Políticas

29/4/2026

¿Por qué el ataque a los trabajadores del Inti nos afecta a todos?

Sobre el desguace que impulsa el gobierno de Milei.

Conferencia de prensa en el Inti.

El cierre del Inti supondría no solo la pérdida de miles de puestos de trabajo en un cuadro de aumento de la pobreza y la desocupación, sino también un duro ataque contra los trabajadores en general.

El organismo se encarga de realizar controles de calidad para distintas industrias como la alimentaria o la hidrocarburífera -incluso en la salud reproductiva-, lo que tiene una incidencia directa en la seguridad y la salud de las personas que consumen los productos que comercializan las empresas o que usan ciertos artefactos u objetos producidos por otras.

Como es sabido, la banda de Milei y Sturzenegger busca despedir a 1.400 de sus trabajadores de los 2.300 que aun se desempeñan a lo largo y ancho del país. Desde que asumió Milei se perdieron alrededor de 800 puestos de trabajo bajo la forma de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, cierre de contratos de monotributistas y renuncias por bajos salarios.

Por su parte, el directorio del Inti dio de baja 1000 servicios industriales que realizaba el Instituto afectando en forma directa a 700 puestos de trabajo.

Estos embates impactan, por ejemplo, en el sector alimentario (se realizan ensayos microbiológicos para detectar salmonella, listeria, etc.), en los análisis de calidad de agua y efluentes (metales, potabilidad, etc.), en el chequeo de seguridad en materiales eléctricos y de la construcción, y en las áreas de certificaciones oficiales.

Daniel Luna, trabajador del Inti, explicó que todos los productos que se comercializan tienen que cumplir con determinadas normas exigidas por organismos reguladores como Anmat, Secretaría de Comercio,   Enargas, entre otros.

El organismo posee el único laboratorio capacitado para hacer ensayos de ascensores; capacita a los soldadores que trabajan haciendo los gasoductos que se utilizan en la industria hidrocarburífera y a la mano de obra que se desempeña en el sector de energía nuclear; tiene la potestad de certificar al personal que labora en los talleres aeronáuticos; y realiza la evaluación de envases y embalajes -uno de los servicios que el gobierno considera en estado de subutilización, lo que fue desmentido por los trabajadores. También realiza controles de seguridad eléctrica, electrónica y control de combustibles.

El gobierno eliminó servicios esenciales como los vinculados “a los ensayos de cargas verticales, aplicables a campamentos mineros o estructuras modulares, en análisis de detección de patógenos en productos cárnicos, cereales, lácteos y aceites, de contaminantes y aditivos, de determinación de calidad nutricional, entre otros” (El Cronista, 22/4). También aquellos ligados a la infraestructura eléctrica, como los ensayos de flexión de caños o durmientes, y otros importantes para el traslado de insumos mineros o del agro, como los de tracción de bolsones.

Por lo tanto, como señaló Luna, “está en riesgo la población por su repercusión en el consumo de alimentos, en los materiales para la construcción; los accidentes en las rutas podrían dispararse al no tener el caucho de las gomas la resistencia adecuada; hasta puede impactar en el uso de pinturas (por su toxicidad) al no contar con normas de seguridad básicas”. Y hay otros aspectos de la vida social que pueden verse sacudidos por la política criminal del gobierno de Milei, como lo ha puesto de manifiesto Yamila, quien trabaja en el Inti hace 21 años y es licenciada en comunicación y profesional del Centro de Tecnología de Gestión y Conocimiento.

No solo remarcó que podría dispararse sustancialmente el riesgo de muertes por intoxicación, sino que también alertó sobre el impacto de la medida en la industria del caucho e indirectamente en la salud reproductiva de las personas: dejarían de hacerse ensayos de preservativos, en momentos en que crecen los casos de sífilis (enfermedad que prácticamente había sido erradicada) y VIH y en medio de un ataque brutal contra la salud pública como puede verse en los conflictos abiertos en Pami y en hospitales como el Garrahan. También denunció que golpearía el control del látex de los guantes, perjudicando a los pacientes y a los médicos.

Asimismo, denunció la pobreza salarial imperante: un profesional con 10 años de antigüedad cobra 1 millón de pesos, monto que está por debajo de la canasta de pobreza medida por el Indec libertario.

Estamos ante una orientación criminal que se desenvuelve en función de promover el negocio de distintos sectores capitalistas. Es imperioso defender los puestos de trabajo para evitar que los trabajadores queden en la calle y se afecte aún más la salud del pueblo argentino. Está prevista una nueva asamblea del Inti, convocada por la Multisectorial, que viene impulsando las medidas de organización y de lucha. Apoyemos la lucha del Inti; allí resolver cómo seguir la pelea. No a los despidos. Abajo el ajuste del gobierno.

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