Las primeras semanas del gobierno de Javier Milei fueron lo suficientemente categóricas para dejar en claro que su objetivo es llevar adelante un plan de guerra contra los trabajadores de características históricas. En un lapso de tiempo muy corto el gobierno lanzó una reforma laboral por decreto, realizó una devaluación monetaria que incrementó el dólar en más del 120%, golpeando duramente a los salarios y las jubilaciones, anunció y empezó a aplicar tarifazos a los servicios y el transporte público, incrementó por encima del 100% el precio de los combustibles, despidió miles de empleados públicos, agravó el recorte de fondos a las provincias, y por esa vía a la salud y la educación pública, aplicó un protocolo represivo violatorio de las garantías constitucionales y busca imponer “esencialidad educativa”, que es un ataque al derecho de huelga de la docencia -el gran actor en defensa de la educación pública- y las brutales cláusulas de cárcel efectiva a los manifestantes y huelguistas que configuran un régimen de infantería contra las masas.

Aunque Milei busca justificar estas medidas arguyendo que “no hay plata”, lo cierto es que su programa generó una transferencia de recursos de los trabajadores al capital, para el que sí hay plata y mucha. Los acreedores de la deuda pública tendrán “más plata” porque sus bonos están atados al tipo de cambio o la inflación; los monopolios petroleros porque los combustibles duplicaron su precio; las concesionarias de los servicios públicos por los aumentos de tarifas y, más en general, la clase capitalista por la licuación de salarios, que están en su piso histórico.

Oposición cómplice

Lo sucedido durante estas semanas también fue suficiente para mostrar cuál es la conducta de la oposición colaboracionista ante el gobierno. El debate sobre la Ley Ómnibus mostró que esta oposición, representando la posición de los gobernadores, tuvo choques parciales con Milei en nombre de los intereses capitalistas y no de los trabajadores. Sus demandas, que luego derivaron en cambios del proyecto original, apuntaron a quitarle impuestos a los sectores del capital del agro y también de la industria, o a proteger áreas de negocios de sus respectivos grupos empresariales en la pesca, la energía o la minería, lo que llevó a que Milei decida retirar el capítulo fiscal del proyecto y cambiar aspectos de otras cuestiones económicas. El festejo de la Sociedad Rural, de la Unión Industrial y compañía, expuso para quiénes trabajan los gobernadores y sus bancas parlamentarias.

Lo sucedido con los jubilados sintetiza esta lucha de intereses. Después de muchas idas y venidas, el gobierno decidió mantener la fórmula de movilidad de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner porque le asegura una licuación de los haberes de dimensiones catastróficas: frente a una inflación trimestral estimada en un 80%, el aumento de jubilaciones de marzo será solo del 35%. Y en relación con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, todos los bloques acordaron en robárselo a la Anses (o sea, a los jubilados), limitando la disputa a si parte de esos fondos servían para compensar la deuda de las cajas provinciales o quedaba todo en el arca del Estado nacional.

Los retrocesos y negociaciones que tuvo que aceptar Milei implicaron un golpe indudable a su pretensión de montar un régimen de poder personal de derecha, pero ese golpe no puede confundirse con un triunfo de los trabajadores. Esos límites fueron impuestos por sectores capitalistas y sus representantes parlamentarios en función precisamente de sus propios intereses. Ocurre que el nivel alcanzado por la crisis es de tal magnitud que se transforma en inviable la tentativa de conciliar intereses capitalistas contrapuestos. En estas condiciones, la burguesía nacional del campo y la ciudad no quiere entregarle a Milei un cheque en blanco, porque teme que la camarilla que lo rodea, mayormente reclutada entre las filas del capital financiero y los fondos de inversión, monopolice la mayor parte de la plusvalía generada en el país para valorizar los títulos de la deuda pública en perjuicio de otros intereses empresariales. Los debates parlamentarios fueron en este punto muy instructivos y bien vistos, hasta pueden ser utilizados para un curso de formación política. La “casta política” emergió como defensora de intereses capitalistas muy concretos, refutando el relato libertario que presenta a los empresarios como víctimas de una casta irresponsable y derrochona. El Parlamento se convirtió en la caja de resonancia del capital. La invocación a la “defensa de las provincias” de los gobernadores y los diputados debe ser refutada porque solo pretende revestir con un carácter popular intereses corporativos y privados.

Para la izquierda estas conclusiones son cruciales. Su rechazo al montaje de un régimen de poder personal no puede hacerse en nombre de la defensa del Parlamento burgués profundamente antiobrero. Y el rechazo al ajuste no puede llevarlo a confundir banderas con los gobernadores, sino que debe esforzarse en presentar un programa de oposición al conjunto del régimen actual.

