Este martes 27 de agosto tuvo lugar la presentación en la Legislatura Bonaerense del proyecto de ley que busca impedir que la provincia siga brindando patrocinio legal y asistencia técnica a la defensa de policías procesados por violaciones a los derechos humanos. El proyecto fue presentado por el diputado Guillermo Kane, del PO-FITU, y en la audiencia de presentación contó con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, Correpi y una nutrida cantidad de familiares de víctimas de gatillo fácil y de femicidios y travesticidios donde se encuentra implicada la maldita bonaerense.

También estuvieron presentes y tomaron la palabra Vanina Biasi, diputada nacional del PO-FITU, impulsora del proyecto, y Laura Cano, diputada provincial del PTS-FITU, quien se sumó como co-autora del mismo. La audiencia y el proyecto también contaron con la adhesión de Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro; de María Laura Bretal, sobreviviente de La Cacha; Laura Santillán, del caso Alejandro Martínez; Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro; y del colectivo Antirrepresivo 7 de Pergamino, entre otras adhesiones que siguen llegando.

El proyecto consiste en la derogación de toda normativa que otorgue el privilegio a la policía bonaerense, fuerzas de seguridad y de lugares de encierro a tener una defensa técnica-jurídica del Ministerio de Seguridad para garantizar la impunidad de los casos de gatillo fácil y torturas en cárceles y comisarías. Para garantizar su efectivo cumplimiento crea una comisión independiente del Estado con organismos de DDHH en coordinación con la Comisión por la Memoria.

El proyecto ataca un punto fundamental en el entramado de impunidad en la provincia. Como denunció Mabel Valdez, hermana de Sofi Fernández, mujer trans asesinada en 2023 en una comisaría de Pilar, la asistencia que brinda la provincia a los policías acusados fue el primer paso para otorgarle la libertad a 9 de los 10 que estaban detenidos, quienes además han vuelto a cumplir funciones en la fuerza. La asistencia técnica de parte del Ministerio de Seguridad de Javier Alonso, hombre de Sergio Berni, va más allá de un equipo especializado de abogados, ya que aportan peritos de parte y otros recursos para abogar por la libertad de los policías y la impunidad de los responsables del asesinato de Sofi.

Los participantes que tomaron la palabra fueron muy claros al señalar y brindar ejemplos de que el de Sofi no es un caso aislado, sino todo lo contrario. Es la regla en prácticamente la totalidad de los casos desde que el gobierno de Scioli restituyó la Asesoría Letrada de la policía bonaerense en 2009, como bien recordó Rodrigo Pomares de la Comisión Provincial por la Memoria. La posibilidad de contar con una asesoría profesional y especializada con la que cuentan los efectivos implicados en casos de gatillo fácil y violaciones a los derechos humanos contrasta de forma brutal con las posibilidades y recursos con los que cuentan las familias de víctimas de estos casos.

En la actualidad, la provincia se encuentra incluso por detrás de acuerdos que el Estado nacional suscribió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un acuerdo del año 2023 se promovió una resolución nacional, vigente al día de hoy, que prohíbe este tipo de defensas corporativas del Estado a agentes de fuerzas federales implicados en casos de “violaciones graves a los derechos humanos”. La provincia de Buenos Aires, con su asistencia legal y técnica, se encuentra hoy por fuera y violando este acuerdo.

En un comunicado posterior a la audiencia, la diputada nacional Vanina Biasi declaró: “Los abusos, las torturas y los peores crímenes por parte de las fuerzas policiales no solo son moneda corriente, sino también lo es la cobertura y protección política y estatal. El trasvesticidio de Sofi Fernández es una prueba más de ello. Con un juez que niega la carátula como crimen de odio y un ministerio dirigido por un hombre de Sergio Berni, Javier Alonso, que los blinda con su cobertura legal. La asimetría con la familia de Sofi es total. Vamos a seguir luchando contra toda esta impunidad, por Sofi y por todas las víctimas de la prepotencia y los crímenes de la policía y el Estado”.

Por su parte, Guillermo Kane, quien además preside la comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional, denunció la defensa “incondicional” del accionar policial en el que coinciden Sergio Berni, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel y que dictaminan el accionar del Estado provincial. Por último, señaló que: “mientras aumentan las muertes por gatillo fácil y por causas dudosas en comisarías, el supuestamente progresista Kicillof sostiene el pacto de impunidad. El uso de la bonaerense contra las acciones de los obreros del Sutna y las manifestaciones de desocupados en Mar del Plata muestra el uso para el cual se preserva a la corrompida bonaerense: la represión contra las luchas obreras contra el ajuste”.

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