Luego de que el gobierno aprobara aumentos para las prepagas que acumulan un 114% para los últimos 13 meses acaban de decretar una nueva regulación para las mismas, que implica una indexación mensual con el 90% de lo que aumente la media de los salarios estables. Las prepagas se garantizan así un negocio seguro contra salarios que no aumentan al mismo ritmo.

Esta nueva regulación tendrá una vigencia de 18 meses y comenzará a regir a partir del 1° de febrero del 2023. Hasta el momento, el gobierno autorizaba los aumentos mes a mes o a intervalos de dos meses, según un cálculo que contemplaba un 50% de movilidad por paritarias y el resto por aumentos en los medicamentos, insumos médicos y “gastos en general”.

A partir de ahora las subas en las cuotas de las prepagas tendrán como tope el 90% del aumento mensual publicado por el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) del mes inmediato anterior.

La medida de desdoblar el último aumento del 13,8% en dos cuotas (diciembre y enero) de 6,9% sirve solo para ocultar la estadística oficial, ya que el impacto total es casi el mismo.

También se establece un límite para el caso de los planes con copagos, los cuales deberán ofrecer valores “a un precio de, como mínimo, un 25 % menor al plan sin copagos”.

La empresas siguen contando con esquemas favorables de aumentos y actualizaciones sin siquiera poner a disposición sus libros para determinar cuál es el costo real del servicio que prestan, lo que les permite acumular ganancias significativas. Además solo pagan un cuarto de los aportes patronales, siendo subsidiadas por el Estado.

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Este sistema regirá para el caso de los titulares que registren ingresos netos inferiores a seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) –el resto seguirá bajo el sistema anterior- y no se establece ninguna diferenciación para el caso de jubilados, con haberes muy inferiores a los salariales, una actualización deficitaria y panes de seguro médico de valores exorbitantes.

Según datos del gobierno hay alrededor de 6 millones de usuarios de los servicios de medicina prepaga, aunque casi un tercio de estos pertenece a planes corporativos. Calculan en alrededor el 1,6 millones el universo de beneficiarios que accedieron por contratos de adhesión y/o derivación de aportes, un número que se reduce conforme avanza la precarización laboral, el trabajo informal y la caída de los salarios.

De esta forma el gobierno garantizó durante todo el 2022 una recomposición de las ganancias de los capitalistas de la medicina privada –sector dominado por un puñado de empresas-, junto a otros beneficios como exenciones en los aportes. Ahora consolida esa posición con una actualización mensual atada a la porción de los salarios más estables y no a la evolución de los ingresos del conjunto de la población trabajadora, activa y pasiva, excluyendo a miles del sistema.

Los capitalistas del sector viven extorsionando al Estado y a los trabajadores con que si no se le asignan los aumentos que pretenden estos mantendrán los salarios de sus empleados sin aumentos. Extorsión que sigue vigente para futuras manipulaciones.

Por la apertura de los libros de la empresas y el fin de los “planes vip” con altos copagos y cuotas inaccesibles. Por una cobertura única e integral, de acceso a toda la población, particularmente a quienes más lo necesitan, sin filtros ni exclusiones.

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