Quiebra a la vista

Las interminables disputas parlamentarias y no tanto por el reparto de los negocios capitalistas contrastan con el apoyo cerrado que esos mismos bloques les han dado a las medidas antiobreras de Milei. Por el Congreso desfilaron todas las cámaras patronales exigiendo que no se avance contra el DNU que busca imponer una reforma laboral por decreto. Quienes más se empeñaron en ese lobby fueron las llamadas “pymes” y la propia Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que suelen ser presentadas por la centroizquierda y el kirchnerismo como aliados estratégicos de los trabajadores. El capital de menor porte exige medidas más antiobreras con el argumento de que solo así puede sobrevivir en la competencia capitalista. Oculta, sin embargo, que esas pymes suelen operar en la práctica como tercerizadas del gran capital, que indirectamente se beneficia de la superexplotación de la fuerza de trabajo utilizada en la pequeña y mediana empresa.

Este programa antiobrero anuncia más penurias para los trabajadores, pero está muy lejos de allanar una salida para el país. La inflación ha pegado varios saltos y agotará los efectos de la devaluación de diciembre ya en las próximas semanas. Con seguridad, el gobierno marcha a una nueva devaluación, que agravará el alza de los precios y también los efectos recesivos sobre la actividad económica. La quiebra del Estado tampoco puede ser superada por un ajuste fiscal clásico. Mientras se reducen los gastos sociales por la licuación inflacionaria de los presupuestos públicos, crecen los pagos de deuda atados a la inflación o al tipo de cambio. La quiebra del Estado no tiene que ver con los gastos sociales, sino con el saqueo financiero y económico de ese Estado por el capital.

Profundizar la lucha

Ante este cuadro, los trabajadores tenemos un desafío enorme: movilizar todas las fuerzas de nuestra clase para derrotar este plan de guerra que comanda Milei con el aval de los gobernadores y de las fuerzas parlamentarias que responden al capital. El paro de 12 horas con movilización realizado por la CGT el 24 de enero insinuó la potencia que puede tener una acción de los trabajadores. Se trató, sin embargo, de un primer paso que debe ser profundizado, preparando las condiciones para la huelga general. Esta política choca con la estrategia de la CGT, a la que se asimilan ambas CTAs y toda la burocracia sindical, que solo está dispuesta a acciones aisladas que sirvan, por un lado, para negociar con el gobierno, y, por el otro, para ser parte de una reorganización del peronismo de cara a nuevas elecciones. Esta estrategia bien puede incluir algún que otro paro aislado en un futuro, pero excluye por completo la disposición de luchar para derrotar al gobierno y la ofensiva capitalista en marcha.

A su modo, el kirchnerismo replica esta misma estrategia. Su pretensión es mantenerse en una oposición ‘principista’ mientras varios gobernadores peronistas ya se suman de manera más abierta y ostensible a la política de Milei. Al final, y pasados los seis meses en los que prescriben las disputas internas según Cristina, volverán a presentarse unidos. Esta maniobra choca con una piedra en el camino. Kicillof, el gobernador kirchnerista de la principal provincia del país, está aplicando directamente un ajuste en la provincia de Buenos Aires. La lucha contra la política de Milei debe ir de la mano de combatir sin miramientos el ajuste de los gobernadores.

Para los trabajadores es necesario pasar a la acción con los elementos que están a su alcance. El reclamo de la reapertura de las paritarias para recuperar lo perdido por la inflación y establecer la indexación mensual es crucial; lo mismo que para el movimiento piquetero enfrentar la ofensiva del gobierno que se expresa en el congelamiento de los planes y la eliminación en la práctica de la asistencia a los comedores populares. Este pliego ha sido tomado en sus manos por el movimiento obrero y piquetero combativo. Además, en las primeras semanas de lucha han surgido también numerosas asambleas populares que votan medidas de acción y se esfuerzan en garantizarlas, y también un fuerte movimiento en defensa de la cultura.

Ante esto hacemos una propuesta concreta: impulsar una Asamblea Nacional de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas populares y la cultura. El objetivo es poner en pie un reagrupamiento para impulsar la lucha en los lugares de trabajo y en las barriadas. En las próximas semanas comenzarán las clases y con seguridad el movimiento docente y estudiantil saldrá a la calle contra Milei. Tenemos que sumarlo como un actor fundamental para preparar las luchas.

Hacemos esta propuesta y la colocamos a deliberación de todo el movimiento popular. Al ajuste de Milei y de los gobernadores lo tenemos que derrotar con la huelga general.

 

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