Por medio de un decreto, el gobierno eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). De ese modo, se barre con uno de los aspectos centrales de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la “ley de bosques”.

La normativa fue reglamentada en 2009 como resultado de lucha del movimiento socioambiental con el objetivo de limitar el desmonte. La misma insta a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) utilizando la siguientes categorías de conservación: rojo para los sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse; amarillo para los sectores de mediano valor de conservación que solo pueden utilizarse para el aprovechamiento sustentable, turismo e investigación científica; y verde para los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad. El OTBN debe ser actualizado cada cinco años.

A su vez, la ley establecía la creación de un fondo fiduciario para distribuir entre las provincias cuyos OTBN fueran aprobados por la autoridad nacional competente, que hoy sería la Subsecretaría de Ambiente. El 70% iba dirigido a los dueños de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos y el 30% debía destinarse a los gastos de funcionamiento y proyectos de las comunidades indígenas y campesinas. El financiamiento estaba compuesto por el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios del año anterior. Con el decreto de Milei, ese fondo nacional ya no existe y el piso mínimo de partidas tampoco. Este recorte llevó que renunciara el director de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente, Octavio Pérez Pardo.

Eliminando el fondo fiduciario Milei se hace de una caja superavitaria, teniendo en cuenta que, “entre enero y junio de 2024, el Fobosques tuvo ingresos corrientes por $4.219 millones, pero solo gastó $321 millones (en bienes y servicios y otros gastos), un 7,6% de sus recursos. En 2023 el Fobosques también había finalizado con un resultado financiero positivo: tuvo ingresos por $12.711 millones y gastos por $4.819 millones” (Chequeado, 8/10).

De este modo, el gobierno de La Libertad Avanza profundiza el desfinanciamiento de una ley que todas las gestiones presidenciales anteriores se encargaron de subejecutar. Según la fundación Vida Silvestre, desde su aplicación, la ley de bosques recibió menos del 10% del presupuesto que le correspondía. Ahora esta realidad se agrava: el Presupuesto 2025 le asigna una partida equivalente al 2,1% del monto correspondiente.

Entre los límites que tuvo la aplicación de la ley podemos mencionar la falta de cumplimiento por parte de los gobernadores. Sin ir más lejos, hasta el año pasado el 70% de las provincias no había actualizado su OTBN. Por otra parte, recategorizan áreas para que pasen a estar en amarillo o verde cuando deberían estar en rojo. En ese sentido, llama la atención que en las provincias del norte solo el 18% de los bosques está dentro de la categoría roja; en las provincias del centro, apenas el 5%.

En 2010 la Defensoría del Pueblo reveló que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de aquel momento aprobó OTBN provinciales que la Dirección de Bosques había rechazado porque incumplían los criterios de sustentabilidad ambiental de la ley de bosques, especialmente las de Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa y Salta. Lo anterior ilustra la arbitrariedad con la que se realizan los ordenamientos territoriales.

A su vez, tampoco se respetan las áreas protegidas y avanza el desmonte sobre sectores rojos y amarillos. Incluso, se incumple la prohibición de deforestar en provincias que no han actualizado su OTBN. Así las cosas, según un relevamiento realizado por Greenpeace, entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en el país fue de casi siete millones de hectáreas; el 75% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. El Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de Argentina, publicado en 2022, da cuenta que el 42,3% del bosque nativo deforestado fue para uso agropecuario.

Bajo el gobierno de Milei la problemática está recrudeciendo: durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo, 15% más que en el mismo período de 2023. Una orientación al servicio del capital agrario y en detrimento del ambiente y las comunidades.

Rechacemos el vaciamiento de la ley de bosques y organicemos la lucha por su implementación efectiva.

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