El presupuesto 2023 de CABA, que tendrá tratamiento el jueves 10 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es una nueva edición del ajuste que el PRO lleva adelante en sus sucesivos gobiernos en la ciudad.

En primer lugar, debemos mencionar que Larreta se vale del presupuesto de Massa para establecer un cálculo a la baja de la inflación (60%), para de esta manera subestimar la recaudación y así disponer luego de partidas para un manejo discrecional. El presupuesto, tanto el nacional como el de CABA, se redacta en las oficinas del FMI, y tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio lo aplican a rajatabla allí donde gobiernan.

Como indicador principal, el presupuesto en términos reales se reduce un 4% en relación al 2022 (Acij, 14/10/22). La participación del rubro salud en la totalidad del presupuesto desciende 1 punto, en el mismo momento en que residentes y concurrentes revelan la crisis que vive la salud pública. Del 2007 a la fecha se redujo del 23% al 16%. Por el lado de la educación, rubro que se vanagloria Larreta como un ejemplo a seguir, se mantiene en torno al 20%, cuando en el 2011 ocupaba el 28% del total del presupuesto. En vivienda, se mantiene un magro 4%, cuando existen más de 400.000 personas en emergencia habitacional.

En líneas generales se trata de un presupuesto en el cual se recauda a través de los impuestos al consumo, es decir, los que pesan más sobre los trabajadores y sectores populares, mientras se dan exenciones a grandes empresarios. Tanto el ABL como patentes se actualizan por inflación –cosa que no ocurre con los salarios abonados por el gobierno como es el de residentes, docentes, municipales. Algo similar ocurre con ingresos brutos, que se traslada a los precios y por lo tanto se actualiza también por inflación. Se mantiene el regresivo impuesto sobre las tarjetas de crédito.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Frente de Izquierda (@frentedeizquierda)

En la presentación que el ministro de Hacienda realizó en la legislatura graficó que por distintos rubros de exenciones la ciudad dejaba de recaudar aproximadamente $90.000 millones, siendo $26.000 millones de ellos referidos a los “distritos” que promueven la instalación de empresas de determinados rubros económicos, a cambio de dicha exención.

El gobierno de CABA exhibió un superávit fiscal en el primer semestre de 2022 de alrededor de $100.000 millones. Sin embargo, aduce que no cuenta con recursos para otorgar el aumento que reclaman los residentes, para pagarle a los concurrentes, para desasbestizar el subte o para finalizar el Hospital Grierson. El colmo se da estos días con el Cesac 15 de San Telmo, en donde su necesaria mudanza a un edificio más amplio está frenada porque el gobierno condiciona su mudanza a rematar tierras e inmuebles públicos.

Para lo que sí tiene recursos Larreta es para su campaña electoral. Bajo la fachada de la “Transformación no para”, este rubro se incrementa un 171%, llegando a unos $9.416 millones. En los últimos tres años se incrementó 406%.

La situación de los trabajadores

Los salarios siguen dando cuenta de un empobrecimiento de los trabajadores dependientes del gobierno de la ciudad. Al ya referido conflicto de residentes (con salarios de $300 la hora) y concurrentes (con trabajo no pago) se suma la situación de docentes, municipales y enfermeros. Una docente con un cargo con 12 años de antigüedad cobra $95.000; una enfermera licenciada con 5 años de antigüedad y con horas nocturnas cobra $120.000; una municipal de planta con 30 años de servicio apenas llega a los $91.000. En todos los casos se trata de salarios que están por debajo de la línea de pobreza.

Es tal el deterioro del salario docente que se vienen multiplicando la cantidad de horas y cargos que quedan vacantes, con la correspondiente pérdida educativa para miles de niños. El gobierno que se jactó de “abrir las escuelas” y extender los días de clases no puede ni garantizar la cursada normal.

El gobierno sigue recurriendo al fraude laboral de decenas de miles –se estima por encima de los 20.000- de trabajadores municipales precarizados con contratos de locación de obra. Un caso paradigmático es el de los trabajadores agentes de tránsito, quienes luego del asesinato de Cinthia Choque, dieron cuenta de su situación de precariedad, y, a pesar de que en ese momento Larreta prometió el pase a la planta permanente, éste se ha realizado a cuenta gotas y abarcando a una mínima parte de la totalidad de los trabajadores.

Salud pública

El deterioro de la salud pública no se limita únicamente al reclamo de residentes y concurrentes. El vaciamiento de la Obra Social del Gobierno de la Ciudad (Obsba), que maneja en tándem con la burocracia de Sutecba, se ha convertido un verdadero suplicio para municipales, docentes y sus familias. La obra social que tiene cerca de 300.000 afiliados y recauda $3.200 millones por mes, tiene un déficit mensual de $600 millones. Esto se materializa en la imposibilidad de conseguir turnos para las más elementales atenciones y prestaciones. El ocultamiento de los libros contables revela que el vaciamiento ha sido un operativo consiente por parte de Larreta y Sutecba, en función de utilizar la caja de la Obsba como caja propia. Son ellos mismo quienes a lo largo de las últimas paritarias llevaron a que haya 23 ítems no remunerativos en el salario que van al bolsillo, pero no a la obra social.

