Los precios alcanzaron en enero una suba récord, desde que comenzó su gestión, para los alimentos (4,9%), solo comparable con el 5,3% obtenido por el macrismo en noviembre del 2019. A pesar de que el gobierno centre toda su política contra la inflación en el control y regulación de precios, ni el programa Precios Cuidados logra “anclar” las subas de los alimentos y bienes de primera necesidad.

Los propios datos del Indec arrojan subas en el arroz (5%), arvejas (4,4%), agua sin gas (4,7%), café molido (6,2%), jabón en polvo (5,7%), algodón (4%), shampoo (5,1%), jabón de tocador (5,1%) y pañales (7,9%), todos productos que cuentan con oferta regulada en Precios Cuidados.

Desde el gobierno plantean que la canasta de productos “regulados” alcanza a unos 1.300 bienes de consumo masivo y no a todo el mercado. Sin embargo, la suba de estos precios es un indicador de la farsa de la teoría del “anclaje”, por la cual la oferta de un producto de referencia a precio accesible debería deprimir el precio de primeras y segundas marcas del mismo.

La remarcación de los precios regulados viene, incluso, con el aval oficial. Recordemos que el gobierno “pactó” con las patronales de la alimentación un aumento trimestral del 6%, con un límite del 2% mensual y revisión trimestral de dicha pauta.

El gobierno ha abusado hasta tal punto de esta teoría que hasta se llegó a hablar de una Empresa Nacional de Alimentos, que produzca “bienes de referencia” a precios accesibles, sin intervenir sobre la cadena de valor del mercado, ni alterar el negocio de las “diez” patronales de la alimentación que controlan el negocio.

Otro dato, no menor, es que Precios Cuidados solo se ofrece en las grandes cadenas de supermercados, que abarcan solo el 30% del mercado de consumo, y cabe señalar que las patronales aplican “cupos” a dichos supermercados, lo que restringe la oferta de los mismos.

La “lucha contra la inflación” que manifiesta el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, es con pólvora mojada. El pacto de Alberto Fernández con el FMI plantea una orientación de liberalización de tarifas y precios, y devaluación, que golpea justamente en los bolsillos obreros.

Lejos de la cortina de humo de “regulación oficial de precios”, es preciso intervenir sobre toda la cadena de valor de los alimentos y bienes de consumos masivo, abriendo los libros de las principales empresas, bajo control obrero, y nacionalizando el comercio exterior, para fijar desde allí las políticas correspondientes al sector.