Con el dictado esta semana del Decreto Nacional 895/2024, se produce el momento del desenlace final que, como en un mal libreto cinematográfico, estaba cantado desde el anterior Decreto Nacional (el 718/2024). Al respecto, sendos artículos de Prensa Obrera (del 4 y el 19 de agosto pasado) fueron muy precisos en definir que ese desenlace no era otro que la privatización de las centrales hidroeléctricas lisa y llanamente.

Se derrumba todo el palabrerío de ambos gobiernos provinciales sobre la “soberanía energética” de las provincias sobre los recursos naturales. Se derrumba la ficción sobre una participación directa de ambos gobiernos en el proceso que definiría los aspectos “cruciales” de tal proceso licitatorio.

Además, también se derrumba una cuestión más de fondo, que tiene una raíz común con todos los recursos naturales: el famoso “dominio originario” de los Estados, el que se expone como la entelequia que es, porque bajo el capitalismo ningún recurso o bien estatal es otra cosa que un medio para la explotación capitalista. Y, además, una explotación irracional y depredadora.

Milei-Caputo-Sturzenegger, expresan sin hojarasca esa ley del sistema, y todo gobierno que apoya la ley Bases y sus derivadas actúa como un cortesano complaciente. No es diferente en el caso de los cursos de aguas.

El recurso y las centrales: por chirolas

Para los estados provinciales los hidrocarburos, el litio, el oro, el agua o cualquier otro recurso natural son, a lo sumo, una fuente de recaudación de regalías, pero jamás una fuente de desarrollo de bienestar y progreso social para la clase obrera y los sectores populares.

El “federalismo” y el “dominio originario” se termina en un rango que va desde el 3% al 12%. Eso es todo.
El gobierno de Neuquén, tras anunciar entusiasta que tendría un lugar en la mesa de consenso sobre las licitaciones hidroeléctricas, dice oponerse ante el nuevo Decreto Nacional ¿Pero se opone? Ni tantito así, como diría el Che.

Hace unas horas, en el aniversario de la localidad de Mariano Moreno, el gobernador Rolando Figueroa fijó su “oposición” en que: “Se nos debe y mucho a los neuquinos con las regalías hidroeléctricas. Por eso, en virtud de la licuación de las regalías que han generado distintos gobiernos nacionales, yo me comprometo a reclamar hoy mismo para que nos comiencen a pagar. La totalidad de las regalías a la provincia del Neuquén nos lo van a tener que pagar en especie para que los neuquinos tengamos electricidad como nosotros nos merecemos y al valor que nosotros la generamos”.
Se conforma con las chirolas. Y en especie, es decir, que las privatizadas simplemente paguen el correspondiente porcentaje por el uso (en beneficio propio) del recurso natural, con una cantidad de kilovatios anuales.

Ni siquiera esto es nuevo. En el presupuesto 2024, elaborado como parte del proceso de transición por los equipos del actual gobernador, se parte del supuesto de que las regalías hidroeléctricas se “sigan cobrando en especie”. Tanta oposición para no pretender algo que ya no ocurra. Un distraído podría argumentar: bueno, teniendo disponibilidad de energía eléctrica, generada en la propia provincia, los neuquinos no sufren tarifazos o cortes de los servicios. Nada de eso, los tarifazos en electricidad están a la orden del día y existen fábricas electrointensivas (las cooperativas ceramistas, la Piap) que no pueden pagar lo que consumen. Lo que plantea el gobernador como “crítica” es que todo siga como hasta ahora, y encima por chirolas, porque las regalías hidroeléctricas no llegan al 1% de lo que son las regalías hidrocarburíferas.

Esto al punto que la provincia presupuestó ingresar más por concepto de canon extraordinario hidrocarburífero, que por regalías hidroeléctricas. A esto se reduce el “enojo” del gobernador Figueroa y la amenaza de reclamar a través de la Fiscalía de Estado “el pago de regalías hidroeléctricas adeudadas por nación”. Por esas chirolas entregan el recurso natural, en este caso los cursos de agua y embalses, porque estos solo producen electricidad sin mueven las turbinas de una central hidroeléctrica. O sea el recurso natural no está al servicio de las necesidades populares, sino de producir una renta capitalista. Y por ello se producen todo tipo de calamidades para las necesidades populares. Desde ríos que se vuelven arroyitos y escasea el agua en las redes y para riego, la proliferación de algas dañinas para la vida acuática, la inundaciones cuando se decide turbinar frenéticamente, etc. El manejo de los caudales queda a merced del lucro capitalista.

El dominio originario de los Estados queda en el papel o algún discurso y pasa a ser el dominio real de las empresas. Como todo el complejo energético nacional, la estatización bajo control obrero y de los usuarios permitiría terminar con las calamidades ambientales y los tarifazos, y ponerla al servicio de un desarrollo productivo que genere miles y miles de puestos de trabajo.

Milei eliminó el fondo para financiar la Ley de Bosques

En los primeros seis meses del año, el desmonte arrasó con 59.557 hectáreas de bosque nativo. –

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