La jueza federal Silvina Domínguez ordenó el procesamiento con prisión preventiva para cuatro de las siete mujeres mapuche detenidas en Bariloche, víctimas del violento desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, el pasado 4 de octubre, a manos del Comando Unificado compuesto por fuerzas federales y provinciales. También se procesó a otros integrantes de la comunidad.

El dictamen judicial recae sobre la machi Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas, por considerarlas coautoras penalmente responsables del delito de usurpación por despojo de los predios donde está el exHotel Mascardi y “La Escondida”, y sobre María Celeste Ardaiz Guenumil, acusada de haber participado de la supuesta “usurpación”. Además, se las embargó a las tres primeras por $10 millones y esta última por $5 millones. Hasta el momento, esos cargos se encontraban bajo secreto de sumario, es decir, las mujeres arrestadas desconocían de qué se las estaba acusando.

Paso seguido, se ordenó el procesamiento con prisión preventiva para Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan, todos miembros de la lof. Uno de los defensores de los imputados, Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados, adelantó que apelarán el fallo de la jueza.

Por otra parte, las otras tres presas mapuche, Andrea Despo, Débora Daniela Vera y a Florencia Melo, fueron sobreseídas tras comprobarse que no formaban parte de la comunidad y habían ido allí a realizar tratamientos curativos con la machi Betiana. Andrea fue la primera en recuperar su libertad, el pasado 11 de octubre, y encabezó la marcha que tuvo lugar lugar en Bariloche exigiendo la liberación de todas las lamien, bajo la consigna “Nunca más balas – Nunca más cárcel por defender el territorio”. En una entrevista, describió la brutalidad del accionar policial al momento del desalojo, relatando que “un milico nos dijo ‘al piso mierda o las matamos’, le dije que era un viejo nazi y respondió ‘a mucha honra´” (Diario Ar, 14/10).

Otros testimonios también ilustran la represión que se vivió en el operativo. “La machi estaba cambiando los pañales de su bebé de cuatro meses, mientras su otro hijo de cuatro años jugaba alrededor de ella. La habían ido a buscar las otras mujeres de la comunidad para ir al rewe (centro sagrado) a levantar un nguilipun, ceremonia mapuche, porque les habían comunicado que se veían movimientos militares en la ruta nacional 40. Escucharon ruidos de escopetas y gritos y, al instante, vieron a los militares rodeando sus hogares. Después de arrojar gases lacrimógenos en el interior de su casa, sacaron a la machi a la fuerza cuando todavía no había terminado de cambiar y abrigar a su bebé. Unas horas después estaba detenida. En simultáneo, ocurría lo mismo en las casas de las otras mujeres de la comunidad. Sus hijitos e hijitas, al ver que se las llevaban, corrieron por el cerro varios kilómetros en altura, escapando de los perros de la policía que los corrían. Pasaron allí todo el día y el comienzo de la noche, sin autorización de la jueza que lleva la causa para ir a rescatarlos. Fue una jornada de mucho frío y lluvias” (Revista Anfibia, octubre 2022). 

Fruto de la movilización popular, se conquistó que las mujeres procesadas cumplan la prisión preventiva de manera domiciliaria, en un centro mapuche que funciona en Bariloche, puesto que tienen a su cargo niños pequeños y hasta bebés lactantes; luego de la aberración de haber trasladado a Martha, Andrea y Débora a Buenos Aires, sin siquiera notificar a la defensa, separándolas de sus hijos, y que gracias a la lucha la jueza debió dar marcha atrás en su decisión.

Romina, incluso, dio a luz en cautiverio el pasado 16 de octubre, atravesando múltiples episodios de violencia obstétrica: sufrió golpes por parte de los uniformados en su estadía en la dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche, una vez en el Hospital zonal Ramón Carrillo se le negó el acompañamiento de su partera, y, como si fuera poco, durante la internación no tuvo ningún tipo de intimidad ya que había una cámara dentro de la habitación que la monitoreaba permanentemente.

El gobierno del Frente de Todos criminaliza a los miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu para aleccionar al conjunto del pueblo mapuche que viene luchando para recuperar su territorio ancestral. Es un ataque también a la Lof Takul-Chewke, asentada en el predio del exclusivo Hotel Llao Llao a las afueras de Bariloche, a la Lof Cushamen, ubicada dentro de la estancia del grupo Benetton, y a tantas otras comunidades que reivindican su derecho a volver a habitar las tierras de las cuales fueron expulsadas. El oficialismo pasa por alto el reconocimiento constitucional a la preexistencia de la población indígena y la obligación del Estado de otorgarle títulos de propiedad comunitaria (como estipula la Ley 26.160); desconoce la legislación vigente y se posiciona en defensa de los grandes negociados de la región, turísticos e inmobiliarios en el caso de Villa Mascardi.

Los “nacionales y populares” no tienen ningún reparo en desalojar a familias que viven de trabajar la tierra, para cuidarle el bolsillo a millonarios como María Magdalena Jiménez Tournier, dueña de la estancia “La Escondida”, que, además operar en Uruguay con la Compañía Inversora del Sur Agente de Valores SA, integró con su esposo, John Fergus Grehan, el directorio de Agreserver SA e interviene en la forestal CS Patagónica S.A. A su vez, la empresaria figura en los registros del Banco Central por haber adquirido dólares para luego declararlos como tenencias en el exterior, U$S 994.000 en 2008 y U$S 1.702.720 en 2009. A todas luces, quienes atentan contra la soberanía nacional no son los mapuche sino los empresarios como Tournier que fugan capitales.

Así las cosas, el gobierno de los “derechos humanos” no solo continúa sin aplicar políticas reparatorias hacia la comunidades mapuche por lo que significó la “Conquista del Desierto”, un genocidio perpetrado por el Estado nacional que incluyó campos de concentración, desaparecidos, torturas, asesinatos masivos y robo de niños, sino que insiste en despojarlas y perseguirlas, condenándolas a vivir en la miseria.

¡Libertad a lxs compañerxs por luchar! Restitución del territorio para las comunidades.