El Indec publicó el dato de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria del mes de febrero, con una inflación que bate records de los últimos 20 años. Mientras que la primera ascendió a $177.063, la segunda llegó a $80.483. La inflación golpea el doble a quienes menos tienen. El ajuste fondomonetarista es una máquina de generar nuevos trabajadores pobres e indigentes.

Se trata de los datos que miden las canastas que integran la casi totalidad de los gastos de las familias obreras, con la excepción que la canasta básica no incluye el ítem vivienda. Con estos números, la canasta básica (referencia de pobreza) creció un 8,3% en febrero y un 111,3% interanual; y la canasta alimentaria (referencia de indigencia) lo hizo un 11,7% en febrero y acumuló un 115,1% interanual. Ambas contra una inflación promedio del 6,6% para febrero y 102,5 interanual.

Que las canastas superen holgadamente a la inflación promedio del IPC no es un dato menor, ya que estas reflejan la evolución de los precios de bienes y servicios de primera necesidad para la clase trabajadora, dando cuenta de un mayor deterioro en el poder adquisitivo de los salarios que indica un crecimiento de la pobreza y la indigencia en el país.

En el acumulado de los primeros dos meses del año las canastas suben un 20% (alimentaria) y 16% (básica), con una inflación promedio del 13,1%. Estos datos reflejan lo absurdo de guiarse por una pauta oficial para la inflación del 60% para todo el año, que esconde el propósito de enterrar los salarios e ingresos populares, aplicando las recetas de ahorro fiscal del FMI y respaldando los intereses patronales.

El impacto de la suba de los alimentos (9,8% para febrero) en ambas canasta es notable, siendo de los bienes más indispensables para las familias trabajadores, demostrando el fracaso del programa Precios Justos. A esto se suman las subas en otros ítems impulsadas por la liberación de tarifas y precios del gobierno, como es el caso del transporte, los servicios esenciales, combustibles, etc.

La política del gobierno de poner un techo a las negociaciones paritarias del orden del 60% y/o acuerdos semestrales del 30% implica un cepo a los salarios frente a la inflación que las burocracias sindicales oficialistas han aceptado, lo que coloca la tarea de quebrar esta orientación ruinosa.

El gobierno es totalmente consciente del efecto de la inflación sobre los bolsillos de los trabajadores, método que se utiliza también para licuar el gasto público del Estado y cubrir así las metas del FMI. El mejor ejemplo son las jubilaciones, las cuales recibieron recién en marzo una actualización trimestral del 17%, cuando antes de cobrar ese aumento la canasta alimentaria ya alcanzaba el 20%. Es lo que reconoció recientemente La Cámpora en su último comunicado público, pero sin hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe al frente de innumerables posiciones en el Estado e integrando el gobierno actual con la vicepresidencia de Cristina Kirchner.

El deterioro de los salarios e ingresos populares es una política de Estado, que busca profundizar en las medidas reclamadas por el FMI y por las patronales, y que llevará necesariamente a un crecimiento de las necesidades sociales.

Esta situación pone aún más de relieve la necesidad de organizar la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados contra el ajuste, con un primer capítulo el próximo 21 de marzo cuando se encuentra convocado el Consejo del Salario, que deberá actualizar el salario mínimo que se encuentra por el piso ($69.500).

El salario mínimo debe ascender al menos hasta el valor de la canasta básica de $177.063m junto con una recomposición general de los salarios para que estos cubran el valor de la canasta familiar que mide la junta interna de ATE Indec en $253.647 (al 31 de enero).

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