A eso se suma que las trabajadoras enfermeras de los centros de salud públicos siguen siendo discriminadas, al no reconocerles el pase a la carrera profesional. Días atrás, una jueza porteña falló a favor de que Enfermería, Bioimágenes y Psicomotricidad pasen a la carrera profesional. Sin embargo, tal como lo revelan las partidas presupuestarias, Larreta pretende apelar dicho fallo con un Poder Judicial copado por jueces y fiscales que responden directamente a él.

Otro tanto ocurre con la salud mental, a la cual el gobierno destina casi la totalidad de los fondos para los cuatro hospitales psiquiátricos públicos pero “no ha avanzado en su obligación de sustituir las instituciones monovalentes por dispositivos de base comunitaria que garanticen un abordaje integral, interdisciplinario y de calidad en materia de salud mental” como denuncian una decena de asociaciones en defensa de la salud mental. “Tampoco avanzó en asegurar que  todos los centros de salud cuenten con equipos interdisciplinarios (psiquiatras, psicólogas/os, terapistas ocupacionales, trabajadoras/es sociales, entre otros) que brinden asistencia en materia de salud mental, y que todos los hospitales generales públicos incorporen servicios de atención ambulatoria y de internación para quienes lo requieran”, agregan. Esto se evidencia en la nula cobertura de salud mental que tiene la población que recurre a la salud pública para su atención.

Educación

La educación en más de una década de gobierno del PRO se ha caracterizado por la permanente subejecución presupuestaria la cual ha ido subsumiendo la educación en una situación de permanente deterioro.

Graficando lo relativo a este año, lo destinado a Infraestructura Escolar está por debajo de las partidas de publicidad. A su vez, se mantiene la cantidad de becas alimentarias que en el 2022, siendo este un ítem que ha cosechado un fuerte repudio por lo escaso y de mala cantidad que ofrecen las empresas privadas concesionarias de los comedores escolares.

En el presente presupuesto se blanquean las carreras abiertas en la UniCABA y en su orientación subyace el destaque que el GCABA hace de la misma en detrimento de los Institutos de formación docente.

Emergencia habitacional

La situación de emergencia habitacional no es contemplada en el presupuesto. El 4% destinado a vivienda da cuenta que Larreta no tiene el menor interés en resolver esta situación, más bien lo contrario. Las supuestas urbanizaciones de las villas no han avanzado más que superficialmente. Un caso paradigmático es el de la villa 31, en donde las viviendas nuevas sufren desperfectos edilicios a pocos meses de haberse inaugurado.

La Ley 341, referida a cooperativas de vivienda, en donde intervienen organizaciones sociales que llevan adelante planes concretos y realizables de viviendas colectivas, no cuenta con presupuesto alguno. En cambio, Larreta es un promotor acérrimo de la especulación inmobiliaria y de la construcción de torres que luego quedan sin habitar. El subsidio habitacional que otorga $8.000 a personas en situación de calle, y que no alcanza para alquilar ni una habitación, no actualiza sus montos y cada vez cuesta más su otorgamiento debido a la innumerable cantidad de condiciones que piden.

Para 2023 hay un recorte del 9% en obras para villas. Muchas de las villas de la ciudad no tienen asignado un presupuesto propio. La 1-11-14 y Ciudad Oculta, que no cuentan con leyes de urbanización, sufren recortes por encima del 40%.

El problema de los alquileres afecta a una porción importante de quienes viven en la ciudad. Informes de la Dirección de Estadística muestran que por ocho trimestres consecutivos los alquileres crecieron por encima de la inflación, haciendo que en muchísimos casos alquilar en CABA se vuelva prohibitivo y obligue a mudarse al conurbano. El valor promedio de un monoambiente se ubica en unos $59.000, es decir, por encima del salario mínimo.

Vamos por lo nuestro

Los sectores combativos de la ciudad se movilizarán ese día para rechazar el presupuesto de Larreta. Los residentes y concurrentes movilizarán ese día y los sindicatos docentes Ademys y UTE pararán y montarán un acto. Una delegación de la Unidad Piquetera, que estará realizando su jornada de lucha nacional, se sumará para reclamar por las partidas para gastos sociales, habitacionales y de alimentos para los comedores. El Partido Obrero, se movilizará dentro y fuera de la Legislatura para oponerse a este presupuesto de ajuste.