya una condena firme. Podría incluso ni siquiera haber procesamiento en curso.
Solano planteó que fue Macri el que hizo propio el modelo Mendoza. Allí, luchadores populares, como ocurre con Martín Rodríguez y Lorena Torres del Polo Obrero, se exponen a penas de hasta dos años de prisión efectiva por movilizarse. Un verdadero régimen persecutorio que el PRO busca traer a CABA. No sorprende, lógicamente, de alguien que viene de difundir en sus redes la expulsión de la gente en situación de calle de la propia calle, sin salida habitacional alguna. Por su parte, Solano presentó que el derecho a protestar, en riesgo por esta nueva posible legislación, es el derecho madre, es decir, es el derecho que nos permite pelear por otros derechos. Por eso llamamos a defenderlo, incluso a la gente que no necesariamente esté de acuerdo con todos los reclamos que hoy se abren paso en la calle.
La charla también contó con presencias destacadas en el campo de la lucha en favor de la protesta social y contra su persecución. Nicolás Ramos, periodista de Anred e integrante del colectivo “Ojos que sí la ven”, que recopila y muestra acciones en favor de las luchas populares, hizo una muestra de fotos contra la represión y el accionar policial. En particular, citó el caso de Edwin Fredi Ocabcha Condori, compañero del Polo Obrero, hospitalizado en abril luego de la feroz represión en la 9 de Julio. Matías Darabos, abogado de DD.HH, contó su experiencia de haber sido brutalmente maltratado y detenido ilegalmente por la policía luego de la marcha universitaria, relató su experiencia y resaltó la importancia de la defensa del derecho a la protesta. Se comprometieron, ambos, a participar de la audiencia pública.
Jeremías Cantero, del Polo Obrero, comentó que la criminalización a los que luchan no es casual: va contra quienes ponen en la calle el cuestionamiento a las políticas de hambre y pobreza. No solamente de este gobierno. A su vez, habló de la importancia de la organización de los trabajadores migrantes, particularmente en peligro, en el caso de lucha popular, con la Ley de Reiterancia. Tatiana Fernández Martí, Consejera Directiva en Filosofía y Letras de la UBA, contó la experiencia del “Molinetazo” por la que fue acusada por el gobierno nacional. Curiosa situación: el concesionario de la empresa “Emova” del subterráneo de CABA, Benito Roggio, admitió él mismo haber otorgado coimas, luego de declarar como “arrepentido” en la “Causa Cuadernos”. Es decir, que una persona por saltar un molinete en una acción de lucha contra un tarifazo merecería más pena que un empresario concesionario del Estado que infringió la ley a partir de obtener beneficios con un servicio público.
Este viernes 10, en el salón Montevideo de la Legislatura, realizaremos una audiencia que, entendemos, es el inicio de una campaña en regla en defensa de un derecho clave. Participarán diputados, organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales, piqueteros, estudiantiles, activistas del movimiento popular, entre otros. La organizamos desde la presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional.
Todo para defender ese derecho que no puede dejar de existir. El de poder protestar.
